Claudia Medina se despertó al escuchar un ruido detrás de la puerta de su habitación. Pensó que alguien había entrado a robar a su casa y alertó a su esposo. Los dos se levantaron de inmediato. Ella se asomó por la ventana y vio a varios vehículos de la Secretaría de Marina a las afueras de su domicilio. Su marido preguntó quién estaba ahí cuando un hombre rompió la puerta con el mango de una pistola y entró por la fuerza junto con otros más. La pareja no entendía qué sucedía. En cuestión de minutos los tiraron al suelo, esposaron, vendaron los ojos y sacaron de su casa sin ninguna explicación.
Aquella madrugada del 8 de agosto de 2012, Claudia iba descalza con un pantalón corto y una camiseta que usaba de pijama sin sujetador. No sabía adónde iba. Nadie le hablaba. La subieron a una camioneta y la llevaron a lo que después descubriría que era la zona naval del puerto de Veracruz, en el sureste de México. Al llegar la metieron a un cuarto, le quitaron la venda, le tomaron una foto y le volvieron a tapar los ojos. Un médico la revisó y después la pusieron contra una pared.
“Un hombre me empezó a decir que no me hiciera pendeja, que ya sabían que yo era jefa de la delincuencia y que me tenían investigada”, cuenta Claudia, una mujer de 45 años, que en aquel entonces vendía productos naturistas. El hombre la acusaba de ser, junto con su esposo, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, una agrupación criminal surgida en 2010 y dedicada, principalmente, al secuestro, extorsión, homicidio y tráfico de drogas en estados como Veracruz, Jalisco y Michoacán. El hombre, al que nunca pudo ver, le hablaba mientras le jalaba la blusa y pellizcaba los pezones. Ella solo alcanzaba a escuchar música electrónica y, de fondo, unos gritos. “Ese es mi esposo”, pensó.
Otra voz ordenó que la cambiaran de habitación. La obligaron a sentarse y la voz habló: “Ya sabemos que tú eres la buena. Ese cabrón nos dijo”. Esa voz la golpeó en la nuca. Claudia Medina lloraba y rogaba que no la lastimaran. Los hombres volvieron a cambiarla de lugar mientras ella insistía en que no había hecho nada. Sintió agua en sus pies. Creyó que estaba en un baño. La amarraron contra una silla. Le conectaron unos cables y le echaron una cubeta de agua encima. La música aumentaba de volumen cuando ella gritaba por las descargas eléctricas que sintió durante más de media hora.
Las voces querían que confesara ser delincuente. Le echaron picante en las fosas nasales. La insultaron, asfixiaron, levantaron de la silla y envolvieron su cuerpo con plástico. La patearon, tiraron al suelo y brincaron encima de ella. Claudia se había orinado encima y se le ocurrió decir que estaba embarazada. Pararon por un momento, pero la médico regresó y descubrió que mentía. “Me golpearon el triple”, recuerda. La dejaron en el suelo por unas horas y más tarde un hombre, al que tampoco pudo ver, abusó sexualmente de ella.
Despertó en un patio bajo el sol. Luego la pusieron a lavar ropa con los ojos vendados. La bañaron y le dieron ropa: un pantalón corto de mezclilla y una blusa blanca. Pasó la noche en una colchoneta y solo comió una ensalada rusa echada a perder. Volvieron por ella y la subieron a una camioneta junto con otras personas. Una nueva voz les dijo: “Si dicen lo que pasó vamos a regresar por ustedes y ya sabemos que tienen hijos”. Cuando al fin le destaparon los ojos, se encontraba en un cuarto lleno de armas, drogas, un ordenador portátil y una billetera. Había seis personas más. Su esposo entre ellos.
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Claudia Medina es parte de una lista de miles de víctimas de tortura en México. En 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) registró al menos 2,403 denuncias por este delito, más del doble de las 1,165 presentadas en 2013. Además, entre 2003 y 2013 se desbordaron las quejas por tortura y otros malos tratos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que reportó un aumentó del 600 por ciento durante esa década.
En México, la tortura es tan generalizada como invisible. Esta práctica se ha convertido en una epidemia perpetuada por los cuerpos de seguridad desde hace décadas y ha tenido un aumento significativo desde que se inició la guerra contra el narcotráfico en 2006. “Nosotros vemos que la tortura es un asunto que no para de agravarse, que está vinculado con una estrategia de combate a la delincuencia organizada que involucra detenciones arbitrarias y una fábrica de personas acusadas para dar una imagen al exterior de combate a la delincuencia”, explica Madeleine Penman, investigadora para México sobre tortura de Amnistía Internacional (AI).
Este fue el caso de Claudia Medina y el resto del grupo, todos acusados de formar parte del cartel. Cuando fue presentada a la justicia, Claudia pidió a los oficiales que vieran los hematomas que tenía en todo el cuerpo y exigió un abogado. Le pusieron uno de oficio que nunca participó en las declaraciones y dos marinos le exigieron que firmara el documento sin poder leerlo.
Después de 72 horas en los separos —celdas incomunicadas—, fue traslada al penal de Cieneguillas, Zacatecas. En la declaración afirmaba ser jefa de la delincuencia organizada junto con su marido. Se le acusaba de nueve delitos graves, entre ellos, delincuencia organizada, narcomenudeo y portación de armas exclusivas del Ejército. Estuvo presa 23 días. Al denunciar que ella no había aceptado su culpabilidad, el juez le permitió pagar una fianza por 53,000 pesos. Casi cuatro años después, todas las acusaciones en su contra fueron retiradas, pero su esposo, que hasta 2010 era policía municipal en el puerto de Veracruz —y fue acusado con lo mismos cargos— sigue preso en un penal de Durango.
