Expertos alertan de que el agua llegaría como un tsunami hasta la desembocadura del barranco en La Zenia.
Áxel Álvarez
Loreto Mármol
El hecho de que un particular se haya apropiado de un barranco en Orihuela Costa, entre Montezenia y Lomas de Cabo Roig, y lo esté rellenando de tierra para elevar el terreno y poder utilizarlo, probablemente para construir, está causando pavor, sobre todo en un contexto como el actual, en el que se prevén fenómenos atmosféricos cada vez más frecuentes y virulentos, y sobre todo después de la catástrofe que ha provocado la DANA del 29 de octubre en Valencia. Esta rambla, que nace kilómetros aguas arriba, va a parar a la playa, con viviendas a ambos lados en parte de su recorrido hasta el mar.
Vista aérea de la zona, en el visor de la Generalitat, donde ya se aprecia el área ocupada / Información
Miguel Ángel Pavón, presidente de Amigos de Sierra Escalona (ASE), advierte de que la zona aterrada ocupa unas 2,6 hectáreas (26.000 metros cuadrados) de suelo no urbanizable común, según el vigente PGOU de Orihuela. Casi la mitad, 1,25 hectáreas (12.500 metros cuadrados) son terrenos sometidos a peligrosidad geomorfológica de inundación según el Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova). Se trata, explica Pavón, de terrenos de vaguadas y barrancos de fondo plano ligados a las cañadas de la Posposa y de Casas Viejas.
La cañada que se ha aterrado tiene su cabecera junto al Paisaje Protegido de Sierra Escalona y junto al canal del postrasvase Tajo-Segura. Las parcelas afectadas, subraya ASE, forman parte de un corredor ecológico terrestre que conecta con el Paisaje Protegido, ZEPA y LIC de Sierra Escalona.
La cañada afectada se termina uniendo con la Cañada Honda muy cerca ya de Cala Bosque (playa de La Zenia), en donde desemboca al mar. En la zona situada entre la autopista AP-7 y Cala Bosque hay más de un centenar de viviendas construidas sobre suelo de peligrosidad geomorfológica de inundación del sistema de cañadas del que forma parte la de Casas Viejas, lo que Pavón define como «un verdadero desastre urbanístico y territorial».
Justo al lado de la zona aterrada está el sector PAU 25, que tiene 14,75 hectáreas, de las que casi 3 forman parte del sistema de cañadas que se unen a la de Casas Viejas. Varias decenas de viviendas están ya construidas en esa zona de peligrosidad.
En caso de una riada, alerta Pavón, se verían afectadas todas las casas que hay aguas abajo construidas en zona de peligrosidad. Dicho de otro modo: «Si no se retiran las tierras vertidas, una futura riada las arrastrará aguas abajo y las viviendas que pueden verse afectadas sufrirán la llegada de una violenta oleada de barro».
Joaquín Martínez-Campillo, experto en inundaciones y delegado del Colegio de Geólogos de la Provincia de Alicante, con los mapas en la mano no sale de su asombro que se esté permitiendo lo que califica como «una auténtica barbaridad».
Esto se traduce, apunta Martínez-Campillo, en que «si rompes el cauce, rellenándolo de tierra, este se abrirá inundando las zonas aledañas, donde hay viviendas». «No tiene ningún sentido, y no entiendo que la Confederación Hidrográfica del Segura [CHS] ni el Ayuntamiento no actúen para evitar que alguien se apropie del dominio público hidráulico», prosigue.
Riesgos
Miguel Agulló, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Alicante (Coitagra), indica que cubrir con tierra un suelo y elevarlo es una práctica habitual en la zona para después edificar. De este modo, sostiene, que se consolida el solar y cuando recibe la visita de los técnicos para evaluar el peligro de inundabilidad ya no hay cauce y, por tanto, tampoco riesgo -o este es menor-, con lo que la vía para construir ya está más despejada.
