El 40% de los presos padece una enfermedad mental.
INTERECONOMÍA (ABIGAIL CAMPOS).- Pero en las cárceles hay médicos?”, les han llegado a preguntar a los profesionales de la sanidad penitenciaria en alguna ocasión. Los hay.
Concretamente 370, a quienes acompañan 550 enfermeros, 34 farmacéuticos y 400 auxiliares de enfermería y personal de apoyo. Y se pasan consultas médicas a demanda, programadas, por urgencias o por seguimiento a los reclusos. “Si un año una persona va 10 veces al médico, en prisión van 50 veces, casi una por semana”, explica Fabio Sternberg, subdirector médico del Centro Penitenciario Madrid VI, en Aranjuez y vicepresidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP). La población reclusa se sitúa en España en torno a 70.000 personas (en 1990 eran algo más de 33.000), pero su salud está “mucho más deteriorada” que la de la gente de la calle. “Tratar a 10 enfermos es como tratar a 100, por el número de patologías”, añade el doctor. El año pasado se generaron cerca de dos millones de consultas al médico, casi cuatro millones a enfermería y 194.000 urgencias quirúrgicas.
Las enfermedades más prevalentes son las mentales, consideradas la nueva epidemia. Cuatro de cada 10 internos padecen algún tipo de patología, entre las que destacan la esquizofrenia, la paranoia y el trastorno de personalidad asociado al consumo de drogas. El 4% de los casos es grave.
En España existen dos psiquiátricos penitenciarios, en Sevilla y en Fontcalent (Alicante), con 370 plazas. El resto (hasta 28.000) son tratados en prisión. “Pero si una persona es inimputable, nos preguntamos por qué está en un hospital psiquiátrico penitenciario”, apunta Antonio López Burgos, presidente de la SESP y médico de la prisión Sevilla I.
Aparte de las enfermedades mentales, el 22,4% de los internos está afectado de hepatitis C, lo que supone 10 veces más que la media de la población general; además, ocho de cada 10 reclusos reconocen haber consumido drogas en el mes anterior a su ingreso en la cárcel; y el 6,3% (unos 3.600 internos) está infectado por VIH, y la mayoría recibe tratamiento con antirretrovirales. El sida ha dejado de ser uno de los mayores problemas de las cárceles, según los especialistas. En ello tienen que ver programas de prevención. “Se hace un reparto de manera anónima de kits de preservativos y lubricantes una vez al mes, lo pidan o no”, explica Sternberg. Y, además, más allá de la contradicción de que la droga esté prohibida en las prisiones, se reparten jeringuillas para evitar que las compartan, lo que ha disminuido al 0% el nivel de seroconversión (los que llegan libres de VIH pero se infectan en la cárcel).
Otro de los logros de las prisiones españolas es haber reducido el riesgo de suicidio, que, pese a ser alto (23 fallecidos por esta causa en 2010, según datos de Instituciones Penitenciarias), se sitúa en una tasa de cuatro por cada 10.000 presos, frente a una media europea de 14.
Pese a todas las luces de la sanidad penitenciaria, también hay sombras. La atención especializada ha de prestarse en hospitales asociados (el coste lo asume el Ministerio del Interior), que en ocasiones están a muchos kilómetros de distancia. A veces, en esos hospitales se prescriben tratamientos farmacológicos que, una vez de alta y vuelta a la prisión, no se pueden administrar porque no forman parte de la guía terapéutica autorizada.
Reducir el gasto farmacéutico en prisiones es uno de los empeños de la Administración. En 2011 rondó los 37 millones de euros, dos millones menos que en el año anterior. Pese a todo, los medicamentos más consumidos son baratos (benzodiazepinas, antiinflamatorios, paracetamol, omeprazol…). Sin embargo, hay patologías, como la leishmaniasis, que precisan de un tratamiento con fármacos que cuesta 2.500 euros al mes. “Y eso se cubre con el presupuesto de la prisión. Pero hay presiones para que los médicos no prescribamos. Esa lucha existe”, admite Sternberg.
El ejercicio de estos profesionales tiene sus connotaciones legales, que trascienden lo médico. “Si un preso es enviado a aislamiento, debemos certificar que no existe inconveniente, por ejemplo”.
Casos como el del etarra Bolinaga, al que se le permitió salir de la prisión por padecer un cáncer, se producen con una frecuencia aproximada de uno cada 15 días, dice Sternberg. La decisión es del juez, previo estudio de informes médicos. “Pero teóricamente no debe morir nadie en prisión”, asegura.
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