
´Los cadáveres se repatriaron sin identificar por la prisa del funeral´
EFE. MADRID
La Fiscalía mantuvo ayer su petición de entre 5 y 4 años y medio de cárcel para los tres mandos militares acusados de identificar erróneamente 30 de los 62 cadáveres de los muertos en el Yak-42, en una sesión en la que forenses turcos dijeron que los jefes militares sabían que repatriaban cuerpos sin identificar y «tenían prisa por llegar al funeral de Estado».
El forense turco Bülent Sam, que dirigió las labores de las autopsias, afirmó aseguró que subrayaron que para la correcta identificación se tendría que hacer un test de ADN, pero «los militares responsables españoles, con el general Vicente Navarro al mando, insistían en llevarlos sin identificar porque habían dicho que tenían que llegar al funeral que se iba a celebrar en España». Sam aseguró que los jefes militares españoles que acudieron a Turquía les prometieron que terminarían los trabajos de identificación en España y firmaron el documento final.
Müslümanoglu, el otro forense turco que declaró ayer, insistió en que el equipo militar español desplazado a Turquía sabía que había 30 cadáveres sin identificar.
Estos dos testimonios se contradicen con la declaración efectuada por el general Navarro el pasado 24 de marzo, en la que admitió que hubo errores en la entrega, no en la identificación y atribuyó a las autoridades y forenses turcos problemas con la gestión de los cadáveres.
El teniente fiscal Fernando Burgos elevó a definitiva su petición ante el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, de 5 años de cárcel para el general de Sanidad Vicente Navarro y 4 años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental.
Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita también una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno de los tres acusados: de 30.000 euros y 5 años para Navarro y de 24.000 euros y 4 años y medio para Ramírez y Sáez.
Burgos también reclama indemnizaciones por daños morales de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges, hijos y padres de los 30 militares cuyos cuerpos no se identificaron correctamente, una cantidad que de no poder asumirla los acusados deberá abonar el Estado en concepto de responsable civil subsidiario.
Como únicas novedades de su escrito, la fiscalía hace una descripción mas detallada y mantiene calificación jurídica. Además incluye en el apartado de responsabilidad civil a la aseguradora Zurich España.
En su escrito de acusación, el fiscal acusa a Navarro de elaborar la lista con los militares muertos y «rellenar» de forma arbitraria y «caprichosa» los treinta espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar.
A Ramírez y a Sáez el teniente fiscal les responsabiliza de hacer un informe de necropsia con 30 identificaciones realizadas de forma aleatoria. Por su parte, la Asociación de familiares de víctimas del Yak también elevó a definitivas sus peticiones, en las que reclaman seis años de cárcel para los tres acusados.
Con esta cuestión finalizó ayer el juicio y el juez Bermúdez anunció que proseguirá el próximo lunes con los informes del ministerio fiscal. Se prevé que el juicio concluya el próximo martes.
´El general Navarro olía a alcohol´
El forense turco Bülent Sam afirmó que el general Vicente Navarro, principal acusado de las erróneas identificaciones, estaba consciente, «pero olía a alcohol». Preguntado por el abogado de Navarro si notó una «actitud rara» de este general de Sanidad, Bulent Sam respondió que «estaba en condiciones, pero olía a alcohol. Y eso lo vio todo el equipo». Los forenses turcos, en unas declaraciones a los periodistas tras testificar ante la Audiencia, afirmaron que vieron al general Vicente Navarro beber vodka.
El juez Gómez Bermúdez expulsó ayer de la sala a un familiar de uno de los militares fallecidos en el accidente por increpar y acusar de «impresentable» al abogado defensor del general Navarro.
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