El informe de la CIA sobre Iraq y los contratos petrolíferos
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=6119
Carlos Varea
Rebelión
El pasado 30 de septiembre la CIA hacía público su informe sobre las armas de destrucción masiva de Iraq (1). El informe fue elaborado para la Central de Inteligencia por Charles Duelfer, actual jefe del denominado Iraq Survey
Group de la Agencia y anteriormente vicepresidente ejecutivo de la Comisión de Desarme de Iraq de Naciones Unidas (NNUU) (2).
Las conclusiones del voluminoso informe son categóricas y ya conocidas: en el momento de la invasión, Iraq no disponía de armas de destrucción masiva y el gobierno
iraquí no tenía ni capacidad ni intención de fabricarlas. Una vez recocido
este hecho, el informe parece derivar hacia el esfuerzo de poner en
evidencia violaciones por parte del gobierno de Sadam Husein del régimen de
sanciones impuesto al país desde agosto de 1990, tras la invasión por parte
de Iraq de Kuwait, y prolongado después de la Guerra del Golfo hasta la
invasión de marzo de 2003.
Así, la primera parte del que se ha denominado Informe Duelfer dedica un
capítulo final (“Regime Finance and Procurement”) a los mecanismos
empleados por el gobierno de Iraq para la provisión “ilícita” de fondos
aprovechando el programa “Petróleo por alimentos”, que, establecido por el
Consejo de Seguridad (CS) en la resolución 986 de abril de 1995, entraría
en vigor en diciembre de 1996 tras una ardua negociación con el gobierno
iraquí en el período más duro para la población de Iraq. Por medio de la
resolución 986, el CS autorizaba a Iraq a comercializar su crudo bajo un
estricto control de NNUU, a fin de que el país pudiera comprar productos de
primera necesidad, siempre tras el visto bueno -contrato a contrato- del
denominado Comité de Sanciones, una instancia que reproducía la estructura
y el derecho de veto del propio CS.
El programa “Petróleo por alimentos”
El programa recibió entonces el calificativo piadoso de humanitario, pese a
haber sido impuesto por EEUU y Reino Unido como alternativa al
levantamiento paulatino e incondicional de las sanciones que Francia, China
y Rusia habían comenzado a plantear en el seno del CS desde que en fecha
tan temprana como -nada menos- el otoño de 1994 la comisión de desarme
especial para Iraq, la UNSCOM, creada tras la Guerra del Golfo, y la
Agencia Internacional de la Energía Atómica dieran por concluida la fase de
desarme efectivo del país y se hubiera puesto ya en marcha una segunda
denominada de “control y verificación” del mismo. Esta segunda fase de
control estratégico de Iraq se basaba en un complejo sistema de injerencia
indefinida (de “inimaginable aceptación” por cualquier otro país que no
fuera Iraq, dijo entonces el que por esas fechas era secretario general de
NNUU, Boutrus Boutus Ghali) que debía impedir el rearme del país.
Además de postergar indefinidamente el fin de las sanciones y tener un
efecto paliativo muy discreto sobre la situación de la población iraquí
(dos de sus coordinadores dimitieron por estos motivos uno tras otro,
Dennis Halliday y Hans von Sponeck), la entonces Administración demócrata
del presidente Clinton contempló en la puesta en marcha del programa
“Petróleo por alimentos” un mecanismo que permitiría a EEUU acceder al
petróleo iraquí. Ciertamente, la resolución 986 contemplaba que la tercera
parte de los ingresos por la venta del crudo iraquí se destinara al pago de
las llamadas compensaciones por la ocupación de Kuwait y la posterior
guerra: miles de millones de dólares han fluido desde entonces y hasta el
día de hoy por este procedimiento a las arcas patrimoniales de las
petromonarquías del Golfo aliadas árabes de EEUU (esencialmente Kuwait y
Arabia Saudí), a sus petroleras y al propio Israel. Con estos fondos Arabia
Saudí y Kuwait pudieron resarcirse del pago íntegro de la operación
Tormenta del Desierto de 1991: casi 80 mil millones de dólares.
