Por Quique Badia
El soldado tinerfeño Agustín Fariña asegura no poder más. Cuando parecía que veía la luz después de dos años peleando, encajaba un nuevo golpe en forma de apertura de expediente disciplinario por la presunta «falta de respeto»en la que habría incurrido grabando una conversación con un superior. Un elemento que luego presentaría como prueba en un juicio.
Una demanda de este tipo no tendría precedentes en la judicatura castrense, y sus consecuencias podrían ir desde las sanciones económicas hasta la pérdida de destino, pasando por el arresto.
Fariña, a sus 42 años, acababa de salir el mes pasado de un centro psiquiátrico al que, según él, le habría empujado el «acoso» que le habrían infligido sus superiores tras sufrir una lesión.
En 2014, a Agustín Fariña se le hundió una pierna en el barro en el transcurso de las pruebas que una vez al año se exigen a los soldados, en la carrera de los 6 kilómetros. El chasquido que notó ese día devino una torcedura que le permitió tener acceso a una baja por competencia profesional.
Fue entonces, cuando le dijeron que debía ser relegado a otro tipo de tareas, que comenzó su pesadilla.
Le acusaron de robos y de consumir drogas mediante unas pruebas en las que él alegó no haber contado con las garantías adecuadas. Asegura que la presión a la que se vio sometido le llevó al estado psicofisiológico actual, que tomaría forma de pulsiones suicidas y concluiría con su internamiento.
La lucha de este soldado canario pasa porque se reconozca una relación causa efecto entre los presuntos abusos que dijo haber sufrido y su baja, hecho que permitiría que también se le reconociera como fruto de su actividad profesional. Las grabaciones a su superior probarían este supuesto.
Las jerarquías y la obediencia propia del ámbito militar dificulta la posibilidad de contar con testigos que intercedan por un miembro de la tropa, ya sea en calidad de acusado o denunciante, siendo este el estrato más vulnerable ante eventuales abusos.
En este contexto, las grabaciones no consentidas constituyen una parte esencial de su defensa. VICE News ha documentado ya otros casos en los que este tipo de prueba ha permitido que simples indicios se materializaran en acusaciones.
«Si la grabación le afecta a él y forma parte de la conversación, dudo mucho que prospere», explica un jurista especializado en derecho militar a VICE News bajo condición de anonimato. La misma fuente señala que ya existen sentencias del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que dan por bueno el uso de grabaciones como elemento probatorio.
Al ser preguntadas por el caso, fuentes del Ministerio de Defensa español remiten a la decisión del juez e indican que no hay una normativa militar específica sobre este tipo de supuestos, que estarían regidos por el código penal general.
En 2015, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la mayoritaria en la institución, tramitó 90 expedientes y más de 300 consultas sobre cuestiones relacionadas con la concesión, o no, de bajas. «La mayoría de consultas que tenemos en la asesoría jurídica son de situaciones médicas o expedientes psicofísicos», afirmaba a VICE News en febrero un miembro del colectivo, Marco Domínguez.
El año anterior a los datos recabados por la AUME, trascendió un informe elaborado por el Ejército de Tierra que sugería la necesidad de tomar medidas para «renovar y rejuvenecer» sus filas dificultando el acceso a contratos de larga duración. El documento señalaba un «exceso de permanencia» de los efectivos. En los últimos años, la institución ha prescindido de 10.000 militares.
Para más inri, en medio de todo este embrollo, Agustín Fariñas recibía una carta de la unidad de expedientes administrativos en la que se resolvía que su patología no le impedía ocupar determinadas plazas y pedía su reincorporación previo cambio de destino.
Fariñas anticipa que entregará los informes periciales forenses que recomiendan la baja inmediata y que continuará peleando para que se reconozca una relación causa efecto entre su baja y su actividad profesional.
Este soldado español habría acabado en un psiquiátrico por los abusos de sus superiores
Por Quique Badia
La voz de Agustín Fariña suena hastiada por teléfono. Este soldado del ejército español, oriundo de la isla canaria de Tenerife y de 42 años, acaba de salir de un centro psiquiátrico tras 25 días de reclusión.
Fariña estuvo a punto de suicidarse, pero, en el último momento, no fue capaz de tirarse por un acantilado tinerfeño. Allí, al volante de su coche y delante del despeñadero, entre sollozos y lágrimas desestimó su plan de punto y final.
La pesadilla de este militar, que ingresó en el ejército en el 2000, empezó en noviembre de 2014 durante las pruebas que se exigen anualmente a los soldados. En una de ellas los militares deben correr 6 kilómetros. Agustín la pasó con éxito pero una pierna se le enterró en el barro y, al día siguiente, el chasquido que había notado en su rodilla se convirtió en un dolor insoportable y una importante hinchazón. En los servicios médicos de la unidad le dieron la baja por competencia profesional. Esta primera sí que fue reconocida como una contingencia en su puesto de trabajo.
Pero lo que debía ser sólo una baja temporal se tradujo en una exigencia de reducción del ejercicio físico y de las maniobras, que relegaba a Fariña a ejecutar un abanico limitado de actividades. Fue entonces cuando empezaron los abusos psicológicos por parte de sus mandos, de acuerdo con el entrevistado, aunque él mismo se habría presentado voluntariamente para realizar servicios reducidos.
