Este día 24 de noviembre se cumplen dos años y nueve meses del inicio de la guerra de Ucrania, hecho que nos convoca cada día 24 de mes para pedir el final de las acciones bélicas e instar a las partes enfrentadas a resolver sus diferencias mediante el diálogo. También este mes de noviembre se cumple un año y un mes del inicio de esta fase de la guerra de exterminio que Israel perpetra contra la población árabe de Oriente Próximo.
No obstante, como bien sabemos, los de Ucrania e Israel no son los únicos conflictos bélicos que asolan a la humanidad. Queremos aprovechar estas convocatorias para recordar otros escenarios igualmente destructores de la vida y dignidad humana y la naturaleza, que no se suelen nombrar en los medios de comunicación.
Hoy vamos a hablar brevemente sobre el conflicto de México.
Estados Unidos Mexicanos es un gran país que cuenta más de 128 millones de habitantes. Asimismo, está considerado como uno de los más violentos del mundo. Si bien no se encuentra técnicamente en guerra civil, podemos afirmar que las altas cotas de violencia estructural, simbólica y también directa que afectan a su población permiten establecer paralelismos con otros espacios del planeta en los que sí hay guerras declaradas.
En México sucede la violencia a gran escala, tanto por razones económicas como políticas y, especialmente, como consecuencia de la acción de los potentes grupos de crimen organizado existentes, sobre todo, en la zona norte del país. Tampoco conviene olvidar que México está considerado por la ONU como el país más violento hacia las mujeres fuera de una zona específicamente bélica. Según estadísticas oficiales, 66 de cada cien mujeres ha sufrido agresiones físicas o sexuales, encabezando México las cifras de feminicidios con respecto a los países de su entorno.
Tratando de entender los porqués de esta situación de violencia generalizada, cabe nombrar las políticas de represión y destrucción sistemática de las comunidades indígenas basadas en la cooperación y el apoyo mutuo (por ejemplo en Oaxaca y en Chiapas) y su sustitución por una autoridad estatal a menudo incompetente, autoritaria, inoperante, corrupta y asociada a los grupos criminales. También el acoso hacia la disidencia política de izquierda que, por poner un ejemplo, en 2014 se cobró la vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que defendían su modelo educativo rural, secuestrados por sicarios de los grupos narcos y posteriormente asesinados, con la cobertura de las autoridades civiles locales, así como la complicidad probada del ejército y la policía.
En segundo lugar cabe hablar de la pobreza y el déficit educacional. México es el segundo país de toda la OCDE con mayor disparidad entre los enormemente ricos y los enormemente pobres. Por otra parte, se calcula que hacia un 60% de hombres mayores de 15 años y un 80% de mujeres no saben leer ni escribir, lo que habla a las claras del desinterés que tradicionalmente ha tenido el estado mexicano por la educación. A todo ello hay que añadir que México tiene altas tasas de drogodependencia entre la juventud. Estas razones empujan a amplios sectores de la población a buscar su salida laboral en el crimen organizado. Se calcula que los cárteles mexicanos dan empleo directo a medio millón de personas, mientras que más de tres millones viven indirectamente del contrabando de droga.
Precisamente, la proliferación de organizaciones criminales a gran escala vinculadas al narcotráfico es la mayor causa de violencia directa. Aprovechando la amplia frontera que comparte con EEUU, numerosos clanes narco producen su propia droga, al tiempo que hacen de intermediarios con la que procede de países más al sur, como Colombia. El destino de todo este comercio son los consumidores de EEUU. Los cárteles narco, además, trafican con armas y también son protagonistas de acciones de secuestro, asesinato o extorsión hacia los migrantes procedentes del Sur que viajan a través del país con destino a EEUU.
Todo este actuar criminal, de enorme envergadura, mantiene activo un auténtico conflicto bélico de las propias organizaciones criminales entre sí y, además, contra el propio estado central mexicano que, en 2006, declaró oficialmente la guerra al narco. Cabe decir que se hace complicado distinguir quien es quien en esta pugna, estando fuertemente permeado por el crimen organizado el propio poder civil, así como el ejército y la policía. Por si faltara algún elemento, también existen en México grupos paramilitares y de «autodefensa» que defienden a las comunidades de las diferentes agresiones, pero también, en ocasiones, se convierten en brazo armado de los narcos.
El resultado de este enorme conflicto articulado en torno al crimen es de proporciones catastróficas. Se calcula que entre 2006 y 2020 fallecieron alrededor de 300.000 personas solo por ejecuciones o enfrentamientos entre bandas o con la autoridad. A ello habría que sumar las numerosas consecuencias de índole económica, social, etc.
En México, como en Ucrania y Palestina, es urgente el cese de toda acción violenta organizada, sea por parte estatal o por parte privada. Para ello es necesario sanear y depurar de criminales las instituciones. También defender y robustecer la autonomía de las pequeñas comunidades indígenas y rurales, de cuyo funcionamiento orgánico tanto tenemos que aprender. Además, apostar por la educación, por la redistribución de la riqueza y por una economía desvinculada de las multinacionales y de las dinámicas del capitalismo salvaje. Todo ello con el objetivo de lograr una sociedad armónica y democrática en la que el crimen organizado no tenga cabida.
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