El gobierno español se apresta a afilar las leyes penales y de “seguridad” frente a las movilizaciones, en una deriva represiva y autoritaria.
En plena vorágine de ataques a los derechos sociales de la población y la clase trabajadora, la respuesta social no hace más que crecer, y ante la radicalizacion a la derecha de los gobiernos de la Unión Europea en sus políticas sociales y económicas, el gobierno español se apresta a afilar las leyes penales y de “seguridad” frente a las movilizaciones, en una deriva represiva y autoritaria.
Para entender la profundidad del giro
Mientras al final de la II Guerra Mundial las dictaduras fascistas de Italia y Alemania eran demolidas, sus jefes juzgados y ejecutados, mientras en los años 70 las dictaduras portuguesa y griega caían bajo los efectos de una revolución democrática, que rompían con el pasado, las instituciones fundamentales de la dictadura española se autorreformaron en “demócratas”. En Grecia la monarquía de Constantino era rechazada en referéndum y por varios años la familia real, entre las que se incluye la reina Sofía, tuvieron prohibida la entrada en el país heleno. Por su parte Portugal protagonizo la llamada “revolución de los claveles”, bajo cuyo efecto disolvieron la policía política (PIDE) y el ejercito salazarista rompió en dos, con la organización de soldados y suboficiales, además del MFA de los oficiales. La dictadura de Salazar y Caetano dieron paso a un régimen democrático sin pactos ni acuerdos.
Esta es la diferencia con el Estado Español, con el régimen franquista en crisis la burguesía española, viendo los ejemplos portugués y griego, decidió que era preferible aplicar la máxima lampedusiana de “cambiarlo todo, para que nada cambie”, a arriesgarse a un proceso revolucionario que tendría impredecibles consecuencias.
En este camino de “reconciliación” estaban, también, el PCE y el PSOE, y el resultado fue un acuerdo por el que a cambio de la legalización de ambos partidos y la convocatoria de elecciones, con margenes de libertades democráticas, de derecho de reunión, asociación y manifestación, las instituciones fundamentales del régimen franquista, el ejercito, la judicatura y la Jefatura del Estado, serían intocables. Para ello se haría una ley de Amnistia que en realidad fue una Ley de Punto final, “de olvido y perdón” por el que los responsables de la represión y de la dictadura podrían pasar a ser “demócratas”, sin responder ante nadie. Este proceso fue ratificado en la Constitución de 1978.
Las consecuencias políticas son claras: los neofranquistas están instalados como administradores de los margenes democráticos del régimen desde la Jefatura del Estado, el Ejercito y la Judicatura. Ahora que las condiciones económicas ponen a la burguesía en el sendero de los ataques frontales a los derechos sociales y laborales, los margenes de democracia que sirven para organizar la respuesta social a estos ataques tienen que ser reducidos. Buscan debilitar la respuesta de la clase trabajadora y el pueblo, limitando sus derechos políticos.
La “contra”reforma del codigo penal
El régimen, a través del gobierno de turno, no solo esta aplicando de una manera restrictiva las actuales leyes, sino que prepara futuros choques sociales endureciendo las leyes penales.
La actual reforma del código penal no responde tanto a la gravedad de los enfrentamientos actuales, sino a la previsión que hacen de que la crisis economice va a trastocar las relaciones sociales construidas bajo el Estado de Bienestar, abriendo la grieta social entre ricos y pobres. De la misma manera que en lo laboral y social asistimos a un retroceso de 70 años, la legislación penal lleva el mismo camino.
Cuatro ejemplos de éste paso atrás son:
1) En el Anteproyecto del gobierno se introduce un nuevo articulo, el 557.ter, que castiga con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, a los que actuando en grupo “invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una personas jurídica publica o privada, … aunque se encuentre abierto al publico, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal”.
Si este articulo es aprobado, cualquier piquete de trabajadores/as en huelga, que quieran evitar las presiones de un empresario sobre sus empleados/as, se verán enfrentados a penas de prisión. Es un articulo que limita, y de qué manera, no solo el derecho de los trabajadores/as en huelga; sino el de cualquier sector social timado, estafado por entidades bancarias, comerciales o de cualquier tipo a manifestar su indignación, como sucede en la actualidad con los de las preferentes.
2) El nuevo articulo 560 bis sanciona a “quienes actuando individualmente, o mediante la acción concurrente de otros, interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o de los medios de transporte publico y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio”, con una pena de tres meses a dos años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses.
Hasta ahora, las limitaciones al derecho de huelga en los transportes y los servicios era administrativo, y se establecía a través de los servicios mínimos; a partir de ahora, su ruptura en una huelga o lucha es delito y condenado con pena. El carácter antiobrero de la reforma queda blanco sobre negro.
3) El actual articulo 550 pasa a decir;
“1.- Son reos de atentado los que agredieren o, con violencia o intimidación graves, opusieren resistencia a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
“2.- Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos. (…)».
De esta forma, se cambia en el texto «resistencia activa también grave» por «resistencia» a secas, y se explicitan las penas de prisión de 1 a 4 años, que se une a la desaparición del delito de desobediencia leve. Las consecuencias inmediatas son el agravamiento de las penas contra los que se “resistan” de cualquier manera a la acción de la policía. Cuando se usen medios violentos como el lanzamiento de piedras, se elevan de una manera exponencial las penas.
4.- El nuevo articulo 559 dice que considera delito “la distribución o difusión publica, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de algunos de los delitos de alteración del orden publico del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”.
