El Congreso de EEUU aprueba un sistema de tribunales militares para enjuiciar a acusados de terrorismo
Luz verde a la ley para interrogar y procesar a los sopechosos de terrorismo.
CADENASER.COM / EFE
La Cámara de Representantes de EE UU aprobó ayer la ley, apoyada por la administración Bush, para interrogar y procesar a los sopechosos de terrorismo. La norma, aprobada con 253 votos a favor y 168 votos en contra, da al Gobierno de EE UU la autoridad para detener, interrogar y enjuiciar a los sospechosos de terrorismo y llevarlos ante tribunales
militares. La medida ha sido muy criticada tanto por los demócratas como por los grupos de derechos civiles.
Mientras, en el Senado, continúa un debate sobre una medida casi
idéntica, con lo que la votación definitiva -incluyendo varias
enmiendas- podría ocurrir entre esta noche y la madrugada del jueves.
Una vez aprobado en ambas cámaras, la ley será inmediatamente enviada al
presidente George W. Bush para su promulgación, antes del receso
preelectoral del Congreso.
Bush, por su parte, urgió hoy al Senado a aprobar la medida y anunció
que a lo largo del día visitará a los senadores republicanos para hablar
de este tema. Bush también felicitó a la Cámara de Representantes por
haber aprobado la ley.
A favor y en contra
La norma, sin embargo, no contenta a todos las partes, y los grupos
defensores de los derechos humanos encabezan la oposición a la medida.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, dijo en un
comunicado que la ley «establece formalmente los tribunales que juzgarán
a los terroristas y provee una herramienta clave en la lucha contra el
terrorismo». Según Frist, esta medida también es un alivio para los
familiares de las casi 3.000 personas que perecieron en los atentados
del 11 de septiembre de 2001.
Sin embargo, la oposición demócrata, que intenta recuperar el control de
al menos una de las cámaras del Congreso, insiste en que la medida va
muy lejos y será rechazada por los tribunales. Los demócratas consideran
que el proyecto permitirá juicios injustos y abusos durante los
interrogatorios de los extranjeros ahora detenidos en la base naval de
EE UU en Guantánamo (Cuba).
«Combatientes enemigos»
La medida amplía la definición de los «combatientes enemigos» a
cualquier persona que ofrezca apoyo financiero y material a grupos
terroristas. El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) señaló
que, siguiendo la lógica de los legisladores, hasta los abogados que
representan a presuntos terroristas podrían ser encasillados como
«combatientes enemigos».
«Esta alarmante definición significaría que casi todos los que se
opongan al presidente o al Gobierno (de EE UU) podrían ser encarcelados
indefinidamente. Este proyecto de ley es una burla al imperio de la
ley», dijo Bill Goodman, director para asuntos legales del CCR.
Los grupos humanitarios coinciden en que al hacer caso omiso a los
principios fundamentales de la diplomacia internacional, EE UU sólo
conseguirá distanciarse de sus aliados y mermar la cooperación de la
comunidad internacional. La Unión Estadounidense para las Libertades
Civiles (ACLU) dijo que la medida es «un drástico revés para los
derechos humanos» porque, entre otras cosas, da al Ejecutivo «licencia
para minar la protección de los derechos humanos bajo la Convención de
Ginebra».
El mayor desacuerdo
El mayor desacuerdo entre demócratas y republicanos giró en torno a la
eliminación de una cláusula que ofrecía a los prisioneros el derecho a
impugnar su detención en los tribunales estadounidenses. Los demócratas,
en su mayoría, piensan que con esa eliminación el Gobierno de EE UU
estaría poniendo en riesgo a las tropas que ha desplazado en el mundo.
Bush no tuvo más remedio que recurrir al Legislativo después de que en
junio pasado el Tribunal Supremo fallara en contra de los tribunales
militares establecidos por el Pentágono. El Tribunal Supremo consideró
que esos tribunales violaban tanto las leyes estadounidenses como el
derecho internacional, y dejó en manos del Congreso la tarea de idear
una ley sobre el trato y enjuiciamiento de presuntos terroristas.
