La expresión máxima de la dictadura liberal, el Estado de Bienestar

La maximización del poder de la administración civil del Estado en particular y de todo el aparato estatal en general se logra con el Estado de Bienestar, como culminación del llamado “Estado social” (o, mas rigurosamente, “socialismo de Estado”), considerado por la izquierda institucional, e incluso por la que todavía practica un revolucionarismo de pega, como un inmenso logro. Estado de Bienestar significa que el aparato estatal hace suya la tarea de realizar la felicidad del pueblo, entendida como consumo de bienes y servicios caros, pésimamente gestionados, de efectos devastadores sobre el medio natural y de escasa calidad, según una concepción del ser humano que le reduce a su parte zoológica, a animal laborans.

Lo que resulta es el domino de la vida del individuo por las instituciones, desde la cuna hasta la tumba, reducido a un eterno menor de edad obligado a delegar en los altos funcionarios del Estado la organización de
sus condiciones básicas de existencia, sobre las que pierde casi cualquier
poder de decisión, quedando rebajado a simple súbdito de las instituciones.

Se dice que de ese modo el Estado “reduce la desigualdad” entre los
ciudadanos y realiza la “igualdad de oportunidades”, pero no es eso lo que
muestran los hechos y, dado que “por engaño también pierden la libertad
los hombres” (E. de la Boetie), examinemos el asunto con detenimiento.

El Estado de Bienestar, en nuestro caso, es una creación del régimen de
Franco, que culmina el establecimiento de su estructura primaria, operación
comenzada mucho antes, con la ley de Bases de la Seguridad Social
de 28-12-1963, ampliada por otros textos legales de 1966, 1972, 1974 y
ya dentro del régimen parlamentario, el real decreto-ley de 1978, que lo constituye casi por entero (239). Si tomamos esa última fecha como referencia
observaremos que de ahí en adelante el capitalismo se ha desarrollado
de manera más y más impetuosa, apropiándose de una parte creciente del
producto social y, con ello, ampliando las desigualdades entre las personas
y entre los territorios. Así es. Si en 1978 la participación de las rentas del
capital en la Renta Nacional era del 42,4%, en 1997 se había elevado al
51,8%, lo que se explica por diversos factores, entre los que está el modo
de proceder del Estado de Bienestar, aunque también contribuyó el que
durante la mayoría de esos años, 1982-1996, hubiese gobiernos de izquierda,
que son quienes más y mejor fomentan la acumulación privada y
estatal del capital. Lo que ocasiona es una “redistribución” de las riquezas,
sí, pero en beneficio de la clase empresarial.

El Estado, en su variante más totalizante, o de Bienestar, al extraer y
retener para si por medio de pesados tributos una enorme cantidad de recursos financieros de las masas populares, está en condiciones no solo
de fortalecerse sino también de dirigir hacia la gran empresa privada, por
diversos mecanismos, que suelen escapar a la atención de la opinión pública,
una notable porción de aquellos, lo que amplia la desigualdad social
y origina un tipo aun más poderoso de capitalismo.

239. La información primaria puede verse en “La Seguridad Social en España” de M. R. Caracuel.

Hay varias cuestiones que enfatizar; una es lo impropio de expresiones como «enseñanza
gratuita», para referirse a la estatal, pues no hay tal dado que las clases modestas, debido al peso
que la imposición indirecta tiene hoy, sin olvidar la directa, tributan pesadamente, de ahí que poco
o nada de lo que reciben del Estado es gratuito, siendo el balance contable probablemente desfavorable
al 90% de los asalariados.

En segundo lugar, el colosal aparato funcionarial constituido
para la gestión del Estado de Bienestar se apropia de una parte notoria de lo tributado, lo que es
un despilfarro que se evitaría si fueran los mismos asalariados quienes administrasen sus recursos,
actuación que es la única solución democrática. Mas grave aun es que la pertenencia a la Seguridad
Social sea obligatoria (art. 41 de la Constitución española de 1978), violándose con ello el principio
de voluntariedad que debe regir todo el actuar societario. Ello es un atentado contra la libertad
individual. Es remarcable que aunque el art. 19 de la ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, sobre
«Derecho de asociación» establezca que «la integración en una asociación constituida es libre y
voluntaria», la afiliación a la Seguridad Social sea obligatoria. En este asunto es apropiado recordar
lo que en Desobediencia civil expone H. D. Thoreau: «si me niego a pagar los impuestos no es
por ningún concepto en particular; simplemente deseo negarle mi lealtad al Estado, retirarme de
él y mantenerme distante de manera efectiva».

Excelente, pero ¿que es, hoy y aquí, de la libertad
para no entregar nada al Estado y no recibir nada de el? Quienes verbosean a lo grande sobre que
la actual es «una sociedad democrática avanzada» deberían responder a esa interrogación. Similarmente,
a esta otra, realizada con calculada ingenuidad: si el mercado y la competencia son los
mecanismos óptimos para la mejora continua de la sociedad y de los individuos, ¿por que no se
permite que sobre un mismo territorio existan varios Estados compitiendo entre si por captar los
tributos de las gentes, a cambio de ofrecer los sedicentes servicios de protección, administración de
la justicia y otros, más baratos y eficientes posibles? Sobre la materia inicialmente examinada, véase
también “Teoría política del Estado de Bienestar” de N. Luhmann.

Texto tomado del libro de Félix Rodrigo Mora “La Democracia y el Triunfo del Estado: Esbozo de una revolución democrática, axiológica y civilizadora” (Ed. Manuscritos)

Ver en Tortuga: No nos parece bien la defensa del “estado de bienestar”