Texto del libro de Pablo San José «El Ladrillo de Cristal. Estudio crítico de la sociedad occidental y de los esfuerzos para transformarla», de Editorial Revolussia.
Ver también:
La libertad, un regalo envenenado (I): En qué consiste la libertad para el ciudadano occidental
La libertad, un regalo envenenado (II): Los teóricos de la revolución liberal
La libertad, un regalo envenenado (III): Libertad, nacionalismo y estado
En el siglo XX, con el sistema estatal-capitalista ya perfectamente definido y ampliamente implantado a nivel mundial, el proyecto liberal, que se da prácticamente por acabado en lo político en aquellos lugares en que el parlamentarismo constitucional con sufragio universal es la forma de gobierno, profundiza en su vertiente económica. El debate ya no versará sobre los límites de la libertad individual en el seno de una sociedad sino, trasladándose al otro campo, sobre cuál debe ser el punto de equilibrio entre la intervención estatal y el libre mercado. Así la oposición sucederá entre los economistas y políticos, precisamente, llamados «liberales», que pretenden una injerencia mínima del estado en la economía, y los defensores de una mayor regulación y participación por parte de los gobiernos, sobre todo en situaciones de crisis económica. Décadas después, a éstos últimos se les denominará «keynesianos» (por el economista Jonh Maynard Keynes). Este debate llega a la actualidad. Resulta curioso que, al contrario de lo que sucedía en el siglo XIX, en el XX quienes se ubican bajo la etiqueta «liberal» sean adscritos a posturas conservadoras, mientras que quienes desean ampliar los poderes del gobierno en detrimento de la libertad, en este caso de mercado, sean considerados los «progresistas». La paradoja se resuelve fácilmente. Ambas corrientes son herederas del mismo pensamiento liberal decimonónico que, como ya hemos estudiado, solo proponía la implantación de la libertad de forma parcial, para ciertos individuos y para los temas que convenían a la burguesía, defendiendo, fehacientemente y en la práctica, el despotismo (ilustrado) para los restantes casos.
El liberalismo económico, denominado neoliberalismo a partir de los años 70 del siglo XX, en sus vertientes más radicales (20) defiende, en teoría, una participación estatal nula en la economía. Sin embargo no es antiestatista. Aunque la economía —arguyen— deba fluir sin intervención, con espontaneidad, según la ley de la oferta y la demanda, premiando las capacidades y comportamientos óptimos y castigando la ineficiencia en aras de un progreso indefinido (recordemos las teorías evolucionistas de Herbert Spencer), la institución estatal les sigue siendo necesaria. Como mínimo en la función de guardián armado del derecho a la propiedad privada y al lucro. Y de hecho la utilizan con profusión. Véase, por ejemplo, la formidable herramienta para la preeminencia económica y el negocio que fue el colonialismo en su día, o el imperialismo, acción político-económica que llega a nuestros días. No se entiende la economía mundial, la sociedad de mercado tal cual es a día de hoy, sin la actuación de los estados occidentales decretando normas —cómo deben ser las relaciones económicas— e imponiéndolas por la fuerza donde les conviene. Me permito dudar muy mucho de que ningún reputado neoliberal desee la desaparición de semejante recurso al servicio de sus intereses.
En la práctica los estados occidentales que, en la segunda mitad del siglo XX, han estado dirigidos por gobiernos reconocidamente neoliberales (el Reino Unido de Thatcher, o la Norteamérica de Reagan son los ejemplos más recurrentes, por no nombrar su banco de pruebas; el Chile de Pinochet), han sido más que activos e intervencionistas a la hora de defender y promocionar los intereses de las empresas radicadas en su territorio. Al mismo tiempo que no han dejado de controlar directamente una parte nada desdeñable de su propia economía nacional y no han disminuido en lo más mínimo la impedimenta de su aparato gubernamental. La creación de áreas de teórico libre comercio, como la Unión Europea y similares, no persigue otra cosa que una intervención estatal aún mayor, si bien altamente concentrada. Esa centralización del poder de decidir e intervenir sobre la economía, al contrario de lo que estatuye la doctrina neoliberal, parece ayudar al flujo de los negocios capitalistas. No se escuchan voces liberales serias cuestionando este tipo de marco (el brexit sería una peculiar excepción). Podemos darnos cuenta de que el liberalismo económico, o neoliberalismo, tiene mucho de discurso hueco y, en realidad, está más cerca de lo que se confiesa del tipo de economía que proponen los «progresistas» keynesianos quienes, por su parte, tampoco se oponen a la economía privada ni tienen ningún deseo de obstaculizarla. Tal como ocurre en la política parlamentaria con la supuesta dicotomía entre partidos de derecha o conservadores y de izquierda o progresistas.
