«En España, las discográficas han llevado a juicio a Pablo Soto, un joven
de 29 años, brillante programador autodidacta quien, pese a no haber
pisado la universidad, ha sido capaz de idear programas P2P como Blubster, Manolito y Piolet, utilizados por 25 millones de usuarios, rivalizando con auténticos top como eMule o Ares. No es la primera demanda por las descargas -hay más de una veintena en marcha contra responsables de webs que facilitan enlaces- pero sí la primera contra un diseñador de software.
«La tecnología es siempre neutral, no se puede acusar a ningún
desarrollador por el uso que le den luego los usuarios. Ninguna aplicación está diseñada para transmitir ningún archivo en concreto, ni con copyright ni sin copyright. No me siento cabeza de turco, pero tampoco el héroe de las descargas ilegales», decía Soto a la entrada del juicio celebrado el mes pasado en Madrid».
El ‘software’, a juicio
El proceso a Pablo Soto sienta en el banquillo la herramienta de
descargas, y no a quien la usa
RAMÓN MUÑOZ
Puestos a hacer paralelismos, el debate podría remontarse a los albores de
la civilización, cuando los primeros bípedos pulieron los huesos de sus
presas para servirse de ellas como herramientas, pero también como armas.
¿Quién es el culpable del apuñalamiento? ¿El que empuña el puñal o el que
lo forja? Este viejo sofisma, envuelto en un halo de tecnología, aún
levanta polémica a propósito de las descargas de Internet.
Puestos a hacer paralelismos, el debate podría remontarse a los albores de
la civilización, cuando los primeros bípedos pulieron los huesos de sus
presas para servirse de ellas como herramientas, pero también como armas.
¿Quién es el culpable del apuñalamiento? ¿El que empuña el puñal o el que
lo forja? Este viejo sofisma, envuelto en un halo de tecnología, aún
levanta polémica a propósito de las descargas de Internet. Algunos
programadores han diseñado sistemas de compartir archivos mediante redes
descentralizadas en las que miles de internautas son al mismo tiempo
clientes y servidores, en una comuna informática anónima en la que nadie
le pide cuentas a nadie de lo que sube a la Red o lo que se descarga.
Bueno, nadie, exactamente, no. Porque la llamada industria cultural,
integrada por discográficas, grandes estudios cinematográficos y empresas
de videojuegos, estiman que esos programas vulneran la ley, al permitir
que se adquieran gratis películas, música y contenidos sujetos a derechos
de autor. Y como no pueden perseguir uno por uno a los millones de
internautas, han puesto su dedo acusador en los creadores de esos
programas, denominados gráficamente P2P (de persona a persona).
En España, las discográficas han llevado a juicio a Pablo Soto, un joven
de 29 años, brillante programador autodidacta quien, pese a no haber
pisado la universidad, ha sido capaz de idear programas P2P como Blubster,
Manolito y Piolet, utilizados por 25 millones de usuarios, rivalizando con
auténticos top como eMule o Ares. No es la primera demanda por las
descargas -hay más de una veintena en marcha contra responsables de webs
que facilitan enlaces- pero sí la primera contra un diseñador de software.
«La tecnología es siempre neutral, no se puede acusar a ningún
desarrollador por el uso que le den luego los usuarios. Ninguna aplicación
está diseñada para transmitir ningún archivo en concreto, ni con copyright
ni sin copyright. No me siento cabeza de turco, pero tampoco el héroe de
las descargas ilegales», decía Soto a la entrada del juicio celebrado el
mes pasado en Madrid.
La Asociación de Productores de Música de España (Promusicae) y las
multinacionales Warner, Universal, Emi y Sony le piden 13 millones de
euros por el perjuicio causado al haber violado presuntamente la propiedad
intelectual de su catálogo y por competencia desleal debido a que se
lucraba con una ventaja competitiva sin pagar los correspondientes
derechos.
El asunto tiene varios precedentes internacionales. Napster, uno de los
precursores del P2P que llegó a contar con más de 25 millones de usuarios,
fue cerrado en 2001 por orden de un juez estadounidense por violar los
derechos de autor. Aceptó pagar 36 millones de dólares (26 millones de
euros) a las discográficas. Ahora es una tienda legal con un catálogo de
seis millones de canciones que se promociona como vendedor ideal de
contenidos para el iPod y el iPhone.
