Los pasados días 30 y 31 de marzo y el 1 de abril se celebró en Barcelona un Congreso Penitenciario Internacional que, según sus organizadores, abordó el estudio de “La función social de la política penitenciaria”. A nivel científico no hubo sorpresas y el Congreso se desenvolvió en los términos en los que suelen desarrollarse los eventos institucionales que abordan el mundo penitenciario. Y, salvo honrosas excepciones, una y otra vez nos perdimos en las generalidades y en esa palabrería – pertinaz en ambientes académicos y de la que ninguno estamos libres – y volvimos a hablar y a oír hablar, por enésima vez, de la finalidad de reinserción de la pena, de la necesidad de intensificar los programas de tratamiento, de la conciencia del fracaso de la prisión a la hora de evitar la reincidencia o de lo insostenible de los actuales niveles de población reclusa.
Una avalancha de manidas buenas palabras y presuntos buenos propósitos que, a quienes conocemos bien lo que sigue ocurriendo tras los muros de una prisión, nos resultan ajenos e irreales y nos provocan la sensación de que allí se está hablando de otras cárceles que no son las nuestras.
Las trágicas realidades y carencias que denunciamos siempre ocurrieron en otra cárcel o en otra época porque la asunción de errores y responsabilidad por parte de la administración penitenciaria es inimaginable.
Y así, el Congreso no nos hubiera dado más que hablar si no fuera por una novedad tan sorprendente como aterradora: a través de una pantalla situada tras los oradores, los congresistas fuimos continuamente informados de que el tal Congreso se había realizado con la colaboración de tres empresas “WASHINGTON INTERNACIONAL, S.A”, “LIMASA, S.A” y “CUINA SERHS, S.L.” a las que, por supuesto, debíamos estar muy agradecidos. Nos hubiera llevado un buen rato discernir cual era el objeto social y la relación de las indicadas empresas con el congreso si no fuera porque, junto con la documentación que se nos entregó al inicio del evento, se nos facilitó un enorme folleto en el que se nos ilustraba -a través de diversas instantáneas a todo color- del proceso de construcción de un modelo de centro penitenciario que “WASHINGTON INTERNACIONAL, S.A.” era capaz de edificar a velocidad meteórica.
Y, a partir de ese momento, no sólo asistimos -más o menos tristes, más o menos atónitos- a la negación de lo que habitualmente ocurre en nuestras cárceles sino que nos indignamos ante lo que nos resultó una evidente muestra de cinismo. Porque es obvio que, al igual que la industria armamentística no desea que los conflictos bélicos desaparezcan de la faz de la tierra, la industria carcelaria -de la que las citadas empresas colaboradoras son meros exponentes- tampoco tiene interés en que la pena privativa de libertad pierda su papel protagonista en nuestra política criminal.
Muy al contrario, “Washington Internacional, S.A.” tiene, seguramente, sumo interés en que la población penitenciaria siga creciendo para incrementar sus beneficios a través de la construcción de más y más centros penitenciarios. Y nada puede reprochársele porque es una empresa y, como tal, actúa bajo la lógica empresarial. Pero si consideramos denunciable que un Congreso Penitenciario Internacional que, en su flamante Declaración Final, afirma creer en el fomento de las medidas penales alternativas y del cumplimiento de las penas en el medio comunitario, tenga la desfachatez de financiarse con las aportaciones de quienes tienen intereses diametralmente opuestos a los declarados en el Congreso porque ven en la cárcel y su expansión un magnífica oportunidad de negocio.
Siguiendo con el símil antimilitarista: ¿acaso nos resultaría asumible que una conferencia de paz fuera financiada por una fábrica de armas?
Aunque, quizás, bien mirado, nos han hecho un favor: quizás -ojalá no sea así- el Congreso nos ha desvelado, de un modo más implícito y más sutil, cual es el verdadero futuro de la política penitenciaria.