Hoy 21 de febrero estamos aquí para celebrar un acto de solidaridad con la Comunidad de San José de Apartadó, Colombia.
Dos años después recordamos la terrible masacre en la que murieron ocho miembros de la comunidad de San José, incluidos mujeres y niños de corta edad, a manos de hombres que se identificaron como miembros del ejército colombiano. Dos años después estos asesinatos siguen IMPUNES. Pero hoy 21 de febrero queremos manifestarle al Gobierno colombiano que NO OLVIDAMOS
No olvidamos a Luis Eduardo Guerra
No olvidamos a Bellanyra de 17 años
No olvidamos a Deiner de 11 años
No olvidamos a Alfonso Bolívar
No olvidamos a Sandra Milena
No olvidamos a Santiago de 2 años
No olvidamos a Natalia de 6 años
No olvidamos a Alejandro Pérez
La Comunidad de Paz siempre ha insistido en que los combatientes se mantengan fuera de las zonas que habita y cultiva. Sin embargo desde que se creó la Comunidad de Paz, más de 160 de sus miembros han sido asesinados o han “desaparecido”, la gran mayoría a manos de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares, y los demás a manos de las FARC.
De hecho acabamos de recibir informes sobre nuevas amenazas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El pasado 15 de enero de 2007, se les acercó un grupo de 10 hombres armados que se identificaron como paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y pidieron información sobre la Comunidad de Paz, sus dirigentes y personas que trabajan con ella y les dijeron que estaban organizando un grupo especial para atacar la comunidad.
Es obvio que las autoridades colombianas no han llevado a cabo investigaciones imparciales y exhaustivas para no dejar en la impunidad estos hechos, ni han tomado medidas enérgicas y efectivas para proteger a la Comunidad de Paz. Los paramilitares siguen manteniendo una presencia en la región junto a la fuerte presencia militar y policial permanente en la zona.
Este febrero también queremos recordar como hace diez años la Fuerza Aérea colombiana junto a soldados de la XVII Brigada desarrollaron la Operación Génesis. Después de tres horas de bombardeos, aproximadamente 6.500 personas que vivían en 49 comunidades del municipio de Riosucio (Salaquí, Truandó, Quiparadó, Chintadó, Domingodó, Curvaradó) tuvieron que huir de sus hogares.
El conflicto colombiano que azota Colombia desde hace más de 40 años es un ciclo interminable de violencia que ha producido un ingente número de víctimas civiles. Entre los grupos que más han sufrido los abusos se encuentran las comunidades de origen africano, indígenas, campesinas y desplazadas, así como los activistas de derechos humanos, comunitarios y sindicales. Estos grupos se han organizado cada vez más para defender sus derechos y, al hacerlo, se han convertido en víctimas de graves amenazas y atentados.
Los defensores y defensoras de derechos humanos son objeto de atentados, intimidaciones, amenazas, detenciones y acciones judiciales arbitrarias e infundadas. El objetivo parece claro: crear un clima de temor para disuadir a los defensores y defensoras de los derechos humanos de continuar con su trabajo.
El pasado 31 de enero fue asesinada la defensora de los derechos humanos Yolanda Izquierdo en el departamento de Córdoba. Se cree que el motivo de las amenazas era su labor como representante de sobrevivientes de violaciones de derechos humanos perpetradas por los paramilitares en la audiencia de desmovilización del dirigente paramilitar Salvatore Mancuso.
Todas las partes en conflicto siguen demostrando un gran desprecio por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y todas han sido responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos tipificados en el derecho internacional, como homicidios, «desapariciones», torturas y secuestros.
Sin embargo la impunidad por los abusos contra los derechos humanos sigue siendo la norma. Militares de alta graduación, dirigentes paramilitares y guerrilleros continúan evadiéndose de la justicia.
Todo esto vuelve a arrojar serias dudas sobre un supuesto proceso de desmovilización de los paramilitares que a todas luces ha fracasado a la hora de desmantelar de forma eficaz a estos grupos.
Los grupos paramilitares siguen operando y violando los derechos humanos en todo el país, a pesar de que el gobierno colombiano asegura que han sido desmovilizados más de 30.000 combatientes.
Señor Zapatero, el Gobierno español y la Unión Europea deben dejar de apoyar el actual proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia que asegura la impunidad de los perpetradores de violaciones y abusos contra los derechos humanos. Deben exigir al Gobierno colombiano que garantice la protección de la población de la Comunidad de San José de Apartadó y de toda la población civil colombiana.
– Señor Uribe le exigimos que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales de los hechos denunciados.
– Señor Uribe NO A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ
– Señor Uribe ha llegado el momento que de una vez por todas se respeten las Recomendaciones de las Naciones Unidas y se respeten los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
– Señor Uribe: le exigimos: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS
Terminemos con un aplauso por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y al resto de las víctimas civiles de este conflicto.