Laura Juliana Muñoz
Recientes informes denuncian que en la guerra ellos son víctimas de
homicidio, reclutamiento forzado y desplazamiento.
Los grupos armados ilegales reclutan a niños de manera “generalizada,
sistemática y habitual”, según informó en agosto del año pasado la Corte Constitucional.
Los niños viven en la zozobra de la violencia. Luego la naturalizan y
empiezan a imitarla. “Tú eres guerrillero, yo soy del ejército y tú eres
paraco”, así empiezan a jugar con sus pistolas de plástico. De acuerdo con una investigación realizada durante el último año por la Corporación Nuevo Arcoiris y la Universidad Nacional, con apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la cuenta de cobro que les expide el conflicto armado es cuantiosa: reclutamientos forzados, secuestro, minas antipersona, abuso sexual, desplazamiento y traumas sicológicos.
Putumayo, Magdalena Medio y Arauca son tres de las zonas con mayor impacto del conflicto armado en los últimos cinco años y fueron el foco de estudio apoyado por la OEI para evidenciar el impacto de la guerra en la vida cotidiana de los niños.
Magdalena Medio: Los niños del cartel de gasolina
El desplazamiento forzado es una de las mayores problemáticas que afronta la
población infantil de la zona. Desplazarse les significa la desintegración
de sus familias, la huida ante un posible reclutamiento en contra de su
voluntad, ser víctimas de abuso sexual cuando viven en condiciones de
hacinamiento, afrontar las pérdidas de seres queridos y ser despojados desde
pequeños de sus hábitos culturales. Funcionarios del ICBF de Floresta
(Santander) también reportaron algunas de las consecuencias de la pobreza
que genera el desarraigo, como desnutrición crónica, diarrea y anemia.
La venta ilegal de gasolina, junto con el narcotráfico, hacen parte de los
motores que motivan el conflicto de este territorio repartido entre los
departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar y Santander. La
investigación de la Universidad Nacional y Nuevo Arcoiris explicó cómo los
niños son utilizados para la subsistencia de los carteles de gasolina: “En
Barrancabermeja se observó la utilización de niños entre los cuatro y seis
años en tareas de vigilancia y publicidad en el robo y venta de gasolina ya
procesada en los oleoductos de Ecopetrol, negocio ilegal que controlan los
llamados grupos emergentes”.
Arauca: El círculo de la guerra
También reclutados, desplazados, ‘campanitas’ de los carteles de gasolina.
También juegan a la golosa entre minas antipersonales. Arauca es llamado un
territorio en disputa entre diferentes grupos armados, sobre todo las Farc y
el Eln. De acuerdo con Arcoiris, el cultivo de coca es una de las razones de
la pelea por el territorio, que además se constituye en una salida para la
supervivencia de los campesinos y familias de desplazados, involucrándolos
así en un círculo infinito de violencia, como demostró uno de los
testimonios recogidos: “los cultivos garantizaban los ingresos de mi
familia, pero a la vez fueron el motivo para que tuvieran que desplazarnos.
A los siete años yo ya era raspachín y sabía procesar medianamente la hoja
de coca”.
No obstante, el comandante de la Policía de Arauca, Luis Alberto Ortiz,
aseguró que este negocio se ha reducido ostensiblemente, “pues pasamos de
2.400 hectáreas de coca en 2007 a 437 este año”.
Putumayo: “Se me quitaron las ganas de dibujar”
En este departamento los polígonos de entrenamiento y bases militares están
ubicados al lado de lugares de recreación e instituciones educativas. El
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lo ratificó en su
informe el pasado mes de agosto: “Las escuelas son atacadas por grupos
armados ilegales como represalia por haber sido ocupadas anteriormente por
las Fuerzas Militares de Colombia”.
Las minas antipersona son una de las formas en que los actores armados
ilegales intentan mantener el control de la población y de sus siembras
ilegales. De acuerdo con el Programa Presidencial para la Acción Integral
contra Minas, el número de víctimas entre 1990 y 2008 fue de 7.515 en
Colombia, de las que 722 eran niños.
Por si fuera poco, en Putumayo los niños viven en condición de pobreza a
causa del desplazamiento forzado que generan las fumigaciones y el terror a
la guerra, o el hecho de que una mujer —que la mayoría de las veces es
cabeza de hogar— tenga entre cinco y siete hijos. El resultado: desnutrición
crónica y mayor vulnerabilidad a vincularse con un grupo armado.
El impacto sicológico de la guerra es otra herida profunda. En el caso de la
masacre de El Tigre en este departamento, hace 10 años, un sobreviviente,
hoy en día de 15 años, relató: “Llegaron (los paramilitares) haciendo una
pelea muy fuerte y disparos. Al principio no quería estar solo, ni dormir
solo. Ni dormir. Yo no sé dibujar, después de eso se me quitaron las ganas y
ya no sé cómo se hace”.
Reclutamiento forzado en la infancia
En octubre de 2008, la Corte Constitucional afirmó que los grupos armados
ilegales estaban reclutando a niños de manera “generalizada, sistemática y
habitual”. El pasado mes de agosto el Secretario General de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, hizo un alarmante anuncio: “Se tiene constancia de que
las Farc han llevado a cabo campañas de reclutamiento de niños en las
escuelas. Se ha confirmado que algunos grupos armados ilegales que surgieron
tras la desmovilización de las Auc, también están reclutando a niños”.
Las cifras son desalentadoras. Según el Ministerio de Defensa, el número
estimado de niños que participan en grupos armados ilegales es de 8.000. Al
respecto, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, se pronunció
el mes pasado: “El Estado colombiano ha asumido su responsabilidad primaria
en la protección de las niñas y los niños que habitan en su territorio,
mediante la aplicación de políticas integrales y el fortalecimiento de las
instituciones que trabajan en esta materia”.
Niños que juegan a la guerra
No tengo motivos para dudar de cada una de las afirmaciones que hace el artículo, excepto de la última, en la cual un alto político del estado colombiano hace esta cínica afirmación: «El Estado colombiano ha asumido su responsabilidad primaria en la protección de las niñas y los niños que habitan en su territorio…»
Precisamente en el artículo veo excesivo el punto de vista gubernamental. Y es algo que me repatea de los colombianos, su excesiva reverencia a todo lo que sea «institucional». Que si la corte de nosequé, que si la fiscalía de tal… Amigos colombianos y colombianas, uds. no tienen un estado democrático; lo que tienen es una maquinaria al servicio de una oligarquía, que no duda en emplearla para asesinarles a uds.
Cierto que la delincuencia común y la guerrilla introducen a la infancia en prácticas criminales y/o bélicas. Eso es cierto y hay que denunciarlo, pero es que el estado es quien sin duda causa mayor daño a la infancia.
Podemos hablar de los cientos de miles de niños y niñas que viven desarraigados y en condiciones infrahumanas debido al desplazamiento provocado por ejército, policía y paramilitares para que las multinacionales que van de la mano del estado y la oligarquía que lo gobierna puedan especular con las tierras vacías introduciendo cultivos industriales o explotando la minería.
Podemos hablar de las niñas seducidas o violadas por los militares y policías, por los niños muertos en sus acciones bélicas, por los niños nacidos con malformaciones debido al glifosato con el que envenenan las tierras y ganados… y así un largo etc de crímenes.
Esperemos una nueva generación de colombianos y colombianas que no sean reverentes con el poder institucional, ni condescendientes con la violencia absurda de las guerrillas.