TRIQUIÑUELA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

15 de enero de 2013

La Junta de Tratamiento de la prisión castellanoleonesa sólo tenía que estudiar once casos de reclusos que aspiraban al régimen de semilibertad. Las de los centros penitenciarios de Madrid, en uno de los cuales por lógica debería haber sido internado el dirigente de Nuevas Generaciones tras ser trasladado desde Cuba, acumulaban 530. En este caso, su expediente hubiera tenido que esperar varias semanas para ser abordado.

VOZPOPULI (O. LOPEZ FONSECA).- Dentro de la legalidad, pero con truco. El Ministerio del Interior utilizó una triquiñuela para ‘acelerar’ la concesión del tercer grado penitenciario a Ángel Carromero, el dirigente de Nuevas Generaciones (NNGG) condenado en Cuba a cuatro años de cárcel por el accidente de tráfico que costó la vida en julio del año pasado a dos disidentes anticastristas y que fue repatriado a España el pasado 29 de diciembre. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que dirige Ángel Yuste, decidió enviar al joven político madrileño a la cárcel de Segovia, con menos de 600 internos y con pocos expedientes de reclusos pendientes para la concesión de la semilibertad, para asi evitar los grandes centros penitenciarios de Madrid, donde la ‘lista de espera’ para que las Juntas de Tratamiento analicen los casos de reos que aspiran a este beneficio penitenciario supera el medio millar.

Fuentes penitenciarias aseguran que de haber sido ingresado en una prisión de Madrid, la semilibertad del joven político se hubiera demorado «varias semanas».

En concreto, la cárcel castellanoleonesa tenía para estudiar once casos de presos que aspiraban al tercer grado penitenciario cuando aterrizó desde Cuba el dirigente de NNGG. Las prisiones de la Comunidad de Madrid, 530, según las fuentes penitenciarias consultadas por Vozpópuli. Estas mismas fuentes aclaran que la actuación de Prisiones está dentro de la legalidad, «pero no deja de ser una trampa para que Carromero consiguiera el régimen de semilibertad en un tiempo record». Estas mismas fuentes insisten que de haberse cumplido la «lógica», es decir, que un preso con domicilio en Madrid como era Carromero hubiera sido ingresado en un centro penitenciario de esta Comunidad, el régimen de semilibertad para él se hubiera retrasado «varias semanas». Este diario intentó a lo largo del día de ayer conocer la versión de Instituciones Penitenciarias sobre estos datos, pero sus portavoces oficiales no atendieron los requerimientos.

Precisamente ayer, Ángel Carromero, que abandonó el pasado viernes la cárcel de Segovia después de que Instituciones Penitenciarias confirmara el régimen de semilibertad concedido por la Junta de Tratamiento sólo doce días después de su llegada a España, acudió por primera vez al que a partir de ahora será el establecimientos penitenciario que controlará el cumplimiento de su condena, el Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent, en Madrid. En principio, el joven político deberá acudir sólo para dormir de lunes a jueves, entre las nueve de la noche y las ocho de la mañana del día siguiente. El resto del tiempo lo pasará en libertad. Por ahora, los responsables penitenciarios han descartado instalarle una pulsera de control telemático, como reclamaba su abogado, lo que le hubiera evitado incluso acudir al CIS. El dirigente de las juventudes populares ha cumplido poco más 160 días de los cuatro años de condena que le impuso un tribunal en Cuba, con lo que le quedan 1.300 días por cumplir en España, hasta el 21 de julio de 2016.

LAS «PRISAS» DEL GOBIERNO

Interior no ha sido el único ministerio que, con la concesión del régimen penitenciario en menos de dos semanas, se ha ‘apresurado’ en el caso Carromero. De hecho, desde que se produjo en julio del año pasado el accidente y el joven político fue acusado de la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, otros tres departamentos del Ejecutivo de Mariano Rajoy (Asuntos Exteriores, Justicia y Presidencia) se han volcado para conseguir su rápida vuelta a España. Así, tras ser condenado en octubre, Carromero firmó el pasado 6 de diciembre la preceptiva solicitud para cumplir la pena por homicidio imprudente en nuestro país. Poco después, el Gobierno remitía toda la documentación necesaria a las autoridades cubanas, y el pasado 12 de diciembre miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores español se reunían con representantes del departamento de Justicia de La Habana para ultimar los trámites. Dos semanas después, Carromero viajaba de vuelta a nuestro país. El Movimiento por la Paz, que gestiona el programa de atención a los cerca de 2.400 españoles encarcelados en el extranjero, aseguraba recientemente que el tiempo medio de espera para cumplimentar estos trámites está entre un año y los dieciocho meses desde que se dicta la sentencia.
Una vez en España le tocó el turno de las ‘prisas’ al Ayuntamiento de Madrid, donde trabajaba como asesor Carromero antes de protagonizar el accidente en Cuba. Cuando se supo que tener trabajo era uno de los elementos claves para que Interior pudiera justificar la concesión del tercer grado penitenciario, el consistorio se apresuró a certificar que el dirigente de NNGG iba a mantener su empleo como asesor técnico eventual en la Junta de Distrito del barrio de Moratalaz de la capital . Por ese puesto, el joven político cobraba antes de ser encarcelado más de 50.000 euros al año de sueldo. Desde las diferentes administraciones implicadas, sin embargo, se ha negado ningún tipo de «prisas» y se ha insistido en que Carromero cumplía todos los requisitos para la concesión del régimen de semilibertad. De hecho, altos cargos de Prisiones insisten que el joven político ya ha pasado cerca de seis meses en prisión y que ese es el tiempo medio que pasan encarceladas en España las personas que cometen un delito similar por el que ha sido condenado Carromero.