Al salir, Claudia estuvo más de mes y medio sin dormir. Tuvo que mudarse. Decidió denunciar al ver que sus compañeras en prisión habían pasado por lo mismo. “Han pasado tres años y medio y nunca he sabido porqué pasó esto. Ya fui exonerada de todos los delitos y se comprobó que nosotros no éramos jefes de cartel. Hasta hoy no sé porqué nos acusaron, nunca hubo una sola prueba en nuestra contra”.
Claudia Medina es un ejemplo de la sistematización de la tortura en el país, relacionada principalmente con delitos contra la salud o crimen organizado. Su caso cumple con las características más recurrentes que denuncia el último informe de AI. Sufrió los tipos más comunes de tortura: asfixia, violación, golpiza y choques eléctricos. Como sucede en la mayoría de estos casos, los agravios ocurrieron entre la detención y la puesta a disposición de la justicia. La Marina, que abusó de ella, es uno de las organismos más denunciados ante la PGR junto con el Ejército, la Policía Federal y las corporaciones estatales. Un tribunal de Xalapa, capital de Veracruz, concluyó junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otros peritos independientes que fue “sujeta a tratos crueles, inhumanos y degradantes” al menos durante 12 horas para aceptar su supuesta culpabilidad.
“Es un fenómeno generalizado. Hay una epidemia y no hay voluntad real para la controlarla. Eso empezaría por castigar a los responsables y hay muchos servidores públicos que encubren la tortura. Hay un clima de permisibilidad por este flagelo. Mientras exista una tolerancia del uso de tortura, se seguirá repitiendo”, señala la experta de AI, organización promotora de la campaña Alto Tortura, que ha denunciado desde 2014 que es una epidemia “fuera de control” en México, que las autoridades han ignorado. Entre los estados con más denuncias están Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Baja California, Durango, Coahuila y Tamaulipas.
El año pasado, el relator especial de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, denunció que se trata de una práctica sistemática, generalizada y con una impunidad casi total. El informe, que coincide con el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destaca que entre 2005 y 2013 solo hubo cinco sentencias por un delito normalizado por todas las instituciones policiales y en la que participan jueces, médicos, peritos y otros funcionarios públicos. A finales de marzo, el gobierno mexicano le negó a Méndez la entrada al país este año. La Secretaría de Relaciones Exteriores pidió al funcionario de Naciones Unidas que retrase su viaje hasta que el Congreso apruebe una nueva ley en materia de tortura y malos tratos.
Ante las denuncias de organismos internacionales, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto anunció el año pasado nuevos protocolos de investigación sobre tortura y una nueva Ley General de Tortura, que se encuentra en el Senado de la República. Hasta hoy, solo existe una Ley Federal sobre Tortura de 1991, que no tipifica el delito a nivel federal y que no cumple con estándares internacionales. La nueva ley incumple con varias normativas: “no se adhiere al Protocolo de Estambul, no asume la tipificación de la tortura por malos tratos y no anula la declaración de una persona que ha sido torturada” [y que puede haber sido obligada a confesar], indica Javier Sam, director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CECETI).
“Saludamos esos anuncios pero son promesas en el papel. La impunidad aún no se está atacando. El año pasado, la PGR no tenía una sola consignación por tortura a nivel federal. Ya no pensemos siquiera en sentencias, que son muy pocas”, comenta Pelman. Según información de la propia PGR, solo hay 30 oficiales especializados en el Ministerio Público para atender las más de 2,400 denuncias por este delito, es decir, un agente por cada 80 denuncias.
En 2013, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática publicó por primera vez un desglose de todas las quejas de violaciones a derechos humanos en el país y la tortura fue la segunda más frecuente (12,000 quejas) después de la detención arbitraria [PDF]. Un 64 por ciento de los mexicanos confesó temer ser torturado en caso de ser detenido. Según Aministía Internacional, más del 90 por ciento de estos delitos no se denuncian.
Hasta 2006, no había reconocimiento de casos de tortura en el país y ningún caso había llegado a la CIDH. “Era muy importante que la gente detenida tuviera acceso a la justicia”, apunta Sam. CECETI, un grupo de abogados y médicos expertos en dar atención integral a sobrevivientes de la tortura, empezó a visibilizar el fenómeno con casos de atención internacional como el del campo algodonero de Chihuahua, donde el Estado mexicano participó en la desaparición, tortura y muerte de mujeres. O el de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos hombres torturados en Guerrero tras ser acusados de cultivar amapola y marihuana. El de Inés Fernández y Valentina Rosendo, torturadas sexualmente por el Ejército. Y el de Atenco, donde unos 80 comuneros fueron reprimidos por la policía.
Algunos casos han tardado casi siete años en llegar a la CIDH y gran parte de las denuncias ante la Comisión Nacional no tiene salida. Entre 2010 y 2013, la comisión local de derechos humanos recibió 7,164 quejas por tortura y otros malos tratos, de las cuales, solo emitió 44 recomendaciones que confirmaban las denuncias. Por su parte, la procuraduría solo participó en la investigación de 364 de esos casos y concluyó que había indicios de tortura en 26 de ellos.
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