Pese a los indudables avances sociales, políticos y en el terreno de las libertades civiles durante el mandato de Chávez, persisten las denuncias por torturas y por la impunidad de los abusos policiales.
Fernán Chalmeta (Redacción, Caracas)
“Llegaron y dispararon sin mediar palabra”, afirmaba la familia de J.P. Quiroz. Según su denuncia, J.P. habría sido ajusticiado por la policía, el 15 de diciembre, en su propia casa en un barrio de Caracas. Siempre según esta versión, la policía habría alegado que el joven estaba en busca y captura. “Le ajusticiaron y le pusieron el arma”, denunciaba la madre del joven S.H.F., muerto el 9 de noviembre en un supuesto enfrentamiento con la policía también en Caracas. Según la autopsia, recibió tres tiros a quemarropa en la nuca. Dos casos que son tan sólo un botón demuestra de las numerosas denuncias de abuso policial que periódicamente se producen en el país.
“Venezuela hizo una impecable presentación de lo que son los avances y la promoción de los Derechos Humanos (DD HH) en materia de educación, erradicación de la pobreza, salud, ambiente y justicia. Hay un reconocimiento y un apoyo por parte de los Estados presentes, que destacan el avance en materia de DD HH”, aseguraba la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el 22 de octubre, valorando los resultados del Examen Periódico Universal (EPU) que acababa de afrontar, días antes, el gobierno venezolano. El EPU es una evaluación cuatrianual a la que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU somete a sus Estados miembro. El formato de estas comparecencias permite que las organizaciones de DD HH planteen sus críticas a los gobiernos.
Cambio de modelo policial
En esta ocasión también intervinieron ONG venezolanas como La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, especialmente centrada en la defensa de los derechos de los sectores populares, y que lleva 27 años denunciando abusos policiales. En su informe reconoció los esfuerzos en materia de derechos humanos y los avances en materia de reforma policial y prevención de los delitos policiales realizados por el Gobierno venezolano. Sin embargo, también denunció los altos niveles de impunidad e inseguridad ciudadana. Y resaltó que la tortura es “una práctica generalizada a lo interno” de los cuerpos policiales y militares.
Esta es otra de las profundas paradojas que atraviesan tanto al proceso chavista como al resto de los procesos de cambio político y de redistribución de la renta en América Latina. Si por un lado el parlamento venezolano no ha aprobado todavía una ley contra la tortura, pese a que se trata de un mandato constitucional pendiente desde 1999, por otro, son indiscutibles los esfuerzos del Gobierno por someter a los cuerpos policiales a la ley.
Así, el gobierno puede presentar como logro indudable la reciente puesta en marcha de la Policía Nacional Bolivariana, cuyas banderas son el respeto a los derechos humanos y el servicio al pueblo. También destacan la disolución de la tristemente célebre Policía Metropolitana de Caracas, la creación de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) y la elaboración de leyes para definir la función policial.
“Pero eso no va a ser suficiente: es necesario que las comunidades se organicen (…) para denunciar los abusos y atropellos cometidos por funcionarios policiales” dice la web del Consejo General de Policía de Venezuela. Consejo cuya secretaria ejecutiva, Soraya El Achkar, una histórica activista por los DD HH, que es también la rectora de la UNES, declaró recientemente: “Llevo 25 años denunciando policías y acá estoy”.
Datos de la impunidad
Venezuela tiene 126 cuerpos policiales uniformados, de los cuales 23 son estatales (regionales) y 99 municipales. Además existe la Policía Nacional Bolivariana, el cuerpo policial dedicado a las labores de investigación (el CICPC); el dedicado la vigilancia del tránsito terrestre y la Guardia Nacional, un cuerpo del ejército con funciones policiales.
15 al mes es el promedio de muertes a manos de la policía entre 1990 y 2005, según la Red de Apoyo a la Justicia y a la Paz venezolana.
31.285 denuncias por violación de derechos fundamentales fueron presentadas entre 2000 y 2006 según datos del Ministerio Público.
Fueron imputados 206 funcionarios y 65 condenados lo que significa que el 98% de los casos no han sido resueltos ni sus responsables sancionados.
http://www.diagonalperiodico.net/La-asignatura-pendiente-de-la.html