Vicente López
El crecimiento desordenado del territorio de la provincia a causa de la expansión inmobiliaria está propiciando la aparición de un espacio social cada vez más segregado y menos cohesionado, según un estudio realizado por el profesor Fernando Díaz Orueta, del Departamento de Sociología II de la Universidad de Alicante. Un crecimiento urbano que, según el profesor Díaz Orueta, «no puede ser explicado sin hacer referencia a las transformaciones del sector inmobiliario inmerso en un espectacular proceso liberalizador impulsado por la administración pública».
Según este estudio de la Universidad de Alicante, la política urbanística desarrollada desde mediados de los años 90 en la Comunidad Valenciana han favorecido el aumento de la desigualdad social y la segregación urbana. «Con frecuencia se ejecutan grandes proyectos que suponen la transformación de barrios e incluso municipios enteros, con tiempos de ejecución muy dilatados y con importantes consecuencias sociales».
Señala el informe que en la provincia «se ha iniciado la construcción de decenas de miles de viviendas ignorando los derechos de los pequeños propietarios, desconociendo cualquier tipo de criterio planificador, causando daños ambientales irreparables y, en definitiva, dando lugar a un territorio cada vez más desequilibrado y caótico». Algo que ha llevado a la «consolidación y multiplicación de enclaves de exclusión social».
La situación actual es la un territorio con grandes déficit de equipamientos y servicios, desarticulado y donde «las tramas de corrupción vinculadas al negocio inmobiliario han arraigado con fuerza».
Sin embargo, el boom del parque de viviendas responde sólo muy parcialmente a un aumento de la demanda interna por la formación de nuevos hogares, porque el último Censo de Vivienda de 2001 señala que el 16% de las casas de provincia permanecen vacías, ascendiendo al 27,3% el porcentaje de las que eran clasificadas como de segunda residencia.
Otra de las causas del auge inmobiliario, apunta el profesor Díaz Orueta, es que la Costa Blanca se ha consolidado como uno de los lugares donde la rentabilidad de la inversión en vivienda resulta más alta y por lo tanto más atractiva. Saturada la primera línea de costa los promotores se han animado a hora a la construcción de viviendas destinadas a extranjeros en la segunda línea de costa. De este modo, favorecidos por la LRAU, se han producido masivas recalificaciones de suelo y construcción de nuevas urbanizaciones en municipios característicos muy diversos como Castalla, Biar, Monóvar, Monforte del Cid, Algorfa, San Miguel de Salinas, Orxeta, Hondón de las Nieves, Benigembla, Benasau, la Vall de Gallinera, etc. No pocos de estos nuevos proyectos superan en el número de viviendas a construir a las existentes en el conjunto de los núcleos urbanos consolidados.
El informe incluye dentro de los municipios que han entrado en una dinámica segregativa a las localidades de Torrevieja, Guardamar, Santa Pola, Benidorm, Altea, Calpe, Teulada-Moraira, Dénia, etc.
La crítica, señala Díaz Orueta no sólo proviene del ámbito ecologista sino de ciertos sectores empresariales preocupados por la pérdida de calidad de los equipamientos, el deterioro ecológico, la congestión creciente y la inseguridad.
(Artículo aparecido en el diario «Información»)