El 30 de octubre de 2009 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez firmó el
acuerdo militar, que se constituye en una concesión sin antecedentes a
favor de los intereses de Estados Unidos. Al permitir que soldados
norteamericanos hagan uso de siete bases militares y las que “sean
necesarias para desarrollar operaciones conjuntas”, el gobierno
colombiano formaliza la cesión del monopolio de la fuerza, aumenta el
riesgo de nuevas violaciones de derechos humanos y agudiza las tensiones en la región.
La presencia militar estadounidense en Colombia, el mismo ejército que
tiene invadido a Irak y Afganistán, despliega la IV flota en el Mar
Caribe y planea construir nuevas bases en Panamá, convertirá a Colombia en una plataforma global para lanzar operaciones bélicas y en un campo de entrenamiento de sus tropas. Nuestro territorio será usado para amenazar a otras naciones, interferir en los procesos democráticos en el continente y ser una pieza más del engranaje militar estadounidense.
De un plumazo se le cede al país del Norte el control sobre la soberanía
territorial, marítima y aérea, con el pretexto de una lucha antidrogas
que ha fracaso estruendosamente y la falacia de que las tropas
estadounidenses estarán bajo las órdenes del ejército colombiano. Bien
lo expresó la presidenta argentina, Cristina Fernández: “en ningún lugar
del mundo un general Fernández le ha dado órdenes a un general Johnson”.
¿Puede haber un acto de deslealtad mayor con una nación que el permitir
que tropas extranjeras asuman el control del ejército nacional?
Este acuerdo militar se da en medio de la que podría ser la más profunda
crisis económica en la historia de la humanidad, según lo han
manifestado el mismo FMI, el Banco Mundial y la OCDE, en la que Estados
Unidos se encuentra en la azarosa necesidad de tomar el control sobre
las fuentes de energía, los recursos minerales, la biodiversidad y el
agua, para mantener a flote su economía y salvar a sus corporaciones
transnacionales. No hay que olvidar que otros intentos de expansión
norteamericana en diversos países, a través de los Tratados de Libre
Comercio, han profundizado la ya precaria situación social y económica,
afectando negativamente a la mayoría de sus habitantes.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el acuerdo concedió inmunidad a
los militares estadounidenses, los contratistas, sus familiares y
dependientes que cometan cualquier tipo de delitos en nuestro
territorio, impidiendo que la justicia colombiana los juzgue y condene.
Este tipo de privilegios ha mostrado tener una relación directa con el
incremento de abusos de todo tipo, siendo uno de los más graves los
delitos sexuales contra las mujeres.
La decisión del gobierno colombiano tiene justamente el objetivo de
ganar legitimidad frente a la potencia estadounidense a cambio de
traicionar los intereses nacionales, renunciando a su obligación de
defender la integridad territorial. Su firma se constituye en la mayor
claudicación de la soberanía nacional desde el robo de Panamá en 1903.
Nunca había estado tan amenazado el destino de 44 millones de
compatriotas, a quienes nos condenan a una nueva esclavitud, de la que
los precursores de la república nos habían librado hace 200 años.
Invitamos a los colombianos, colombianas y extranjeros de los sectores
democráticos, de actividades productivas, empresariales, gremiales,
artísticas, culturales y científicas, a los trabajadores, campesinos,
mujeres, afrodescendientes, profesionales, intelectuales y académicos,
indígenas, asociaciones comunales, organizaciones no gubernamentales,
centros de estudio e investigación, universidades y medios de
comunicación, a conformar una gran Coalición por la defensa de nuestra
soberanía y el territorio, expresándonos y actuando en rechazo a las
bases militares estadounidenses en Colombia.