Nuevo mamoneo urbanístico-costero en Alacant

La Dirección General de Costas, unas semana antes de que el PP abandonara el gobierno dió la razón a los Quiles, auténticos caciques de Elx en su demanda para lograr un nuevo pelotazo urbanístico. En este caso se trata de los terrenos que estos especuladores compraron por cuatro perras en los años ochenta, el Saladar de Aguamarga, entre Alacant y Santapola, un humedal de gran valor ecológico y de nulo valor económico en aquellos años, debido a su carácter inundable y a la protección de que ha gozado hasta ahora en virtud de sus innumerables valores ecológicos.

Las autoridades han concedido a los Quiles la posibilidad de desecar los terrenos y hacer su ansiada urbanización de lujo, con puerto deportivo y lago entre otras cosas.

Desde Tortuga queremos hacer pública nuestra indiganción con esta nueva cabronada del estado en favor de los auténticos dueños de este Sistema, los empresarios, que es para quien gobiernan, y eso se demuestra en estos casos, en los que el interés general queda por los suelos en favor de la avaricia de unos pocos.

Transcribimos el artículo del Diario Información:

MANUEL DOPAZO

La Dirección General de Costas ha aceptado la alegación de los hermanos Quiles, empresarios ilicitanos y propietarios del suelo, y ha dictado una resolución en la que reduce en más de 60.000 metros cuadrados el área de protección del saladar de Agua Amarga, al establecer un nuevo deslinde del dominio público marítimo-terrestre. Se da la circunstancia de que la resolución está firmada el 12 de abril, apenas una semana antes del cambio en el Gobierno de la nación.

La resolución de Costas, organismo del Ministerio de Medio Ambiente, se recoge en un extenso documento, de nueve folios, en el que se justifica la decisión tomada al señalar que el expediente sobre el deslinde del dominio público en los saladares «lleva más de doce años tramitándose», que «los titulares registrales de los terrenos han presentado una propuesta alternativa sensiblemente coincidente con la tramitada», y que «este Ministerio considera adecuada a la Ley de Costas la propuesta realizada y la acepta con el convencimiento de que es beneficiosa para los intereses públicos y para la protección de la costa, al incluir casi 30 hectáreas del antiguo saladar». Además, también se recalca que con esta decisión se evita «esperar a la resolución de un recurso contencioso que con los antecedentes sería de imprevisible conclusión».

Sin embargo, aunque la resolución hable de que la propuesta de los hermanos Quiles y la de Costas sean «sensiblemente coincidentes», la realidad es que el ámbito de protección del saladar se reduce en más de 60.000 metros cuadrados, ya que de los 360.000 metros que tenía, aproximadamente, pasa a menos de 300.000 (las casi 30 hectáreas citadas que señala la resolución).

Llama poderosamente la atención, en el informe, los términos totalmente peyorativos con los que se describe esta zona húmeda. Así, se indica que la actividad salinera cesó en los años 60 y que «como consecuencia del cese de la actividad, las instalaciones se encuentran en un estado muy acusado de abandono y deterioro», y que «la zona próxima a la carretera se ha convertido en una escombrera, las balsas han sido progresivamente colonizadas por la vegetación halófila y toda la infraestructura y red de distribución de agua se encuentra destruida, estando la mayoría de los canales de bombeo y retorno colmatados o semiderruidos, lo cual hace imposible la circulación del agua».Para nada se hace referencia a la importante riqueza faunística de la zona.

Además, también señala la resolución, que no se ha podido constatar que en el último siglo los terrenos del saladar hayan estado en contacto directo con el mar, sino separados del mismo por una duna fósil, y que ni siquiera con los mayores temporales ha entrado agua marina, por lo que la resolución de Costas concluye que «no se trataría de terrenos naturalmente inundables».

ANTECEDENTES

Una zona muy anhelada para fines urbanísticos

Los hermanos Quiles, propietarios de los terrenos del Saladar de Agua Amarga, intentan desde finales de los años 80 construir una macrourbanización de lujo. La actuación urbanística fue presentada en el Ayuntamiento por Marina Blanca, la mercantil que los Quiles crearon para llevar a la práctica el proyecto. Se habló de un gran puerto deportivo rodeado de viviendas de lujo con amarres a pie de parcela. Con el tiempo el proyecto ha sufrido importantes cambios pero está claro que estos 60.000 metros de más revalorizan esta operación. El saladar tiene una extensión total de 318 hectáreas, de las que ahora sólo 30 están protegidas por Costas.