Kazaaa tomó el relevo de Napster, pero también acabó en los juzgados.
Primero un tribunal en Australia le ordenó que pusiera los medios
necesarios para impedir que sus 100 millones de usuarios descargasen
canciones con copyright. Luego, la compañía se doblegó ante las
discográficas estadounidenses y aceptó pagarles una indemnización de 100
millones de dólares (72 millones de euros). Reconvertida en respetable, y
financiada por publicidad, ahora se anuncia como la primera firma del P2P
bajo la más absoluta indiferencia de los usuarios.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de MGM y otros 27
estudios cinematográficos contra Grokster, que diseñó un P2P para
descargar películas. En 2005, se cerró el sitio. Aún hoy si se teclea la
página web aparece un aviso amenazante: «Hay servicios legales de
descargas de música y películas. Éste no es uno de ellos». Luego, te
advierte de que tienen tu dirección IP (la que identifica la conexión de
cada ordenador) y concluye. «No pienses que no puedes ser pillado. No eres
anónimo».
No obstante, las discográficas españolas harían mal en fiarse de estos
ejemplos. El derecho anglosajón de propiedad intelectual no tiene nada que
ver con el español. Y prueba de ello es que han perdido casi todas las
batallas en los tribunales. En España no es delito descargarse archivos
(incluyendo los protegidos). Y tampoco lo es montar páginas web de enlaces
a esos archivos como han dictaminado numerosos fallos judiciales
(Sharemula, agujero, eliteDivX, por citar algunos casos). Únicamente
tienen una sentencia a favor, la de un juzgado de La Rioja que declaró
culpable este año al administrador de la web Infopsp por lucrarse
facilitando enlaces para descargar archivos, y le condenó a seis meses de
prisión y una indemnización. No obstante, esta sentencia se produjo por
aceptación del inculpado para evitar afrontar indemnizaciones millonarias
en un proceso civil, por lo que difícilmente podrá ser referente para
futuros procesos, ni crear jurisprudencia.
Por eso, la industria de contenidos ha decidido abandonar la vía penal,
consciente de que enviar a la prisión a alguien que facilita la labor a
los más de ocho millones de internautas que se calcula que realizan
descargas en España no da precisamente una buena imagen. En lugar de
prisión, exigen indemnización. Y Pablo Soto es la punta de lanza de
estrategia.
«No se puede criminalizar a alguien que ha creado una herramienta
tecnológica. Crea una incertidumbre absoluta para todos aquellos que
apuestan por la innovación. Estados Unidos intenta imponer su influencia
en la legislación porque defiende su industria cultural, que es la segunda
que más aporta al producto interior bruto. Mantener el status quo es
beneficioso para ellos, pero, ¿lo es para España? Están intentando imponer
un modelo cultural de derechos de autor que proviene del siglo XIX, y que
no es válido para la economía digital del siglo XXI», apunta Enrique Dans,
profesor del Instituto de Empresa y uno de los mayores expertos en
Internet.
El juicio se presenta ya juzgado, al menos ante la opinión pública. De un
lado, Soto, un programador joven que apela en su blog a «compartir el
arte». Y, de otro, la todopoderosa industria discográfica, que intenta
crujirle en los juzgados. «Es muy curioso que intenten presentar a Soto
como una especie de ONG, y a nosotros como las discográficas diabólicas,
con rabo y pincho, que intentamos ir contra ese joven emprendedor. Lo que
no dicen es que Soto no es un pobrecito mileurista sino alguien que vive
muy bien, que puede permitirse tener tres abogados en su defensa, y que ha
ganado mucho dinero vendiendo programas cuyo fin último es descargar
música protegida por derechos de autor. Soto cobra incluyendo publicidad
en sus páginas. En el juicio salió que no acepta anunciantes por una
cantidad menor de 10.000 dólares (7.000 euros). Y, además, también cobra
por la versión Premium de sus programas», dice Emiliano Figueroa,
representante legal de Sony Music.