«En menos de un mes me acusaron de haber perpetrado cuatro robos en la misma unidad», cuenta el canario. La presión que tuvo que soportar en esas circunstancias le provocó una depresión y ansiedad, y su baja por cuestiones físicas devino una baja psicológica, de la que sus mandos niegan relación alguna con su profesión. A este nuevo impedimento le siguieron varios tests de abuso de drogas.
Fariña recuerda que le hicieron un test de saliva y otro de orina en un intervalo de 10 minutos. Asegura que era la primera vez que le sometían a un control de saliva en sus 15 años como miembro de las Fuerzas Armadas. De las dos pruebas sólo sellaron la de orina. Según el mismo testimonio, en la primera prueba, ya de por sí menos habitual, no había ningún facultativo ni los testigos que prescribe la normativa.
Cinco días después llegaron los resultados: el de orina dio negativo, pero el de saliva no, a pesar del poco tiempo transcurrido entre ambos. Se negaron a darle la resolución positiva.
El mando a cargo de su supervisión remitió al juzgado militar correspondiente este elemento probatorio (el test de saliva) acompañado de un informe, donde, según Fariña, se detallan cuestiones íntimas sobre su situación personal. Todo ello con el objetivo de sugerir que su depresión no tenía relación con la institución castrense.
«El coronel jefe envía un informe al juzgado en el cual se mete en mi vida privada revelando secretos personales para desprestigiarme lo máximo posible», sostiene el tinerfeño. Según el entrevistado, junto a esa información remitida a la justicia militar, su superior incluyó un compendio de bajas en las que no se especificaba motivo alguno (tres de ellas fueron en contingencia profesional) y hasta una fechada en 2002 que se refería a otro miembro de las fuerzas armadas.
«Psicológicamente he ido para atrás, he caído en depresión, estoy con tratamiento por ansiedad y para poder dormir. Lo que me acabó de rematar es que una de las cosas que yo denuncié, que son las pruebas irregulares de drogas, las archivan», lamenta Agustín Fariña.
Al archivo de esta demanda le siguió una apertura de diligencias por haber puesto en cuestión la honorabilidad del mando responsable. Fue ahí donde este soldado se planteó seriamente el suicidio.
En 2015, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la mayoritaria en la institución, tramitó 90 expedientes y más de 300 consultas sobre cuestiones relacionadas con esta problemática. «La mayoría de consultas que tenemos en la asesoría jurídica son de situaciones médicas o expedientes psicofísicos», afirmaba a VICE News en febrero un miembro del colectivo, Marco Domínguez.
El año anterior a los datos recabados por la AUME, trascendió un informe elaborado por el ejército de Tierra que sugería la necesidad de tomar medidas para «renovar y rejuvenecer» sus filas dificultando el acceso a contratos de larga duración. El documento señalaba un «exceso de permanencia» de los efectivos. En los últimos años, la institución ha prescindido de 10.000 militares.
Agustín Fariña asegura que es la lesión en su rodilla, precisamente, lo que desencadena los supuestos abusos. El hecho de que sus demandas no prosperaran en la judicatura militar obligó al tinerfeño a interponerla en un juzgado civil. Quiere llevar a juicio a un coronel por abuso de poder, daño psicológico y quebrantamiento de la ley de protección de datos.
«A mi se me llegó a decir que ni la unidad ni la institución militar podían permitirse tener a un soldado de alta trabajando», lamenta el canario.
En el ámbito militar, Fariña también denunció a un teniente coronel, dos brigadas y un cabo primero. Pero en los tribunales castrenses, explica, hay demasiados obstáculos que juegan en contra del denunciante.
«Yo presenté como prueba unas grabaciones, pero en los autos de hecho, a parte de que no aparece la transcripción completa, sólo se recogen dos o tres párrafos [de la conversación] que no tienen nada que ver con mi denuncia», explica el soldado.
La baja de este soldado ya ha superado los 16 meses. Actualmente, Fariña no ejerce ninguna actividad en la institución y su relación con el cuartel es puramente judicial. Entre el 22 de junio y el 17 de julio estuvo bajo supervisión en una clínica psiquiátrica.
«Ahí estaba tranquilo, creí que estaba muy lejos de todo, dormía por las noches, pero desde que estoy en Tenerife estoy otra vez tenso, súper nervioso, súper angustiado… Pero tendré que afrontarlo», relata Fariña.
El objetivo de las acciones institucionales, considera, es desvincular las bajas de los soldados con su actividad profesional para que el ejército no tenga que indemnizar a nadie. Esto es lo que trata de evitar en su caso por la vía de la justicia ordinaria.
Cuando se lesionó al tinerfeño le quedaban 4 años para obtener su paga [pensión ligada a la actividad militar que se percibe desde los 45 hasta los 65 años] y buscar otro trabajo. Permanecerá en esta situación hasta que se le reconozca la contingencia profesional, avisa Fariña.
Al ser preguntado por la posibilidad de volver a la institución, lo tiene claro: «No. Yo amo al ejército, pero no me veo con el uniforme. Tengo informes periciales forenses y de psiquiatras especialistas que establecen que tengo un post-traumático, que le tengo fobia».
VICE News se puso en contacto con el Juzgado Militar Territorial Numero 51 De Santa Cruz De Tenerife, pero desde la institución se declinó hacer ninguna declaración al respecto.
Fuente: https://news.vice.com/es/article/soldado-espanol-psiquiatrico-abusos-superiores