http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=4821


Carromero recupera la libertad solo trece días después de llegar a España

12 de enero de 2013

El dirigente de los jóvenes madrileños del PP cumplirá fuera de la cárcel los tres años y medio que le quedan de la condena de 4 que le impuso Cuba.

NOTICIAS DE NAVARRA – EFE.- Trece días después de su repatriación, el dirigente de los jóvenes madrileños del PP Ángel Carromero recupera la libertad y cumplirá fuera de la cárcel los tres años y medio que le quedan de la condena de cuatro que le impuso Cuba por el accidente de coche en el que murieron dos opositores cubanos.

Con la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, como principal valedora, Carromero volverá a su actividad política y a su trabajo como cargo de confianza en una Junta de Distrito del Ayuntamiento de la capital por el que, según sus adversarios del PSOE, cobra 53.000 euros anuales.

Atrás quedan los cinco meses de reclusión en «100 y Aldabó», un centro del Ministerio de Interior cubano ubicado en las afueras de La Habana, por una pesadilla que comenzó el 22 de julio de 2012.
Ese día Carromero, que cuenta con numerosos antecedentes de infracciones de tráfico en España, circulaba con exceso de velocidad por un tramo de carretera en obras en Cuba, hasta que perdió el control del vehículo que conducía, frenó, derrapó y chocó contra un árbol.

Murieron en el siniestro los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, mientras que él y su homólogo sueco Jens Aron Moding resultaron ilesos.

Tras ser condenado por la justicia cubana a cuatro años de prisión por homicidio imprudente, el Gobierno español alcanzó un acuerdo con Cuba el pasado 13 de diciembre para que Ángel Carromero pudiera terminar de cumplir la pena en España y un día después autorizó su repatriación.

La negociación, que se desarrolló con cautela por ambos países, se produjo conforme al convenio de 1998 entre la República de Cuba y el Reino de España sobre ejecución de sentencias penales, tras firmar Carromero la solicitud para cumplir su condena en España el 6 de diciembre.

El acuerdo incluía el traslado de otro español, Miguel Vives Cutillas, de 48 años, condenado en Cuba en 2008 a 18 años de cárcel por delitos de narcotráfico, por lo que ambos aterrizaron en el aeropuerto madrileño de Barajas el pasado 29 de diciembre en un avión de línea regular de Air Europa, procedente de la Habana, custodiados por cuatro agentes españoles de la Interpol.

Desde Barajas, Carromero fue trasladado a la cárcel de Segovia, donde ingresó unas dos horas después en un módulo de presos preventivos no considerados peligrosos.

Ese mismo día, su abogado, José María Viñals, dijo a Efe que esperaba la clasificación de tercer grado y no descartó incluso que a su cliente se le pudiera conceder el indulto.

Al conocer la noticia del retorno a España de Carromero, la viuda de Oswaldo Payá, Ofelia Acevedo, expresó la alegría de su familia, ya que desde el principio le han considerado inocente y siempre han cuestionado la versión oficial del accidente de tráfico, al igual que Esperanza Aguirre, que el pasado miércoles volvía a exigir que se celebre un juicio internacional y «neutral».

Ángel Francisco Carromero Barrios, de 27 años, es vicesecretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP madrileño desde 2008, consejero técnico municipal desde junio de 2011 y copropietario del gimnasio «Vanitas» de la capital..


¿Carromero, tercer grado exprés?

8 de enero de 2013

INFORMACION (ANTONIA CHINCHILLA).- Voy a cometer una imprudencia, algo que un abogado -ni en su ejercicio ni fuera de él- jamás debe hacer: pronunciarse en un tema sobre el cual no tenga toda la información posible, sobre un asunto del que conozca sentencias, argumentos de las partes, dictámenes técnicos y cualquier otro aspecto que contribuya a un saber exhaustivo y profundo del asunto.