El dinero obtenido por medio del programa era gestionado exclusiva y
directamente por el secretario general de NNUU siguiendo lo determinado en
las resoluciones del CS; es decir, el gobierno iraquí no accedía
materialmente al fondo de la venta del petróleo y, por ello, carecía de
dinero en efectivo y de divisas (3). El dinero era ingresado en una cuenta
abierta en Nueva York de la Banca Nacional de París. Asimismo, los
contratos que Iraq firmaba con gobiernos o particulares de terceros países
para comprar productos debían ser aprobados por el Comité de Sanciones,
antes mencionado. Al gobierno de Iraq solo le restaba la potestad de
determinar a quién vendía su petróleo para que fuera comercializado en el
exterior y a quién le compraba los productos autorizados por el CS.
Este limitado margen de libertad fue determinante para que el gobierno de
Iraq, seleccionado a determinados países (Francia, Rusia, China, España, a
sus vecinos árabes y Turquía, a India e Indonesia o Malasia), fuera
paulatinamente, a partir de 1997, rompiendo su aislamiento económico y
diplomático (por ejemplo, el gobierno de Aznar será el primer país de la UE
en reabrir por entonces su Oficina de Negocios en Bagdad). Aquí radicará la
razón por la cual la Administración Clinton determinará en el otoño de 1998
poner punto final a la denominada política de contención frente a Iraq (es
decir, de prolongación indefinida del embargo) y pasar a la de “cambio de
régimen” (aprobación por el Congreso estadounidense del Acta de Liberación
de Iraq): esta es la fecha del inicio de los planes de invasión de Iraq por
parte de EEUU, no el 11-S de Bush.
Los contratos petrolíferos
El informe de la CIA incluye en el apartado “Deceptive Trade Practices
Supporting Illicit Procurement” la relación de todos los contratos de
comercialización del crudo iraquí firmados por el gobierno de Iraq y
empresas, gobiernos, organizaciones y particulares de todo el mundo durante
las 13 Fases (semestrales, a contar desde el primer semestre de 1997) en
que estuvo en vigor el programa y hasta el inicio de la invasión, en marzo
de 2003. Según la CIA, la lista corresponde a la original en inglés
elaborada por SOMO, la empresa pública iraquí encargada de comercializar el
petróleo; es decir, es la auténtica y está completa. La lista en inglés y
su versión gemela en árabe fueron entregadas por un responsable del
ministerio iraquí de Petróleo el 16 de junio de 2004 al equipo de la CIA
dirigido por Duelfer. La lista -en realidad 13 listas- ha sido incluida
escaneada en el informe de la CIA y puede revisarse en su Anexo B, páginas
167 a 200.
Si bien el título de esta sección del Informe Duelfer hace referencia a
prácticas ilegales por parte del gobierno de Sadam Husein para proveerse de
fondos, la propia CIA reconoce tanto que la posible desviación de fondos no
estaba encaminada a lograr un rearme estratégico (sí a procurarse de
liquidez y divisas para otros fines), como que los contratos que aparecen
en las listas son todos ellos legales, dado que fueron suscritos en el
marco del programa de NNUU. Tenían que ser presentados por ambas partes
-por SOMO y por el adjudicatario- ante la Comisión de Sanciones del CS de
NNUU antes de el que crudo pudiera ser embarcada desde las terminales de
Fao, al sur de Basora. De igual manera, tanto SOMO como el adjudicatario o
la empresa que le representara estaban obligados a dar cuenta al organismo
internacional del destino final de la partida, es decir, a dar por
concluida la transacción, a fin de que las propias Naciones Unidas pudieran
contabilizar en la cuenta de Iraq el ingreso efectuado por el comprador
final del petróleo embarcado.