Sin embargo, añade Agulló, «en el momento en el que haya una avenida fuerte y se produzca un tapón, por ejemplo en los puentes que hay en el cauce, ocurre lo que en Valencia, rompiéndose y llegando como un tsunami».
Práctica habitual
Superponiendo fotos desde 1985 a 2024 se ve la evolución del terreno y cómo se ha ido elevando. De hecho, «barranco arriba está todo edificado hasta el punto de que no se distingue el cauce», afirma Agulló, que también lamenta que «las denuncias llevan su tiempo, las administraciones responden tarde y después vienes los madre mía».
En este sentido, el presidente del Coitagra hace hincapié en que «los cauces son sagrados, están protegidos y son de dominio público». A su juicio, «conviene que nos concienciemos del peligro», concluye.
Precisamente, el geógrafo y climatólogo Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, ha asegurado recientemente que DANAs con lluvias de la intensidad de las de Valencia o Málaga, que en los años 80 tardaban 50 años en repetirse, pueden darse cada 5 años en la próxima década.
Ocupaciones de barrancos
En este caso, Olcina manifiesta que la ocupación de un barranco por parte de un particular «es un ejemplo del poco respeto que se tiene al dominio público hidráulico y a los cauces en el litoral mediterráneo». En concreto, en la comarca del Bajo Segura, en la parte litoral, «tenemos ejemplos de ocupación de cauces muy notables desde los años 90». Así, espera que «esto pueda paralizarse en el contexto en el que estamos ahora». De entrada, advierte, «cualquier ocupación de proximidad de un cauce, a partir de ya, debe vigilarse con extrema cautela».
A su juicio, todas estas propuestas deberían pasar un análisis de riesgo riguroso adaptado a las nuevas condiciones climáticas de intensidad de las lluvias, y actuar. Así, hace hincapié en que el organismo de cuenca «tiene que vigilar los cauces y debería levantar expediente», sin olvidar que también tiene competencias el Ayuntamiento y conselleria.
El Ayuntamiento abrió un expediente hace un año y medio -en mayo de 2023-, cuando estaban en el gobierno PSOE y Ciudadanos, y lo trasladó a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, dependiente del Consell, que, indican fuentes municipales, «son los encargados y deberán actuar», ya que la agencia tiene la delegación de las competencias de sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística de los municipios adheridos, como Orihuela. Por tanto, el expediente se tramitó en la legislatura del Botànic y se lo encontró sobre la mesa la exconsellera Salomé Pradas.
Galimatías de competencias
Entretanto, en este galimatías de competencias, la conselleria siguen guardando silencio a preguntas de este periódico, mientras que la CHS afirma que «la actuación no afectaría en ningún caso al dominio público hidráulico o su zona de policía, siendo competencia de la Administración de ordenación del territorio y urbanismo».
Matías Ruiz, concejal de Urbanismo (PP), explica que después de que el Ayuntamiento levantara un acta de infracción urbanística, el propietario, que es una mercantil que tiene su actividad en las explotaciones agrarias y también en el movimiento de tierras -aunque no ha especificado el nombre de la empresa-, pidió en el Consistorio una regularización de lo que había hecho.
Seguidamente, Urbanismo solicitó a la Confederación que dijera si el cauce es público o privado, algo que aún no se ha determinado, según Ruiz, por lo que aún no se ha informado de esa regularización.
El edil sostiene que «no está en una zona que implique un riesgo inminente como para haber determinado que los servicios de Seguridad del Estado o la Policía intervengan de inmediato».
Con todo, Ruiz advierte de que «va a haber infracción». Si la agencia determina que es muy grave, la multa oscila entre los 30.001 euros y los 1,5 millones.
Pavón, Martínez-Campillo, Agulló y Olcina coinciden en que deberían intervenir el Ayuntamiento, la Generalitat y la CHS para detener el aterramiento y obligar al responsable a retirar todas las tierras vertidas y restaurar a su estado original el tramo afectado.
Fuente: https://www.informacion.es/vega-baja/2024/11/21/rambla-cegada-orihuela-costa-desataria-111901402.html