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Unas escuchas a policías en un caso de drogas destaparon las presuntas torturas a detenidos
La juez toma declaración a otros dos agentes locales, con lo que se elevan a 16 los efectivos implicados en la investigación
P.C./D.P.
La investigación sobre presuntos malos tratos a detenidos que dirige la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja se impulsó en enero a raíz de otras pesquisas abiertas para determinar supuestas irregularidades de algún miembro de la Policía Local en un caso de drogas, asunto por el que la juez había autorizado unas intervenciones telefónicas.
Las escuchas autorizadas para el asunto de la droga permitieron destapar las presuntas torturas, por lo que la Guardia Civil lo comunicó al juzgado y la investigación tomó un nuevo rumbo y se centró en los supuestos malos tratos, según explicaron fuentes próximas al caso.
La juez autorizó entonces una prórroga de las escuchas, aunque de la motivación inicial por el asunto de la droga se pasó a otra fundamentación jurídica para intervenir teléfonos a policías locales. Durante todos estos meses el juzgado ha ido recopilando las conversaciones grabadas por la Guardia Civil y cuando la juez consideró que había suficientes datos para culminar las pesquisas se pasó a la fase de las detenciones.
Además de las presuntas torturas a un presunto ladrón que fue detenido cuando iba a robar en casa de un policía local de Torrevieja cuando estaban dentro su mujer y el bebé, el caso que varió el rumbo de la investigación fue el arresto en Torrevieja de uno de los tres jóvenes que se vieron involucrados en un tiroteo con la Guardia Civil en Cieza tras cometer presuntamente dos robos. Uno de los jóvenes murió, un menor fue apresado en Cieza y el tercero fue detenido por la Policía Local en Torrevieja. Tras ser puesto a disposición judicial, éste último habría denunciado que fue agredido en dependencias policiales.
En alguna de las grabaciones la Guardia Civil escuchó alguna referencia al joven detenido tras el tiroteo de Cieza y por ello la juez decidió ordenar a la Benemérita unas pesquisas bajo el más estricto secreto.
Además, la magistrada Juana López Hoyos interrogó ayer a dos agentes municipales más y proseguirá en los próximos días con la toma de declaración a otros funcionarios, según informó el teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos López Coig.
Hasta la fecha han declarado en el marco de la investigación dieciséis policías locales, de los cuales ocho ya están imputados por la juez, y dos concejales del equipo de gobierno del Partido Popular.
Por su parte, José Luis Zambudio, abogado de la mayoría de los policías locales implicados y del concejal de Seguridad, aseguró ayer al periódico que ninguno de sus defendidos ha dejado de trabajar durante estos días.
En el mismo sentido se expresó un portavoz autorizado del equipo de gobierno, aunque otras fuentes cercanas a la investigación apuntan a que existe un auto judicial que como medida cautelar establece la suspensión cautelar de estos agentes, que no se habría ejecutado todavía.
El ambiente en la puerta de los juzgados se ha ido caldeando con el paso de los días ante la repercusión que las diligencias de investigación ha tenido en los medios de comunicación.
A los más de 25 redactores, reporteros gráficos y cámaras apostados a las puertas del juzgado y del Cuartel de la Guardia Civil, se suman a diario docenas de vecinos que desean expresar su opinión sobre lo que está sucediendo.
Algunos se enfrentaron verbalmente para defender, en unos casos, la actuación de la Policía Municipal o para criticarla, en otros.
Así, mientras una mujer aseguraba que los agentes defienden a los vecinos de los ladrones, otra les acusaba de tener comportamientos «agresivos» y criticaba al alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, por decir que no sabía «nada» de este asunto.
Por su parte, un comerciante argentino que asegura haber sido maltratado hace años por la Policía Local, se concentró ante el Ayuntamiento con varias pancartas. Minutos después agentes de la Policía Local le instaron a abandonar su protesta para posteriormente requisarle los carteles y fotografías que estaba mostrando. En la puerta del Palacio de Justicia el mismo vecino cruzó insultos con un viandante que le recriminaba su postura. En ese momento los agentes de la Guardia Civil que realizan las labores de seguridad en el Palacio de Justicia tuvieron que intervenir para zanjar el enfrentamiento en una calle atestada de vecinos procedentes del mercadillo semanal.
Al igual que en jornadas anteriores, varios ciudadanos se acercaron a las dependencias judiciales para denunciar ante los periodistas supuestos casos de malos tratos y abusos policiales. A diferencia del caso denunciado por el vecino de Torrevieja, Manuel Ferrández, otros cuatro asuntos planteados no estaban respaldados por denuncias que hubieran sido admitidas en los juzgados.
Tomado del Diario Información de Alacant