Desalinizadora financiada por el gobierno español que iba a suministrar agua a 53.000 vecinos no funciona ni tampoco los 17 km de tubería de mala calidad suministrados
La desalinizadora financiada por el gobierno español a través de la Sociedad Española de Tratamiento de Agua (SETA) y que iba a suministrar agua a 53.000 vecinos no funciona ni tampoco los 17 kilómetros de tubería de mala calidad suministrados.
La obra se financió con un crédito de 11 millones de euros, SETA dejó el proyecto a medio hacer y ha obtenido dinero público español para actuar en otras dos ciudades de Nicaragua.
Bluefields es la ciudad cabecera de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), que dista 383 kilómetros de Managua y tiene una población de 45.457 habitantes. Pero sólo 1.151 personas están conectadas al servicio de agua, que no es potable, sino salada.
La planta desalinizadora de Bluefields fue financiada con un crédito del Fondo de Ayuda para el Desarrollo (FAD), otorgado por el Gobierno español, y fue ejecutada por la Sociedad Española de Tratamiento de Agua (SETA).
Los créditos para la «cooperación» otorgados por el FAD obligan a que los materiales se compren a empresas españolas y las obras las realicen o dirijan empresas españolas. Lo cual se asemeja más a cooperación con la burguesía española que con los países del tercer mundo.
El proyecto incluía originalmente la planta desalinizadora con capacidad para producir 120 metros cúbicos de agua por hora, dos tanques de almacenamiento (uno rehabilitado y otro nuevo con una capacidad de almacenamiento de mil metros cúbicos de agua), 17 kilómetros lineales de tubería y quince hidrantes en toda la ciudad.
Sin embargo, el director general de SETA, Antonio García Panadero, justificó en una entrevista con La Prensa que un «reajuste» (eufemismo utilizado como sinónimo de encarecimiento injustificado) en el costo del proyecto «obligó» a realizar un adéndum del contrato original que dejó las conexiones domiciliares en manos de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal). En resumen, que la empresa imperial por el mismo dinero hizo poco más de la mitad del trabajo.
El delegado de Enacal en Bluefields, Orlando Barrios, asegura que actualmente la planta no funciona como debería hacerlo porque su operación es insostenible y el proyecto desde sus inicios era inviable. Para el funcionario local, el proyecto realizado por el Gobierno español y la ejecutora (empresa pública española) es “un desastre”.
Enacal sostiene en una nota de prensa que los problemas con la planta desalinizadora obedecen a un mal diseño, defectos técnicos, materiales deficientes e incumplimientos del proyecto por los que culpó a la administración española.