D. Pamies
El Ayuntamiento de Guardamar del Segura sigue adelante con la tramitación del proyecto de urbanización del sector ZO-2 «La Rinconada» sobre 360.000 metros cuadrados, con capacidad para mil viviendas. Está situado junto a la zona húmeda protegida del tramo final del río Segura y cuenta con 40.000 metros cuadrados inundables en un grado 2 de peligrosidad, según el Plan de Acción Territorial frente al Riesgo de Inundaciones de la Generalitat (Patricova) que establece seis niveles, siendo el número 2 el segundo de mayor peligrosidad.
Los ecologistas denuncian el impacto negativo sobre la zona húmeda de la desembocadura del Segura, al urbanizarse 300.000 metros cuadrados de su entorno de protección. Y destacan que 100.000 metros cuadrados del sector están afectados por el Patricova: 40.000 presentan grado dos de peligrosidad de inundación y otros 60.000 metros cuadrados peligrosidad geomorfológica.
En el planeamiento, el promotor de la Vega Baja que impulsa la urbanización concentra las zonas dotacionales -como los parques y aparcamientos- en esos suelos.
Erosión y deslizamiento
Las mismas fuentes señalan en las alegaciones presentadas que más de un 90% del sector tiene riesgo alto de erosión y más de un 45% riesgo de deslizamiento medio, peligros que, en opinión de AHSA, desaconsejan el proceso urbanizador.
Además, destacan que incluye el importante yacimiento arqueológico, protegido como Bien de Interés Cultural, del Cabeço Petit de l’Estany, un poblado fortificado fenicio que aún conserva un entorno natural que «se vería drásticamente alterado al urbanizarse el sector», que queda «descontextualizado dentro de un paisaje anodino de segundas residencias sobre el que -en opinión de AHSA-, debe primar el actual paisaje natural». Poblado en el que se han llevado a cabo labores de investigación arqueológica y restauración impulsadas por el Ayuntamiento con subvenciones públicas.
Plan de Acción Territorial
En esas alegaciones también se recuerda que la versión inicial del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja (PATVB), «ignorada por completo una vez más por el Ayuntamiento», a juicio de Sergio Arroyo y Miguel Ángel Pavón, que las firman en nombre de AHSA, incluyó una ficha dedicada al sector en la que se propuso “la reversión de su clasificación como suelo urbanizable y su integración en la infraestructura verde”.
Esta ficha del Plan Territorial explica que el sector se ubica “junto a la Zona Húmeda de la desembocadura y frente litoral del Segura” y “afecta a uno de los yacimientos arqueológicos de relevancia regional con los que cuenta la Comarca”.
Añade que “el sector se ubica en un espacio de una exposición visual muy elevada” y “se asienta sobre una de las piezas verdes emergentes que se pretenden revalorizar desde el PATVB”. En su análisis destaca que la zona se encuentra “en un ámbito de alta sensibilidad ambiental y arqueológica, sobre una topografía de cerros y cabezos (donde) se propone un desarrollo urbanístico expansivo, de media densidad y alto consumo de suelo. No se considera compatible el desarrollo urbanístico de este sector con el sistema de asentamientos de la Vega Baja del Segura». Y el documento concluye: «Este sector fomenta un modelo expansivo de ocupación del territorio, induce a la conurbación con el municipio de Rojales y se posiciona sobre una unidad paisajística de relevancia”.
Análisis territorial
El colectivo ecologista considera que el sector no ha sido sometido, por parte del Ayuntamiento de Guardamar, al análisis territorial y ambiental que merece desde la aprobación de su ordenación pormenorizada en 2006, hace ya más de 18 años, una ordenación que no dudan en calificar como obsoleta. Como conclusión, solicitan que no se apruebe el proyecto y que el Ayuntamiento promueva la desclasificación del sector de modo que recupere su clasificación de suelo no urbanizable y que se integre en la infraestructura verde municipal y regional.
Defensa del PSOE de todos los proyectos pendientes
El equipo de gobierno del PSOE en Guardamar fue uno de los que con mayor dureza alegó contra el PATVB durante el mandato del Consell del Botànic. Sus servicios jurídicos especializados en urbanismo realizaron una alegación que fue referencia para la patronal de la actividad de construcción de vivienda turístico residencial a la hora de presentar las suyas. También fue modelo a seguir por el resto de los 26 municipios de la comarca, que también rechazaron en bloque el plan que limitaba las zonas edificables en función del riesgo físico que presentaban ante contingencias naturales como las inundaciones.
La versión preliminar del plan -que no está archivado, pero que tampoco ha avanzado en su tramitación en más de tres años-, esbozaba un diseño territorial con limitaciones supramunicipales, más allá de la ordenación urbanística de cada municipio. Entre ellas se planteaba revertir muchos planes sin ejecutar en los suelos afectados por el Patricova, aprobado en 2003 y actualizado en 2015, y otros con destacados valores ambientales. La tramitación del PATVB tuvo el efecto contrario. Algunos ayuntamientos los aceleraron.
La alegación al Plan de Acción Territorial de la Vega Baja de Guardamar fue elaborada por un despacho de abogados urbanistas que trabaja para grandes empresas inmobiliarias de la comarca en otros municipios.
Sin nueva evaluación ambiental
El hecho de que el plan de la Rinconada y su diseño pormenorizado estén aprobados en el Plan General ha impedido que se someta de forma concreta a evaluación ambiental estratégica, porque se da por hecho que está contemplada en la realizada de forma global en el PGOU de 2006.
Tras el periodo de alegaciones, abierto por el Ayuntamiento en octubre y que acaba de cerrarse, el municipio deberá presentar el plan al pleno y la Generalitat aprobarlo definitivamente. Desde ese momento, podrá otorgar licencia de urbanización y viviendas.
Reclamación patrimonial
El alcalde José Luis Sáez (PSOE) ha defendido este proyecto urbanístico impulsado por la promotora de la Vega Baja, Euromarina, y otros pendientes porque figuran en el Plan General de Ordenación Urbana desde 2006. En este sentido ha recordado que el trámite administrativo urbanístico es un procedimiento reglado. Es decir, el Ayuntamiento, al margen de que los informes finales sean o no favorables, está obligado a tramitarlos.
Otros planes
Así, con la presentación del Plan Territorial también aceleró, a petición de los promotores, los trámites de construcción de la urbanización El Mirador para 2.000 viviendas, ubicada entre Lo Marabú de Rojales y el Campo de Guardamar, que también figuraba en ese plan con la posibilidad de reducir o anular el proyecto.
Sáez ha destacado que el Ayuntamiento se enfrentaría a los recursos judiciales y a reclamaciones patrimoniales multimillonarias si el Consistorio diera marcha atrás ahora. Reclamaciones que no iba a asumir el Consell.
Por otra parte, aunque no es un discurso que se haga públicamente en estos momentos, también figura el interés municipal en preservar un sector que es el principal generador de puestos de trabajo en la Vega Baja, de forma directa en la construcción de las viviendas, e indirecta en el sector terciario para suministrar a la nueva población residente.
Fuente: https://www.informacion.es/vega-baja/2024/11/07/guardamar-acelera-tramite-urbanizacion-1-000-viviendas-suelo-inundable-111453331.html