Ciertamente, quiénes firmaban el contrato de comercialización del petróleo
iraquí en Bagdad, en las oficinas del ministerio de Petróleo, podían
disponer del beneficio obtenido de su puesta en venta en el mercado
internacional, una ganancia con la que el gobierno iraquí contaba, al
ofrecer las partidas a un coste inferior al internacional. Esta práctica
tuvo su origen en las dificultades que encontró Iraq para poder vender su
crudo al inicio del programa, debido a las presiones de otros proveedores o
de las grandes petroleras. Buena parte del petróleo iraquí así exportado
desde diciembre de 1996 tuvo por destino final las refinerías de EEUU.
A partir de la octava fase -como era entonces sabido y recuerda el informe
de la CIA- el gobierno iraquí exigió el ingreso en cuentas clandestinas al
margen de Naciones Unidas, abiertas en Líbano y Jordania, de una
determinada cantidad de fracción de dólar por barril comercializado, lo
cual reducía al mínimo el margen de beneficio, máxime si había varios
intermediarios. Con esta medida, el gobierno de Sadam Husein confirmaba el
grado de fiabilidad de sus interlocutores políticos y económicos
exteriores, al tiempo que se proveía de divisas y dinero en caja. Algunas
empresas -Repsol-YPF, por ejemplo- indicaron entonces consternados a las
autoridades iraquíes no poder desviar tal cantidad de dinero de los
contratos firmados con SOMO: la preocupación por perder pie frente a
competidores europeos en el inmenso campo de la recuperación de la
industria y explotación petrolífera iraquí que se estaba abriendo en el
país fue entonces evidente.
Tras el informe de la CIA hoy tenemos una nueva confirmación de que ese
dinero no fue destinado, como decíamos, al rearme ofensivo de Iraq, ni tuvo
por destino cuentas secretas en paraísos bancarios a nombre de los
dirigentes iraquíes, como en su día balbuceó algún responsable
estadounidense. La mayoría de ese dinero fue a parar al Banco Central de
Iraq, como si de impuestos se tratara. Con esos fondos el régimen iraquí
compraba las piezas de recambio prohibidas por el CS (todas las relativas a
electrificación, telecomunicaciones e industria petroquímica), cuya falta
impedía la normalización socioeconómica del país; modernizaba los obsoletos
sistemas de defensa antiaérea, en unos años de impunes ataques diarios de
la aviación estadounidense y británica en las llamadas “zonas de exclusión
aérea”; o pagaba a las familias de los mártires de la Intifada palestina o
los estipendios de abogados europeos enfangados en una batalla legal con
los del CS por muchas irregularidades incluidas en las resoluciones
aprobadas desde 1991, por ejemplo.
En cualquier caso, la cantidad ilegalmente recaudada por este procedimiento
por el régimen iraquí puede considerarse calderilla comparada con las
cantidades que Iraq dejó de recibir desde la Guerra del Golfo de 1991 por
la prolongación del embargo petrolífero (y de dátiles, por ejemplo), pese a
la liberación del emirato kuwaití: un promedio de unos 20 mil millones de
dólares anuales.
Las listas de la CIA, de ‘al-Mada’ y de MEMRI
Ciertamente, el interés de las listas de SOMO incluidas en el informe de la
CIA es múltiple. En primer lugar, están completas, a diferencia de las
dadas a conocer el pasado 25 de enero por el diario iraquí en lengua árabe
al-Mada, que incluía tan solo 270 compañías, organizaciones e individuos de
medio centenar de países que habrían recibido contratos para la
comercialización de crudo iraquí por parte del gobierno de Sadam Husein.