Pablo Soto, a través de su empresa MP2P Technologies, SA, no niega que se
financie con publicidad, y está al alcance de cualquier usuario que la
versión Premium de sus programas, que elimina los anuncios, cuesta 19,95
dólares (14,4 euros).
El programador, que afirma que «la única forma de defender el arte es
compartiéndolo», protege tanto la versión Premium como la gratuita de sus
programas bajo los derechos de autor, los mismos que él denuncia por
obsoletos en el caso de la música que se descargan sus usuarios. David
Bravo, uno de los tres abogados de Soto, justifica en su blog este
detalle: «El software del que se habla no está desarrollado ni explotado
por Pablo Soto, sino por una empresa -con su plantilla de programadores y
sus accionistas- de la que Soto es administrador». A Bravo se le olvida
decir que Soto es también principal accionista de MP2P Technologies, la
empresa que explota sus programas.
En este punto, los argumentos empleados por Bravo coinciden con la postura
de las discográficas para llevar a Soto a los tribunales. «En los últimos
años han desaparecido casi todos los estudios de grabación, los músicos,
los técnicos de sonido, las tiendas de música. Las descargas están
acabando con miles de puestos de trabajo para que haya gente como Soto que
se lucre vulnerando los derechos de autor. Se habla siempre de las
discográficas como entes maléficos, pero tienen sus accionistas, sus
empleados y sus familias detrás», dice Figueroa, de Sony.
Y es que pese a que unos y otros hayan convertido el debate en una
cuestión metafísica, en el fondo no se sustancian los inmaculados derechos
de acceso a la cultura libre de los internautas ni la recompensa al
compositor o al guionista que se rompe la cabeza para crear canciones o
películas. Se trata de un asunto mucho más trivial: dinero.
Todos se juegan mucho. La patronal discográfica, según sus propias cifras,
ha visto cómo las ventas han caído un 30% en el primer cuatrimestre de
este año, y culpa de ese desastre a las descargas. No se paran a pensar
que tal vez ya nadie está dispuesto a pagar 15 euros por un CD del que
sólo interesa una canción. Del otro lado, los desarrolladores de programas
de software y de enlaces como Soto no son colegas que realizan un programa
en un garaje y lo ponen a disposición del mundo, sino empresas, con sus
accionistas y su cuenta de resultados. Nada que ver con el espíritu
libertario de los programas P2P pioneros como eMule, a disposición de
todos los usuarios, sin publicidad, sin administradores, sin abogados y
sin pagar un euro.
«Los músicos son un colectivo que siempre han permanecido cerca de la
tecnología. Sin embargo el caso de Pablo Soto es bien distinto. Se juzga a
unas empresas de las que él es administrador y responsable y que han
basado su modelo de negocio en la explotación de una tecnología que
básicamente es una herramienta para piratear música y se alimenta de
nuestras grabaciones. El propio Soto reconoció que cuando se le ocurrió
crear sus programas fue cuando cerró Napster y porque ‘vio una oportunidad
de negocio’. A esto se le llama ánimo de lucro», señala Antonio Guisasola,
presidente de Promusicae.
Muchos piensan que hay que reconducir el debate al primer párrafo de este
artículo: ¿Es lícito criminalizar al creador del programa? Entre ellos
está Julio Alonso, director de Weblogs, unas de las principales empresas
de blogs: «Es obvio que las herramientas no son ni buenas ni malas, lo
pueden ser sus usos. Un creador de herramientas idea un instrumento para
resolver un problema, una necesidad. Pero, además, muchas veces las
herramientas acaban resolviendo muy bien un problema para el que
inicialmente no fueron concebidas. Claramente la responsabilidad en cuanto
al uso es de los usuarios. Esto, salvo en los casos extremos de
instrumentos de destrucción masiva y sin usos alternativos (tipo bombas
nucleares), que obviamente no es el caso de Soto».