Tomado de Indymedia Barcelona:
Durante semanas la Casa Blanca promovió un proyecto para legalizar algunas técnicas de tortura (las llama «métodos de interrogación»), con el propósito de proteger a militares y agentes de la CIA ante potenciales acusaciones de violación de las leyes de crímenes de guerra y las propias Convenciones de Ginebra. Después de sufrir un serio revés en este intento cuando tres senadores republicanos se rebelaron y rechazaron la medida la semana pasada, la Casa Blanca realizó una negociación para lograr un acuerdo y hoy los legisladores indicaron que esperan un voto esta misma semana.
Si prospera este proyecto, la cúpula política de este país habrá aceptado la tortura como algo legítimo y legal. Además, bajo esta misma ley, se permitirá que pruebas adquiridas bajo coerción sean usadas para fiscalizar a «combatientes enemigos», y permite que el Ejecutivo designe, a su discreción, quién es un «combatiente extranjero ilegal» (incluyendo ciudadanos estadunidenses) o quién los apoya, y con ello sujetarlos a detención indefinida sin recurso a un tribunal.
Este proyecto también anularía, en el caso de los «combatientes ilegales», un fundamento del sistema legal de EEUU, de hecho, un concepto legal más antiguo que la Carta Magna del año 1215 y consagrado en la Constitución estadounidense: el derecho del acusado a ver todas las pruebas en su contra ante un tribunal. En junio de 2004, la Suprema Corte falló que este derecho contra la opinión de la Casa Blanca es extensivo a los detenidos en Guantánamo. Ahora, si se aprueba esta ley, los detenidos por la CIA o las fuerzas armadas bajo esta clasificación no podrán cuestionar ante un tribunal las razones por su detención, ni denunciar las condiciones de su tratamiento hasta después de ser procesados por tribunales de excepción.
Defensores de derechos humanos y expertos constitucionales denuncian estas medidas. Los cinco enviados independientes de la Organización de Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta hace cinco días declarando que las medidas en este proyecto, como la existencia del centro de detenciones en Guantánamo, violan las Convenciones de Ginebra.
Human Rights Watch (HRW) alertó que bajo estas medidas no habrá recurso legal para los detenidos que deseen denunciar la tortura y queda prohibida cualquier demanda legal por los detenidos invocando las Convenciones de Ginebra contra el gobierno estadounidense. La organización señaló que «por primera vez en la historia estadunidense… el Congreso permitirá que algunas declaraciones logradas a través de la interrogación cruel, inhumana y degradante sean permitidas» en los procesos judiciales.
Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales (CCR) dijo que esta versión del proyecto «permite que Bush emita su propia interpretación de las Convenciones de Ginebra por orden Ejecutiva e inmuniza al personal de la CIA y militar contra procesos legales por violaciones anteriores de estas convenciones». Señaló que no sólo anula el derecho constitucional fundamental de habeas corpus para cuestionar la legalidad de una detención, sino que «el simple hecho de que el presidente designe a alguien como ‘combatiente enemigo’, permitirá que el presidente lo encierre; su inocencia sería irrelevante».
Burla al imperio de la ley
De hecho, el director legal de CCR, Bill Goodman, advirtió que «la amplia definición de combatientes enemigos (en el proyecto) puede implicar que casi cualquiera que se opone activamente al presidente o al gobierno, puede ser encarcelado de manera indefinida; es una burla al imperio de ley». Hasta los propios abogados de esta organización algunos de los cuales asisten a detenidos en Guantánamo podrían ser detenidos bajo esta propuesta, comentó.
Ratner señaló que «la abolición del habeas corpus es el equivalente de una autorización de detención ejecutiva; una de las características de un Estado policiaco». Agregó que este acuerdo «otorga amnistía a aquellos en el gobierno que podrían ser culpables de crímenes de guerra, igual que intentaron hacer Argentina y Chile durante sus ‘guerras sucias’. Eso es ilegal bajo el derecho internacional».