La selección de nombres tuvo entonces un doble objetivo: el primero,
demostrar que el depuesto régimen iraquí había premiado a organizaciones o
individuos por su oposición al régimen de sanciones, o que había pretendido
comprar el apoyo a sus tesis de círculos oficiales y económicos
internacionales; el segundo, al excluir premeditadamente a otros
adjudicatarios del crudo iraquí (como ahora veremos, por ejemplo, en el
caso del Estado español, a Repsol-YPF o Cepsa), darle un carácter secreto a
la relación de nombres y al procedimiento, como si hubiera otra lista
pública y se hubiera procedido eludiendo el mecanismo establecido por el
CS. En suma, era la lista de los destinatarios de las propinas de Sadam
Husein que se espera encontrar en el ministerio de Petróleo en Bagdad, el
único ciertamente -damos fe de ello- que los bombarderos estadounidenses no
convirtieron en arenisca durante la guerra.
La elección del medio que debía dar a conocer la lista fue además muy
significativa: el recién creado diario iraquí antes mencionado, el humilde
al-Mada, dirigido por Fakhri Karim, un individuo con intereses
empresariales en EEUU, vinculado al Partido Comunista Iraquí e interlocutor
encubierto de su dirección con las sucesivas Administraciones
estadounidenses en los años previos a la invasión.
Pero la efectiva difusión internacional de la lista no se debió a este
medio árabe, ni a la primera página en árabe que la recoge, al-Bawaba: lo
hará en francés y en inglés Middle East Media Research Institute (MEMRI),
una institución creada en 1998, con sede en Washington y actual presencia
en Iraq, y que ha sido denunciada como la filial del Mossad en este país
(4). De estas versiones se harán eco, por ejemplo, El Mundo en su edición
del 29 de enero y el diario Le Monde al día siguiente.
Esta segunda lista fue nuevamente manipulada sin duda a partir de datos
aportados por servicios de información occidentales e israelíes: asigna a
determinados nombres de adjudicatarios de contratos petrolíferos de varios
países el nombre de organizaciones o partidos políticos, como si éstos
fueran los destinatarios reales de la partida de petróleo. Es el caso de
Basem Qaqish, empresario jordano nacionalizado español, y el Comité de
Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA). La impronta de la asociación ha
resultado tan perdurable que 10 meses después el diario El País, en su
edición del 8 de octubre, sigue identificando a Basem Qaqish y al CSCA,
pese a que las listas publicadas en el informe de la CIA, al que hacía
referencia el redactor en su artículo, no los asocia, como ahora veremos.
En su día, La Razón y La Clave se hicieron eco malintencionadamente y con
muy poco seso (5) de esta vinculación espuria establecida por MEMRI, que
por lo demás no debería obligar a ocultar la bien conocida relación
militante de Basem Qaqish con el CSCA, muy anterior a la aprobación del
programa “Petróleo por alimentos” y ejemplo de la generosidad, la
dedicación y el compromiso de algunos -muy pocos- miembros de la comunidad
árabe de este país con su propios pueblos.
‘Repsol-YPF’ y ‘Cepsa’, en las listas
Ciertamente, las listas originales habían sido recortadas por al-Mada y
vueltas a manipular por MEMRI. Por el contrario, las 13 listas incluidas
ahora en el informe de la CIA, si se acepta que son las auténticas (y deben
de serlo pues aparecen ocultos los nombres de adjudicatarios
estadounidenses), confirman que no había dos instancias de concesión de
contratos para la comercialización de su petróleo por parte de Iraq, una
secreta y la otra sometida al control de Naciones Unidas: todas ellas se
hacían por el mismo procedimiento, es decir, el impuesto por el programa
“Petróleo por alimentos”.
Así, si se repasan las 19 listas, ahora sí podrán encontrase los contratos
adjudicados, por ejemplo, a las grandes petroleras europeas, entre ellas
Repsol-YPF y Cepsa, que no aparecían en las listas de al-Mada y MEMRI.