Javier Muñoz Pereira, director de iAbogado.com, un bufete especializado en
derecho de propiedad intelectual, no duda en enfrentar el debate del
cuchillo y la culpabilidad: «Quien distribuye un dispositivo con el objeto
de promover su uso para vulnerar los derechos de autor, y fomenta
deliberadamente esa vulneración (no desarrollando filtros, vendiendo
espacio publicitario, más rentable cuanto mayor sea el volumen de
intercambios, etcétera), debería responder de los actos resultantes de la
infracción por los usuarios que utilicen el dispositivo, con independencia
de que éste sirva también para usos lícitos. El argumento es del Tribunal
Supremo americano en el caso Grokster y Morpheus, plataformas similares a
las de Pablo Soto. Si aceptamos la metáfora del cuchillo, podemos
responder que hay un reglamento de armas que prohíbe determinadas armas
blancas por ser inadecuadas para sus fines o suponer un peligro objetivo
para la seguridad ciudadana, y a todo el mundo le parece bien. Si el
cuchillo que vendo se utiliza en el 99% de los casos para cometer
asesinatos y en un 1% para pelar naranjas, y yo promuevo constante y
lucrativamente el primer uso, alguna responsabilidad tendré».
Algunos de los argumentos empleados por defensa y acusación en el juicio
de Soto resultarían surrealistas para cualquier usuario de P2P, incluso
para el más novato. La defensa, por ejemplo, alegó que los que usan los
programas de Soto pueden compartir no sólo canciones o películas sino
apuntes o fotos personales. ¿Un estudiante de Edimburgo se descargaría
Manolito para compartir los apuntes de historia británica con un colega
anónimo de un instituto de Albacete que subiera sus apuntes de Ciudadanía?
Desde las discográficas, se exigió que Soto incluyera en sus programas un
sistema de filtrado que creara listas negras de sus artistas para impedir
las descargas y se quejaron de que se saltaran los protocolos DRM,
sistemas anticopia que protegen archivos con derechos de autor. Pero las
discográficas saben perfectamente que no existe ninguna tecnología que
permita discernir los archivos que están protegidos por derechos y los que
no, y que son ellas las responsables de introducir DRM en los artículos
que comercializan, y no un tercero como Soto.
Así las cosas, el debate ha derivado en un asunto de militancia. Ambos
frentes se han dogmatizado hasta límites delirantes. Se exige estar a
favor o en contra. Cualquier matiz es considerado un ataque personal y
doctrinal. Miguel Ángel Uriondo, periodista especializado en tecnología y
reputado bloguero, intenta aportar algo de cordura: «Por el lado de la
industria cultural no entiendo nada. En lugar de crear un modelo
sostenible e inteligente para su negocio, basado en la venta o alquiler de
contenidos de gran calidad, ingente catálogo y a bajo precio, usando las
modernas redes de telecomunicaciones existentes y compensando la caída en
ingresos unitarios con el aumento por volumen, defienden a muerte un
modelo de negocio caduco e irrelevante. Pero también por el lado de los
internautas, donde muchas veces se tiende a mezclar el argumento legítimo
con la descalificación personal o la crítica absurda».
El juicio de Soto está visto para sentencia. Sus programas son bendiciones
para miles de internautas. Intuitivos, manejables, rápidos y técnicamente
impecables. Y además son gratis. Pero, ¿son culpables? Que lo digan los
jueces.
Enredados en los tribunales
– En España, la descarga de archivos por programas P2P es completamente
legal, aunque estén sujetos a derechos de autor. Ningún usuario ha sido
nunca condenado por hacerlo.
– Las discográficas han denunciado a las páginas de enlace de archivos P2P
pero han perdido casi todos los procesos (Sharemula, TodoTorrente,
Agujero.com, etcétera). Sólo hay una condena penal firme contra la web
Infopsp, por aceptación del acusado.
– El juicio contra Pablo Soto, creador de programas como Manolito o
Blubster, es el primero contra un desarrollador de software en España. Las
discográficas le piden 13 millones de euros. Está listo para sentencia.
– En EE UU, fueron condenados a indemnizaciones millonarias los creadores
de programas como Napster, Kazaa y Grokster por violar la propiedad
intelectual. Se cerraron o llegaron a un acuerdo con discográficas y
estudios cinematográficos para legalizar su actividad.