Un par de detalles que hay que tener en cuenta para valorar esta información en su justa medida:
El decreto que el gobierno español está tratado de implantar constituye un claro perjuicio de la ciudadanía y un claro beneficio del oligopolio eléctrico que -a buen seguro- tiene más que sobornada a la clase política. Además de canalla, es un auténtico engendro jurídico que podría ser inconstitucional y que contradice normas europeas de obligado cumplimiento por parte del estado español. Muy posiblemente jamás podrá ser aplicado o habrá de enmendarse en muchas de sus partes. Más pareciera un intento de ganar tiempo para que la generación de energía renovable por parte de pequeños productores y consumidores no mande ya a la ruina a las empresas mafiosas eléctricas españolas, las cuales han apostado muy fuertemente por instalaciones de energía no renovable, en espera de poder forrarse con la venta, a precios prohibitivos, de la energía generada con los últimos restos de petróleo y gas del planeta.
MUY IMPORTANTE: Este decreto solo puede afectar a instalaciones de energias renovables, pequeñas y grandes, que vierten o no energía a la red, pero SI ESTÁN CONECTADAS A LA RED. Si tu instalación está aislada de la red este decreto no te afecta en absoluto. Ni tienes que inscribir tu instalación en ningún registro, ni tienes que pagar impuesto alguno.
Este tema ha de quedar muy claro porque el decreto trata de generar miedo también entre pequeños consumidores para que la gente renuncie a invertir en cualquier tipo de instalación de energías renovables.
La desconexión de la red y el aprender a vivir con un menor consumo de energía, generada autónomamente, es hoy el paso más coherente tanto a nivel ético y medioambiental como político. El continuo avance en la eficacia de las tecnologías para generar electricidad renovable y su abaratamiento progresivo ponen esta solución al alcance de cada vez más personas. Y también está la opción de unirse en formas de vida comunitaria y/o cooperativa que permitan afrontar colectivamente una inversión
que para muchos individuos hoy sería poco plausible.
Otro rumor que se ha hecho correr con respecto a este tema – y del que muchos incautos internautas se hacen eco favoreciendo el alarmismo que las eléctricas quieren propagar- es que la policía podrá entrar en tu casa
a inspeccionar tus instalaciones de autoconsumo sin una orden judicial. Totalmente cierto, pero podrá hacer tal cosa solamente CON EL CONSENTIMIENTO DEL PROPIETARIO. O sea, exactamente igual que ahora; si tú das permiso a la policía para entrar en tu casa lo pueden hacer legalmente. Si no se lo das no lo pueden hacer salvo que obtengan una orden judicial. Cosa que no les va a ser fácil, ya que las órdenes
judiciales que suspenden el derecho a la inviolabilidad del domicilio no se pueden otorgar bajo cualquier pretexto sino para perseguir supuestos delitos sobre los cuales hay claros indicios.
Nota de Tortuga.
Soria aprovecha el vacío de poder autonómico para fulminar el autoconsumo eléctrico
Industria ha sacado a consulta pública el borrador que reformula el polémico peaje al sol con dos nuevos recargos cuando muchos gobiernos autonómicos ni siquiera están constituidos.
Entre ellos, están los de regiones con un alto potencial en fotovoltaica que en breve pueden dejar de estar gobernados por el PP como Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura
Las alegaciones deberán remitirse directamente al ministerio, en lugar de a la CNMC, en un aparente puenteo al súperregulador
El Gobierno prohibirá autoproducir electricidad a los usuarios más vulnerables
Antonio M. Vélez
A unos meses de agotar la legislatura, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha sacado a consulta pública el esperado borrador de Real Decreto que regulará el autoconsumo de electricidad y que, dicen desde el sector fotovoltaico (el que más esperanzas tenía depositadas en esta alternativa energética), lo hará inviable en la práctica a través de lo que la patronal Unef ya ha bautizado como dos nuevos “impuestos al sol” que sustituyen al malogrado «peaje de respaldo».
El texto se ha publicado con un retraso de más de tres años con respecto al plazo para regular esta actividad que establecía un real decreto aprobado en el descuento por el anterior Gobierno. Industria ha abierto el periodo de alegaciones (15 días hábiles) al borrador, publicado en pleno puente del Corpus en Madrid, cuando muchos parlamentos autonómicos ni siquiera se han constituido tras las elecciones del 24 de mayo.
Regiones como Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares o Extremadura, que tienen un elevado potencial para la energía fotovoltaica, todavía no han formado gobierno y está por ver que presenten alegaciones al texto, un extremo que dependerá de que el director general de turno a escala autonómica quiera posicionarse en esa materia. El margen de maniobra que tendrán será muy limitado, dada la complejidad del texto cocinado en Industria.