Repsol recibió 12 partidas de petróleo iraquí en sucesivas Fases y desde la
primera de ellas; Cepsa cuatro, la primera en la tercera Fase. Ambas
compañías serán adjudicatarias hasta la última Fase, la 13, previa a la
invasión, lo cual confirma la confianza del gobierno iraquí en el papel que
el Estado español podría jugar en una resolución negociada de la crisis,…
o igualmente la apuesta hasta el final de éstas empresas respecto a un
sistema ya condenado, incluso por el gobierno Aznar. También aparece en las
listas publicadas por la CIA Expansión Exterior, la empresa mixta de
promoción del comercio exterior español, que recibe desde la primera Fase
-aún con el nombre de Sirecox- seis partidas de petróleo.
También es de gran interés tener en cuenta que las listas del Informe
Duelfer incluyen, junto con el nombre del adjudicatario, el de la empresa
que se hará cargo en primera instancia de comercializar el crudo otorgado
por SOMO, además de la cantidad adjudicada y embarcada. En el caso de las
petroleras españolas, la entidad adjudicataria de la partida de petróleo y
la que habrá de comercializarlo serán ellas mismas; en las partidas
adjudicadas a Basem Qaqish será la empresa de la que es socio, Lubna. Este
dato restituye la honorabilidad de Qaqish y sus relaciones con el CSCA,
puesta en duda en su día por La Razón y La Clave: desde la firma del
contrato en Bagdad con SOMO hasta su cierre en Nueva York, la empresa que
se hace cargo de la partida es siempre la misma, registrada en el Estado
español y fiscalizada. En suma, no se recurre a testaferros o a empresas
creadas ex profeso para borrar la pista que conduciría al adjudicatario
original en Iraq, como ocurre en otros casos que ahora veremos. En
síntesis, se puede especular -si se desea- que Basem Qaqish financió en su
día con los beneficios de la comercialización del crudo iraquí al CSCA,
pero en cualquier caso lo tuvo que hacer una vez que el ministerio español
de Exteriores (como era su competencia) gestionara los contratos firmados
por Lubna y SOMO ante el Consejo de Seguridad, y que la Agencia Tributaria
y sus propios socios en Lubna conocieran el balance de cada operación.
¿Javier ‘Robert’ o Javier Rupérez?
Ya en las listas parciales dadas a conocer por al-Mada, al-Bawaba y
finalmente por MEMRI aparece identificado como “español” un individuo de
nombre Javier Robert, del que nada se sabe. El primer contrato de petróleo
que recibe Javier Robert de Iraq corresponde a la Fase séptima, (primer
semestre de 2000). Tras éste recibirá de SOMO otros cinco contratos más, el
último de ellos en la Fase 13, la previa a la guerra. El volumen de
petróleo de cada partida se sitúa entre 1,5 y 2 millones de barriles de crudo.
Como muestran las listas publicadas por la CIA, Javier Robert carece de
empresa propia con la que levantar (este es el término empleado) el crudo
iraquí en las terminales de carga de Basora, y cambia en cinco ocasiones de
empresa intermediaria: Amposta (que es española), Alcon Petroleum (suiza),
Fenar Petroleum (radicada en Liechtenstein) y Aredio Petroleum (francesa).
Excepto la primera de ellas y quizás la francesa, las otras dos empresas,
ubicadas en paraísos bancarios donde se preserva por ley la identidad de
los socios, puede que carezcan de existencia efectiva y que hayan sido
creadas con la finalidad de ocultar la identidad del adjudicatario, como
antes decíamos. Estas empresas, sean o no reales, tenían que vender la
partida de crudo a intermediarios o directamente a una petrolera.
¿Quién es Javier Robert? Dos medios de comunicación, La Clave e Interviú,
afrontan en estos momentos sendas querellas presentadas por los abogados de
Javier Rupérez, a quién identificaron con Javier Robert (6). Javier Rupérez
fue desde el año 2000 y hasta el cambio de gobierno de marzo de 2004
embajador de España en EEUU y previamente presidente de la Comisión de
Exteriores del Congreso de los diputados, además de responsable de
Relaciones Exteriores del Partido Popular (PP). Según estos medios, Robert
sería la trascripción incorrecta del árabe del apellido Rupérez.
