La insolidaridad militar es generalizada, ahora dejan gente en la calle

Refiere de forma aséptica El País que en la mañana del 20 de marzo, efectivos de la policía y por orden de un juez, han procedido a echar a la calle a treinta personas que ocupaban un antiguo cuartel de la Guardia Civil.

No nos dice la información que estas personas son niños, ancianos, adultos, ni que los niños estaban escolarizados y ahora en efectivo riesgo de exclusión social (para el cual la administración seguro que tiene la brillante solución de poner su maquinaria burocrática a funcionar para quitarles la curstodia a sus padres en cuanto los niños -ahora sin casa- dejen de ir a la escuela).

No nos dice tampoco la noticia que el cuartel de la guardia civil que ocupaban en realidad es un antiguo caserón abandonado hace tiempo y donde la Guardia Civil no vivía ni nadie tiene pensado hacerlo.
Sólo nos dice que, cumpliendo con la orden del juez (al cual necesariamente alguien ha tenido que pedírselo) la policía ha echado a estas familias y que el juez ha rechazado el aplazamiento pedido por las familias hasta que acabe el curso escolar.

Sería una paradoja que este juez que impide el derecho de vivienda a estas familias y que lanza a la calle a estos niños, pudiera en un futuro ser el que autorice un expediente de acogida o similar de éstos por no estar escolarizados. Y ya puestos a rizar el rizo, que los guardias civiles que instaron la demanda de lanzamiento fueran los encargados de ejecutar la orden del juez.

Pero estas cosas no pasan entre nosotros y así, la propiedad privada de la guardia civil es tan sagrada que permite que. aunque no tengan una imperiosa necesidad de esa casa cuartel para nada, se imponga la lógica de ésta sobre la necesidad de vivienda de unas familias con niños a los que, como un efecto colateral no querido por nadie, se pone ahora en riesgo de vulnerabilidad por el mero hecho de no tener lo necesario para pagar una vivienda, de haber ocupado una desocupada y de que el derecho de vivienda que la constitución proclama sea una mera panoplia declarativa sin contenido normativo alguno en una sociedad que ha hecho de la vivienda no un derecho social, sino un objeto de enriquecimiento.

Y para colmo, que sea la propia Guardia Civil que en su retórica dice estar para defendernos la que eche a la calle insolidariamente a estas familias.

La insolidaridad militar es generalizada, ahora dejan gente en la calle