Cuatro de esas regiones (Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura) estaban hasta ahora gobernadas por el PP, aunque este partido está muy cerca de ser desalojado del poder en ellas tras perder la mayoría parlamentaria.
Criba de alegaciones
Otra particularidad del procedimiento es que Industria, en un aparente puenteo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha decidido que sea la propia Secretaría de Estado de Energía la que reciba las alegaciones al texto, acogiéndose a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que sólo ha utilizado en ocho ocasiones a lo largo de esta legislatura y siempre para normas de poco calado entre la opinión pública.
La diferencia en este caso es que se trata de un marco normativo que puede finiquitar las aspiraciones de muchos ciudadanos particulares que aspiraban a autoproducir electricidad en sus propias casas, al margen de las grandes compañías eléctricas.
Dirigir las alegaciones directamente ante el Ministerio puede permitir al departamento de José Manuel Soria cribar los comentarios y, a la par, proteger al Ministerio ante los recursos judiciales que, previsiblemente, se presentarán si el texto propuesto sale adelante en su redacción actual. «Mi intuición es que quieren cubrirse jurídicamente para que nadie diga que no hubo un trámite de audiencia adecuado», dice José Donoso, director general de la patronal Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
El Gobierno prohibirá autoproducir electricidad a los usuarios más vulnerables: o bono social o placa en el tejado
El propietario de una instalación de este tipo «no podrá tener contratado el suministro con un Comercializador de Referencia ni tendrá derecho a ninguna modalidad regulada de suministro», dice el borrador de Real Decreto de Industria.
El texto cierra así la puerta a que puedan autoproducir electricidad los clientes acogidos a la antigua tarifa de último recurso y los que tienen el bono social, que lo perderán si se acogen a él.
Antonio M. Vélez
El farragoso texto del borrador de Real Decreto por el que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pretende regular el autoconsumo de electricidad contiene varias bombas escondidas en 32 páginas trufadas de una jerga técnica extremadamente compleja.
Además de hacer «inviable» esta modalidad, según denuncian las empresas y asociaciones vinculadas al sector renovable, con un nuevo «cargo por otros servicios al sistema» que sustituye al polémico «impuesto al sol» que recogía un borrador previo de 2013, el texto pretende prohibir que una familia que disfrute de una tarifa regulada por la administración (incluyendo a las más vulnerables) pueda acogerse a esta posibilidad.
El borrador que el ministerio ha sacado a consulta pública establece que el titular de un punto de suministro o instalación acogido a la modalidad de producción con autoconsumo «no podrá tener contratado el suministro con un Comercializador de Referencia ni tendrá derecho a ninguna modalidad regulada de suministro», dice el texto.
Las comercializadoras de referencia son las que suministran a los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), sustituto de la antigua tarifa de último recurso (TUR). Esto es, la tarifa doméstica de la que disfrutan la mayoría de hogares, unos 17 millones de clientes domésticos y pymes.
El texto dice que, «en el caso de que un consumidor deje de tener un contrato en vigor con una empresa comercializadora, y no sea consumidor directo en mercado», pasará a ser suministrado por un comercializador de referencia, pero «toda la energía generada pasará a ser cedida al sistema eléctrico, sin ningún tipo de contraprestación económica» por esa energía excedentaria.
Fuentes del sector interpretan que Industria quiere cerrar la puerta del autoconsumo a los consumidores acogidos no sólo al PVPC sino también al denominado bono social, reservado para los consumidores más vulnerables.
Este bono, vigente desde 2009 y que es la única medida que se ofrece desde la administración para paliar la pobreza energética, actualmente ofrece descuentos del 25% sobre la tarifa doméstica a colectivos muy concretos: hogares con menos de 3 kilovatios de potencia contratada en su vivienda habitual, beneficiarios de las pensiones mínimas, familias numerosas y hogares con todos sus miembros en paro.
Algunos analistas del sector consideran que el autoconsumo puede ser una alternativa para aquellas personas en situación de pobreza energética que se ven obligadas a desconectarse de la red eléctrica por su incapacidad para hacer frente a su factura.
De hecho, la patronal fotovoltaica UNEF estudia desde hace tiempo poner a disposición de hogares sin recursos la instalación de paneles solares para garantizarles un mínimo de energía. «No podríamos hacerlo con esto, porque el interés con los peajes se reduciría y perderían el bono social», dice su director general, José Donoso.
El Diario
Ver borrador del decreto: http://www.minetur.gob.es/energia/es-ES/Participacion/Documents/proyecto-real-decreto-tramite-audiencia/20150601-RD-Autoconsumo.pdf