Como puede apreciarse, el éxito del programa liberal se materializa en la actualidad en la aquiescencia generalizada al capitalismo de mercado como marco económico, al estado como institución que arbitra la convivencia y garantiza teóricamente los supuestos derechos ciudadanos, y al individualismo como forma relacional básica. Podemos, incluso, decir que lo que en Occidente se entiende como «izquierda» es hoy profundamente liberal en el sentido expresado. Izquierda que ya no sostiene proyecto alguno de revolución, sino simples demandas de reforma que, como bien decía Rosa Luxemburgo, solo tienen capacidad, en caso de llevarse a cabo, de profundizar en la revolución anterior, esto es, la burguesa. La autodenominada izquierda, en general (hay excepciones minoritarias), lejos de cuestionar el modelo económico capitalista, lo defiende adscribiéndose a las filas de lo que podríamos definir sin equivocarnos como «simple matiz» keynesiano. En lugar de cuestionar el estado, como la estructura de poder concentrado negadora de libertad que es, se convierte en su principal valedora. «Lo público» es el eufemismo acuñado para definir su alegre y voluntario sometimiento a dicha institución. Por último, la izquierda es hoy asimismo una feroz defensora de la forma individual-materialista de comprender la vida y la pertenencia a la sociedad.
Detengámonos brevemente en la cuestión de la institución estatal. A poco que se piense, salta a la vista la disyuntiva que ya hemos venido mostrando entre libertad individual y capacidad coercitiva del estado. Más allá de las artificiosas y retóricas fórmulas teóricas con las que ilustrados y liberales decimonónicos trataban de resolver la dicotomía, a nadie escapa el hecho de que cuanta mayor capacidad tenga la institución de gobernar aspectos concretos de la convivencia menos espacio le queda a la decisión particular. Esta circunstancia, que a la gran mayoría le queda clara si fija la mirada en gobiernos conocidos como «dictadura», pasa desapercibida, desaparece prácticamente del debate, en el caso de gobiernos de supuesta representación. Porque, con independencia de la cantidad numérica y cualitativa de derechos y libertades que restringe una u otra forma de gobierno (que no siempre supone grandes diferencias), lo cierto es que en ambos casos se produce una limitación coactiva a la posibilidad de actuar, de vivir, según la decisión de cada cual. Limitación que, además, es siempre dinámica, ya que los poderes estatales legislan sin cesar para aumentar sus prerrogativas. Pero en el segundo modelo, el gobierno de «representación», la gran mayoría tiende a dimitir de su sentido crítico ante esta realidad.
A pesar de que la tradición socialista —heredera de la liberal— contó en su día con algunas voces sumamente críticas con respecto a la institución del estado (22), el hecho es que éste se ha impuesto con rotundidad tanto en el plano formal como en el imaginario. Ya el XIX fue conocido como «el siglo de las naciones», antes incluso de que la fe en el estado sobre todas las cosas alcanzara el desarrollo que ha tenido con posterioridad. Que a día de hoy la institución estatal no se encuentre cuestionada, que ya no se teorice ni se discuta, más allá de la crítica a ciertas políticas concretas, sobre la frontera entre tiranía y libertad, habla a las claras del éxito del programa burgués y de cómo el grueso de la sociedad ha hecho suyos sus principales valores ideológicos. Incluso cuando los socialistas antagonistas al capitalismo han tratado de cuestionar o de quebrar el proyecto liberal, lo han hecho reforzando aún más la institución del estado. Véanse los países comunistas, el llamado «socialismo real». Véase también, como decía arriba, la adoración perpetua que tiene por lo estatal la izquierda neocomunista, socialdemócrata, reformista, ciudadanista, etc. en todo Occidente. Así, desde la intención de erigirse en alternativa, lo que se ha conseguido es que el viejo proyecto liberal del estado-nación dirigido por élites sea una realidad incontestable a nivel mundial.
