El presidente del Observatorio de la Vivienda denuncia las argucias de los ayuntamientos para financiarse a través de la enajenación de suelo
REDACCIÓN / F. J. B.
El presidente del Observatorio de la Vivienda -entre creado por Consejo General del Notariado de España y el despacho de abogados Garrigues- hizo ayer públicos los resultados de un informe sobre el mercado de la vivienda en España en el que se denuncia que la corrupción es el mayor problema del sector.
En el acto, el presidente del observatorio y del despacho Garrigues, Antonio Garrigues, señaló que el mercado inmobiliario «mueve tal cantidad de dinero que se genera corrupción», y subrayó que lo «mejor para luchar contra la corrupción es la transparencia, cosa que no existe en este sector», precisó.
En este sentido, destacó que en España hay un «auténtico déficit estadístico por la falta de unificación de datos en el mercado inmobiliario, por lo que insistió en que hay que trabajar en mejorar este aspecto con el fin de aumentar la transparencia.
Según el documento del observatorio, «la insuficiente financiación de las Administraciones locales -ayuntamientos- lleva a éstas a utilizar procedimientos no objetivos de transformación de suelo y con ello la práctica de la apropiación de plusvalías que se añaden a las cesiones de suelos y del 10% del aprovechamiento urbanístico».
Según los notarios, se ha extendido la práctica en los ayuntamientos de apropiarse, mediante convenio urbanístico, en estos procesos de transformación de hasta el 50% de las plusvalías esperadas. Dado que los ayuntamientos se financian en gran parte mediante la enajenación de suelo público, el observatorio recomienda modificar el sistema de financiación, no tanto a través de un aumento de los impuestos sino llevando a cabo una redistribución impositiva, «máxime cuando los ayuntamientos están asumiendo competencias y cargas sociales más propias de las administraciones autonómicas o estatal».
A juicio del observatorio, el urbanismo tiene que basarse en la concertación y la colaboración entre las administraciones así como de éstas con el sector privado, porque los patrimonios municipales de suelo «no pueden convertirse en instrumentos especulativos».
Los expertos del observatorio coincidieron en que el problema de la vivienda en España no es uno sólo sino varios, y también en que el precio de la vivienda es el que condiciona el precio del suelo y no al revés. La memoria de conclusiones destaca que el precio del suelo, coste del mismo y el precio de la vivienda están interrelacionados, pero, argumenta, en la medida en que el precio de la vivienda está condicionado también por el stock de viviendas, «el precio del suelo depende considerablemente de las expectativas». A corto plazo, afirma el observatorio, el precio debería estabilizarse porque «la gran demanda ya está abastecida y no parece que los tipos de interés o empleo vayan a sufrir turbulencias», aunque reconoce que a largo plazo la incógnita sobre su evolución aumenta.