MADRID, 17 May. EUROPA PRESS
ERC, CiU y Coalición Canaria tildaron, en declaraciones a Europa Press, de sin «sentido», «abuso» e incluso ilegalidad que el Ejército del Aire haya acordado remitir al Juzgado Togado Militar los testimonios de unos suboficiales que declararon como testigos dentro del expediente disciplinario abierto contra un sargento primero y que, en su mayoría, se negaron a desvelar si pertenecían a una asociación. El PSOE, de su parte «respeta el procedimiento que se ha iniciado».
El comandante instructor del expediente disciplinario que el Ejército del Aire ha abierto contra el sargento primero F.M., presidente de la Sociedad para el Desarrollo del Control del Tránsito Aéreo (SODECTA), ha conllevado una providencia, aprobada por el jefe del Mando Aéreo General (MAGEN), general Gonzalo Ramos Jácome, en la que tras observar una «actitud reticente en todos los suboficiales» llamados a declarar como testigos, pide que se investigue si la misma es «constitutiva de ilícito penal».
En concreto, fueron llamados a declarar un brigada de la Armada destinado en Rota (Cádiz) y «la totalidad» de los controladores aéreos destinados en la base aérea de Matacán (Salamanca), esto es, 24 militares. Dieciséis de ellos no respondieron a si pertenecían o habían pertenecido a SODECTA.
Para el portavoz de ERC en la comisión de Defensa del Congreso, Joan Puig, esta forma de actuar del Ejército del Aire «parece un abuso» y una «falta de respeto a los derechos de las personas».
«SORPRENDE EN 2005».
De la misma manera, el portavoz de CiU en esta comisión, Josep Maldonado, dijo que «sorprende que en 2005 sea perseguida gente por su militancia en alguna asociación». «Creo que se tiene que tender a la libertad del asociacionismo», afirmó. «No tiene sentido esta actitud tan dura y tan drástica ni esta dureza», remarcó.
De su lado, el portavoz de Coalición Canarias, Luis Mardones, recalcó que la negativa de estos militares a declarar si pertenecen o no a esta sociedad es «perfectamente legal y constitucional».
Mardones, que tradicionalmente defiende el asociacionismo en las Fuerzas Armadas, destacó que es «innecesario e impertinente» que por «cualquier jurisdicción» se pida que se detalle a las «asociaciones profesionales» a las que se pertenece. «Más que un abuso, puede ser una situación ilegal y contraria al derecho a la intimidad que señala la Constitución Española», añadió.
El diputado socialista Jesús Cuadrado, portavoz del PSOE en la citada Comisión de Defensa, de su parte, se limitó a señalar que este asunto se enmarca en el «régimen de funcionamiento de personal dentro de las Fuerzas Armadas». «El PSOE respeta el proceso interno –dijo–. Hay un régimen de garantías y el PSOE respeta el procedimiento que se ha iniciado».
ORIGEN DEL EXPEDIENTE.
El expediente contra el sargento primero F.M. tiene su inicio en una carta que, como presidente de SODECTA, remitió en diciembre del pasado año al presidente del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial (COPAC) en la que manifestaba que los controladores de tránsito aéreo del Ejército controlan tráfico civil careciendo de titulación y licencia que acredite tener la autorización necesaria para ejercer esta función.
El coordinador técnico del COPAC decidió entonces enviarle una carta al ministro de Defensa, José Bono, poniéndole al corriente de este tema a «título personal» y por «afinidad política». Bono, de su lado, dio traslado al Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco José García de la Vega. Finalmente, el general jefe del MAGEN acordó abrir un expediente disciplinario a este militar por falta grave por «incumplir las normas de obligada reserva sobre asuntos del servicio, sin causar perjuicio grave a la seguridad militar».