Hoy, atendiendo a las relaciones económicas, a los flujos de bienes y servicios, es el estado, el ente gobernante, el que se asocia psicológicamente al bien común frente a la iniciativa de carácter particular. La autogestión, la autoorganización popular que tan importante fue, tanto en las sociedades rurales como en algunas fases del movimiento obrero, está completamente fuera del tapete de la discusión. Hablábamos arriba de la existencia de un pacto tácito entre las élites dirigentes y los gobernados, en virtud del cual éstos renuncian de buen grado a ciertas parcelas de independencia a cambio de recibir de aquéllos algunas contraprestaciones materiales. El acuerdo incluye, también de forma tácita, el consenso, del que asimismo hemos hablado, de que el sistema político en vigor es una expresión de libertad política; en ese sentido, un a modo de «el mejor de los mundos posibles». Este pacto es la esencia de lo que se conoce como «estado de bienestar». Mientras haya un mínimo de abundancia material y de estabilidad —circunstancias que se dan de facto en todo Occidente desde hace más de medio siglo— el acuerdo permanecerá invariable y tan sólido como una roca. De hecho, a nadie con un mínimo de sensatez se le ocurre que pueda darse hoy alguna instancia capaz de convencer a los despreocupados ciudadanos de Occidente de la necesidad de recuperar parcelas de libertad real en detrimento del poder del estado. Solo imaginar la remota posibilidad de que el orden sociopolítico imperante pudiera sufrir alguna alteración de entidad provoca pánico. Estampas apocalípticas y evocaciones del caos salen a relucir. Eric Fromm, en su obra «El miedo a la libertad», propuso algunas interesantes perspectivas para comprender la causalidad psicológica de esta renuncia fehaciente y general a la autonomía.
Notas
21- Existe una curiosa capilla dentro del liberalismo económico cuyos integrantes son los más extremos a la hora de plantear un capitalismo sin estado. Con el nombre de libertarianos o anarcocapitalistas tienen cierto predicamento, sobre todo en EEUU. Éstos entienden que el bien principal a proteger es la libertad individual, la cual se materializa en el derecho a la propiedad. El estado se entiende como incompatible con ambos principios y por lo tanto ha de ser completamente eliminado. La sociedad sin estado se gestionará por libre acuerdo entre particulares, que intercambian sus pertenencias de forma irrestricta (el libre mercado) y contratan de forma privada aquellos servicios que les son necesarios, por ejemplo la policía o los tribunales. A diferencia de los liberales convencionales, o los minarquistas, quienes sí admiten la necesidad de un estado mínimo que garantice seguridad en la convivencia y en el flujo comercial, los anarcocapitalistas piensan que «…los estados son entidades agresivas que roban la propiedad (a través de los impuestos y las expropiaciones), inician el uso de la fuerza, son monopolios compulsivos del uso de las fuerzas defensivas o de represión, usan su poder de coacción para beneficiar negocios e individuos a expensas de otros, crean monopolios y restringen el comercio.» https://es.wikipedia.org/wiki/Anarcocapitalismo 3-2-16. Por su parte, se distancian del anarquismo (teoría filosófica que, como ya lo dice la palabra, es la base del anarcocapitalismo, especialmente en la figura de los anarcoindividualistas norteamericanos del siglo XIX) por su diferente concepción del derecho a la propiedad.
22- «El mejor gobierno es el que menos gobierna», decía Henry David Thoreau, por ejemplo.