Por décimo año consecutivo desde la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presentamos nuestro informe sobre la situación de la tortura en el Estado español. Y lo hacemos manteniendo los criterios de los informes anteriores, para facilitar la mejor comprensión de la evolución de esta problemática, que definimos, siguiendo el artículo 1º de la Convención de la ONU contra las Tortura y otras penas y/o tratos inhumanos o degradantes, como sigue:
«Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento».
En este informe se recogen 252 situaciones en las que se produjeron agresiones y/o malos tratos que afectaron a 527 personas.
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