De nuevo, como en la época del franquismo, reaparece el delito de propaganda ilegal, ahora disfrazado en esa frase de “que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. Los delitos de opinión, y no solo referidos al tema del “terrorismo”, sino ya sobre cualquier “alteración del orden publico”, pueden llevar a la cárcel.
Estos ejemplos ponen de manifiesto la intención del régimen de volver a las medidas represivas que lo caracterizaron, y que en el fondo siempre fueron su objetivo desde la crisis del franquismo. La correlación de fuerzas en la Transición forzó hasta cierto punto estos planes de la dictadura, que no eran otros que los de transformarse en una “dictablanda” -un régimen de libertad vigilada- . 34 años después los neofranquistas están en el camino de hacer realidad esos “sueños”.
La ley de seguridad ciudadana
El gobierno tiene prisa, y esta ley debe estar antes final de año para evitar que las luchas contra sus planes avancen y los pueda derrotar.
La ley consta del nuevo régimen sancionador que van a tener infracciones como la perturbación del orden público siempre y cuando no sean constitutivas de delito, de ser ese caso se aplicaría directamente el Código Pena. Las infracciones se van a clasificar entre muy graves, graves y leves, con multas que pueden llegar, para el caso de las muy graves, las sanciones pueden llegar hasta los 300.000 euros y para el caso de las graves hasta los 30.000 euros.
Y qué considerarán graves o muy graves, pues ni más ni menos que la desobediencia y la falta de respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes cuando no sean constitutivas de delito. Teniendo en cuenta que la “desobediencia leve” desaparece de esta ley, “la falta de respeto y consideración debida a la autoridad” (vaya concepto mas represivo ese de la “consideración debida a la autoridad”) podrá ser sancionado hasta con 300 mil euros.
Esta claro que además reprimir, buscan ahogar económicamente a las organizaciones populares, obreras y de izquierdas. ¿Qué organización se puede enfrentar a una multa de ese calibre?, solo las que nunca van a ser sancionadas, el PP, el PSOE, los grandes partidos, etc., etc.
Además, esta lógica franquista y reaccionaria de la “consideración debida a la autoridad” (eufemismo del viejo aforismo franquista de “ud no sabe con quien esta hablando”) se traslada a otros hechos sociales como una reformulación de la franquista ley de vagos y maleantes, trasladando esta mentalidad al “botellón” o al consumo de drogas. En vez de políticas de integración social, de politizacion de la juventud, de legalización de las drogas para evitar las mafias y demás, lo que este gobierno hace es marginalizar, criminalizar y reprimir a la juventud.
Por ultimo, en este camino autoritario del gobierno para evitar la lucha social, esta ley de Seguridad Ciudadana pretende ampliar el plazo de prescripción de las infracciones, para así tener una espada de Damocles represiva contra los participantes o convocantes en un protesta contra sus políticas de ajuste y austeridad.
La respuesta social contra estos ataques a las libertades democráticas
Esta claro que el gobierno pretende con estas medidas atar de pies y manos a la clase trabajadora y a los pueblos que luchan contra los recortes y los ajustes, manteniendo la ficción de la democracia constreñida al ejercicio del voto cada cuatro años. La prohibición de manifestaciones en la provincia de Pontevedra durante el periodo electoral, que incluía una manifestación de fuerzas tan institucionales como CCOO y UGT, aunque luego fuera revocada por el Tribunal Superior de Galiza, marca una tendencia a enfrentar la protesta obrera y popular con la represión y el recorte de las libertades.
En este sentido, lo más peligroso es la aceptación sin lucha de las cúpulas sindicales y políticas de los cambios legales. El caso de Pontevedra es paradigmatica, ante la virtual declaración de un estado de excepción -es decir, limitación del ejercicio de una serie de derechos políticos como el de manifestación- ninguna fuerza política lo denunció y llamo a la movilización contra ella. En este caso, el TSXG lo revocó… pero y si no lo revocara, que habría pasado; tendríamos unas elecciones bajo un estado de excepción.
En un marco de un régimen como el español, esta lucha no solo enfrenta las políticas coyunturales del gobierno de turno, sino que hacen y golpean sobre la misma esencia del régimen constituido sobre la base del mantenimiento en el poder de las instituciones heredadas del franquismo. No es casualidad que ante las movilizaciones obreras y populares que se dan en Portugal, su Ejercito haya emitido un comunicado en el que se comprometen a no reprimir a aquellos “que ha jurado defender, el pueblo”. Un comunicado de estas características es impensable en el Estado Español, puesto que el ejercito es heredero del 36, mientras que el portugués es heredero de la “revolución de los claveles”.
Lo mismo ante la reacción de los políticos del PP contra la propuesta de “ocupa el parlamento”, que fue tildado de “golpe” y de no se sabe cuantas tonterías más. Los griegos, los portugueses, rodean el parlamento día si día también, y nadie acusa de “golpismo”. El motivo es obvio, aunque todos ellos son burgueses y defienden los mismos intereses del capital, las formas son distintos porque los orígenes del régimen son distintos.
Por eso, en el Estado Español la respuesta al recorte de libertades políticas es tan importante como la lucha contra los ataques a los derechos sociales, puesto que las conquistas democráticas son mucho más endebles, y son el oxigeno donde el rechazo a los ajustes mejor se pueden organizar. Por ello es preciso organizar, ya, la movilización social unitaria, en defensa de los derechos conquistadas, que no se vean cercenados por las políticas del régimen y sus gobiernos. Todas las organizaciones obreras y populares deben ponerlo en el centro de la lucha.
Tomado de Kaosenlared