Diario Información 14-5-04:

UN ECOSISTEMA AMENAZADO

La subdelegada del Gobierno investiga la reducción del saladar de Agua Amarga

Etelvina Andreu indaga con responsables de Costas y del Ministerio de Medio Ambiente la resolución que recorta el área protegida del humedal

MANUEL DOPAZO

La subdelegada del Gobierno, Etelvina Andreu, ha abierto una investigación al conocer, por lo publicado ayer por este periódico, la resolución del anterior director de Costas, que modifica el deslinde del dominio público en el saladar de Agua Amarga, lo que supone reducir su ámbito de protección. La polémica resolución, además, también recorta la servidumbre de protección de los cien metros actuales a sólo seis. Ecologistas en Acción califica la medida de «escándalo» y anuncia que acudirá a los tribunales sino es anulada.

Tal como se informó ayer, la resolución de Costas da la razón a los hermanos Quiles, empresarios de Elche y propietarios de los terrenos del saladar, y acepta la alternativa que han presentado para fijar el deslinde del dominio público en los saladares, lo que supone reducir en más de 60.000 metros su ámbito de protección.
Apenas una semana después de su toma de posesión, la nueva subdelegada del Gobierno ha abierto una investigación en toda regla nada más enterarse de la resolución del anterior director general de Costas, que estando desempeñando su cargo en funciones, suscribió la resolución sobre el deslinde del saladar de Agua Amarga.

Etelvina Andreu solicitó en la mañana de ayer el expediente de este asunto y por la tarde se reunió con el jefe provincial de Costas, Tomás Prieto, para conocer a fondo el caso y sus antecedentes. Además, y según informó un portavoz de la Subdelegación del Gobierno, la titular tiene previsto hablar hoy con el nuevo director general de Costas . También tiene intención de consultar este asunto con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
La resolución de Costas sorprende tanto por su contenido como por la fecha en la que fue suscrita, el 12 de abril pasado, por José Trigueros Rodrigo, el anterior director general de Costas. Se trata por tanto, tal como se ha informado, de una decisión tomada una semana antes de que el Gobierno de Aznar cesara y fuera sustituido por el nuevo gabinete de Rodríguez Zapatero. Fuentes consultadas cuestionan la legalidad de la resolución al subrayar que un cargo en funciones no puede tomar este tipo de decisiones.

DECLARACIONES DE CARLOS ARRIBAS, DE ECOLOGISTES EN ACCIÓ.

De la misma opinión es Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción, colectivo que presentó alegaciones a este expediente de deslinde del dominio público que se originó hace nada menos que doce años, ya que se remonta al 28 de mayo de 1992, cuando una resolución de la Dirección General autorizó la incoación del expediente de deslinde. Sorprende, por tanto, que un expediente que se está tramitando desde hace doce años, se haya resuelto en unas circunstancias tan especiales.

Con respecto al contenido de la resolución, fuentes consultadas señalan que además de los más de 60.000 metros cuadrados ya citados que pierde el saladar, también se ha producido un sensible recorte de la servidumbre de protección del saladar, que tenía cien metros y ha quedado reducida a sólo seis metros cuando lo normal es que alcance los 20 metros.

Si se tiene en cuenta que la franja marítima del saladar de Agua Amarga tiene alrededor de tres kilómetros de longitud, la rebaja de la servidumbre de protección es de muchos miles de metros también.

Para Carlos Arribas esta resolución de Costas es un «escándalo», señalando que «lo único que ha hecho la Dirección General es dar la razón a los propietarios del suelo y aceptar como suya la alternativa que presentaron».

El portavoz de Ecologistas en Acción del País Valenciano añade que «no se puede admitir que tras doce años de escritos, alegaciones, informes y trámites, la resolución de Costas sea la misma que presentaron los propietarios».

Fraude

Arribas no oculta su indignación tras la lectura de los nueve folios de la resolución, «ya que ni siquiera aparece el informe del Cedex, que hace un estudio científico de la inundabilidad de la zona». Para el portavoz del colectivo ecologista esta resolución es «un fraude», tanto por su contenido como por la forma en la que se ha dictado, por lo que anuncia que su asociación acudirá a los tribunales si no se anula.

En la resolución, el anterior director general, José Trigueros, señala que en el último plazo de audiencia a los interesados, los propietarios presentaron una propuesta alternativa en la que se indica que si bien los terrenos del saladar no han sido nunca naturalmente inundables, podría ser cierto que por el canal de desagüe construido, y en determinadas condiciones, el mar podría haber inundado balsas del saladar. Esta zona es la que propone la propiedad incluir en el dominio público, lo que acepta Costas en su resolución aduciendo que, según un informe de Tragsactec, la propuesta es «ajustada a la ley de Costas, teniendo en cuenta que si no fuera por la propia manifestación de la propiedad, sería difícil probar la inundación de las balsas».