Se han realizado más de 24.000 interrogatorios a unos 800 detenidos sólo en Guantánamo en los últimos cuatro años (sin contar los que están en cárceles clandestinas de la CIA en varios puntos del planeta). Según reportó el “Nacional Journal” en febrero de este año, ahí se han aplicado toda una gama de técnicas para los que no cooperan, entre ellas estar encadenado con una luz intermitente obligado a escuchar a Britney Spears o Metallica a todo volumen, interrogatorios de 16 horas seguidas, o despertado constantemente para ser trasladado a otra celda, interrogado en condiciones heladas, acariciado por una mujer que repetía una y otra vez que no hay esperanza; todas, técnicas «aceptables».
Pero también se han empleado tácticas «inaceptables» como en el caso del «detenido 063», este hombre fue sujeto al aislamiento prolongado durante 160 días en una celda constantemente bañada de luz, interrogado 18 a 20 horas diarias durante un periodo de 54 días, amenazado con perros, se le puso ropa interior de mujer, fue tratado como perro, desnudado frente a mujeres, se le decía que su madre y hermana eran prostitutas y que él era gay. Todo esto ocurrió antes de Abu Ghraib. Y mucho de esto, si prospera esta ley, será legal.
¿Por que tanta prisa?
Cuando en junio la Suprema Corte falló que las Convenciones de Ginebra sí protegen a todo detenido en la llamada «guerra contra el terrorismo», el Gobierno de Bush intensificó sus esfuerzos para «legalizar» toda una gama de prácticas que, había insistido, eran «herramientas vitales» en el combate contra el «terrorismo», incluyendo los centros de detención clandestinos (declarados inconstitucionales en el mismo fallo por la Suprema Corte); las «técnicas» de interrogación de detenidos; las intervenciones en comunicaciones electrónicas y más, todos programas secretos que fueron revelados por filtraciones a los medios. Esta semana podría triunfar su esfuerzo.
¿Por qué tanta prisa? El columnista Bob Herbert del “New York Times” sugiere: «Una de las grandes preocupaciones de este Gobierno es la posibilidad de que surjan pruebas que podrían llevar a acusaciones de crímenes de guerra contra altos funcionarios». Añadió: «El Gobierno de Bush está espantado de que eventualmente tendrá que pagar un alto precio por los abusos de derechos humanos que ha ordenado o condonado en su llamada guerra contra el terror».
El profesor Christopher Pyle, experto en la presidencia y la Constitución de la universidad Mount Holyoke, señaló que «la propuesta es un proyecto de amnistía para torturadores».
«Lo que hemos visto durante los últimos años ha sido una versión de pesadilla de Estados Unidos. ¿Tortura? ¿Prisiones secretas? ¿Juicios de pena de muerte en donde las pruebas no son presentadas al acusado? Eso es algo de Kafka, no de Madison y Jefferson», escribió Bob Herbert en el Times. –
> La Cámara de Representantes de EEUU aprueba la ley promovida por Bush que permite la tortura a detenidos y blinda a la CIA
De momento no podemos hacer otra cosa que esperar a que la gente se de cuenta y solo se dará cuenta cuando empiecen a sentir en carne propia la falta de libertades. Cuando llegue el moemento sabrán que hacer.
La vida es muy larga. Solo hay que sentarse y esperar porque a cada cerdo , según reza el refrán, le llega su San Fermín.
Salut.
> La Cámara de Representantes de EEUU aprueba la ley promovida por Bush que permite la tortura a detenidos y blinda a la CIA
Pues no sé, yo creo que sí que se pueden hacer más cosas además de esperar a que el asunto reviente por sí mismo. Ayudarlo a que reviente antes, y sobre todo a que reviente mejor… informar, crear espacios de libertad, colaborar con núcleos de resistencia…
Si los que tenemos la suerte de haber podido dedicarle algo de tiempo y energía a la lectura y a la reflexión nos sentamos a esperar la victoria, otros se ocuparán de que el asunto reviente tarde y/o reviente mal (sustituyendo una opresión por otra, como tantas veces hemos visto… o arrastrando a un pueblo oprimido a una supuesta guerra «liberadora» que sirva a los intereses de una élite).
Los movimientos populares, las asambleas ciudadanas, la libertad individual… no ocurren solos, como consecuencia de las circunstancias. Ocurren cuando/si cuando el pueblo, los ciudadanos, los individuos se mueven, debaten sin líderes, viven su libertad. (Y no ocurren sin oposición).