No obstante -por la tormenta mediática, con razón- que se ha montado sobre este episodio, es preciso hacer algunas reflexiones porque ya es mucho lo que sabemos a través de todos los medios.
Vamos a aclararnos en lo que sabemos y podemos dar como probado: un señor, llamado Carromero, que es un líder juvenil del PP, que es asesor de algo en un distrito madrileño, que es amigo de altos cargos populares (solo hay que ver cómo ha corrido la señora Aguirre para ir a verlo a la cárcel de Segovia), se va a Cuba. Nada que objetar aunque -de lo publicado en los medios- no queda claro si fue en viaje de placer, en viaje de partido, para formarse, para hacer propaganda o proselitismo o para colaborar de alguna forma con movimientos políticos cubanos. Hasta aquí todo perfecto porque entra en el campo de las actividades lúdicas, recreativas, formativas o políticas a las que todo ciudadano tiene derecho. En los foros y en los comentarios que ahora se hacen a toda noticia, la gente se pregunta ¿quién pagó ese viaje? No he visto contestaciones pero tampoco las preguntas anónimas me preocupan mucho.

Está el señor Carromero en tierras cubanas y tiene lugar el problemón. Conduce un coche con dos personas detrás que, para enredar aún más el asunto, son destacados miembros de la disidencia anticastrista. Tiene un accidente importante y los dos cubanos resultan muertos. Esto está claro, pero ya no está tan claro si el accidente ha tenido lugar por el mal estado de la carretera, si el señor Carromero conducía imprudentemente, si conducía sin carnet por haber perdido todos los puntos en España. Y ahí se desatan todas las tormentas. Hay un proceso en Cuba pero doña Esperanza mezcla churras con merinas, lía la velocidad con el tocino y en lo que es un procedimiento común donde los haya, de un accidente de circulación con el resultado de dos personas muertas -algo que puede ser delito en Cuba, en España, en Japón y en Ruanda- doña Esperanza enreda a la dictadura comunista y, si nos descuidamos, hasta al complot judeomasónico y al contubernio de Munich.

Hay un accidente de tráfico con dos muertos, hay un juicio y hay una condena -reitero mi atrevimiento rayano en la imprudencia por no tener leído y releído el testimonio de sentencia en el que constarán los hechos que se demuestran probados-.

Hay un español -miembro del PP, asesor del ayuntamiento de Madrid lo que parece que ha acelerado de manera inusual su traslado a España- que tiene una responsabilidad penal pendiente de cumplimiento como otros miles de españoles que están en cárceles extranjeras y para los que no se actúa con igual rapidez, que padecen el olvido estatal y penan a diario en medios precarios, insalubres y miserables. ¿Tenemos varias varas de medir en este terreno?
Aterriza el señor Carromero en Madrid y es trasladado a Segovia. Se desplaza rauda doña Esperanza a visitarlo en la cárcel y, a su salida -la de Esperanza, no aún la de Carromero- tras abominar de los tratos dictatoriales comunistas -quiero leer esa sentencia, por favor- casi da por hecha su inmediata clasificación en tercer grado. No es un delincuente y tiene trabajo porque no ha perdido su puesto de asesor en el ayuntamiento madrileño, proclama doña Esperanza con luz y taquígrafos.

Mi trabajo como letrada -algún caso he visto en primera persona de derecho penitenciario- hace que me asombre mucho más con esto que con todo lo anterior. Ya no entro en la velocidad para ejecutar los convenios internacionales para cumplimiento en el propio país por un delito y una sentencia producidos en el extranjero, pero sí entro en la celeridad de la clasificación. La enorme carga de trabajo de los equipos penitenciarios hacen que sea muy difícil una clasificación antes de dos o tres meses -lógico porque hay que estudiar al condenado-. También es raro que, a un señor que no tiene la cuarta parte cumplida -tengo entendido que son cuatro años de condena y el delito tuvo lugar este verano, pido disculpas de antemano si mi imprudencia me hace precipitarme- se le proponga un tercer grado de entrada, recién llegado a la cárcel por muy cubana que sea su sentencia.

Me asombra esta rapidez aunque aún nada de esto ha tenido lugar, solo noticias periodísticas, y cuando escribo esto oigo en un telediario que ese grado tendrá que esperar porque con las fiestas no ha llegado la liquidación de la audiencia nacional.

Me asombra y me hace sospechar. ¿Tenemos una justicia de dos velocidades? ¿Mete la directa cuando hay enchufe popular y se atasca cuando se trata de un delincuente de la tafalera de Elda, los palmerales de Elche o el barrio del Carmen alicantino? Una justicia con distintas varas de medir y distintas velocidades es radicalmente injusta. ¿Será verdad el refrán de que quien no tiene padrino no se bautiza?