Los presos con menos recursos han pasado el verano sin el servicio.
ULTIMA HORA (V.M.).- Los recortes del Govern llegan a la cárcel. El Ejecutivo autonómico no ha renovado este año el convenio que mantenía con el Colegio de Abogados de Balears para prestar el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, mediante el cual se prestaban servicios a presos sin recursos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. La medida afecta a todas las cárceles de Balears incluida el joven Centro penitenciario de Menorca (CPM).
El servicio se llevaba a cabo mediante convenios anuales. El de este año concluía en abril y, según fuentes del Colegio, había un compromiso verbal con el anterior Govern para renovarlo. Sin embargo, con el nuevo Ejecutivo, la colaboración ha quedado en suspenso, si bien el órgano colegial ha mantenido varios contactos infructuosos con representantes de la Administración autonómica con el objetivo de ponerlo en marcha.
La nueva realidad ha llevado a que en el pasado mes de junio se suspendiera el servicio. Durante todo el verano no hubo ningún tipo de asistencia jurídica a los presos.
En septiembre, la Junta de Gobierno del Colegio puso en marcha un turno de oficio especial de Derecho Penitenciario.
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