Traductores de árabe jurados han acreditado esta consideración para ambos
medios.
Particularmente la redactora de Interviú, Soledad Juárez, argumentaba
entonces sólidamente que al identificar a Robert con Rupérez se pondría en
evidencia la existencia de un grupo de interés del PP vinculado a Iraq,
ubicado en las más altas esferas del partido gubernamental, en la comisión
de Exteriores de la calle Génova y en algún gobierno autonómico, pero
articulado en torno a la dirección de la Fundación del PP, Humanismo y
Democracia, que hoy preside José María Aznar y cuyo patronato estaba
presidido, al menos hasta hace poco tiempo, por el propio Rupérez.
Ciertamente, las visitas a Iraq de Ricardo de León -coordinador general de
Humanismo y Democracia- y de José Félix González Noriega -secretario de la
Fundación- fueron muy frecuentes en aquel período (incluso al cumpleaños
del mismísimo Sadam Husein). Javier Rupérez viajó también a Iraq antes de
asumir su nuevo cargo de embajador en Washington, si bien en visita
calificada entonces de privada (su hermano Ignacio era entonces encargado
de Negocios de España en Bagdad). Pese a este carácter no oficial de su
viaje, Rupérez se entrevistó con Tareq Aziz, viceprimer ministro de Iraq.
Este grupo, dada su situación dentro del partido en el poder y en
determinadas instituciones oficiales, se habría reivindicado como lobby
ante las autoridades iraquíes, obteniendo, a cambio de su compromiso en
apoyar la postura de Iraq dentro del partido, del gobierno español y de
instancias internacionales, contratos comerciales del programa “Petróleo
por alimentos”, tanto de comercialización de crudo como de venta a Iraq de
productos, como documentó Interviú. Todos estos contratos serían,
ciertamente legales, suscritos en el marco del programa humanitario de
NNUU, si bien poco honorables y nada legítimos, por cuanto supondrían lucro
personal y habrían sido obtenidos gracias al desempeño de cargos públicos o
por la proximidad partidista a centros de toma de decisión gubernamentales.
Javier Robert recibió de Iraq su primer contrato petrolífero en la Fase
séptima, es decir, en el primer semestre de 2000, cuando Javier Rupérez se
hizo cargo de la embajada de España en Washington. Si fuera cierto que
Javier Robert es Javier Rupérez, éste habría obtenido a través de empresas
interpuestas contratos petrolíferos del gobierno de Sadam Husein cuando era
nada menos que embajador español en EEUU e incluso en fases en las que los
adjudicatarios -como hemos dicho antes- debían ingresar buena parte de sus
beneficios en cuentas secretas iraquíes.
Gracias al informe de la CIA ahora ya son conocidas las empresas a las
recurrió Robert, al menos aquéllas que debían hacerse cargo inicialmente
del crudo en Iraq, y quizás sea posible determinar cuál es la identidad del
titular de la cuenta donde se ingresaba el beneficio de la venta de ese
petróleo. Quizás ayude a esta identificación un detalle inédito hasta
ahora, sin duda importante, también aportado por el informe de la CIA y
sobre el que incluso ha ironizado el conservador diario ABC en su edición
del pasado 8 de octubre: en las dos últimas adjudicaciones de las seis
otorgada a Javer Robert (Fases 12 y 13) las autoridades iraquíes
identificarán a este personaje como “Spanish Public Party”, es decir,
“Partido Público español”, adscripción que antecede al nombre en las listas
originales publicadas por la CIA (pp.: 195 y 198 del informe). ¿Se trata
quizás de una mala traducción del árabe al inglés, esta vez de las palabras
popular o gubernamental?
Lucro, mentiras y guerra
Sean o no Javier Robert y Javier Rupérez la misma persona, la existencia de
un lobby del PP en Iraq en aquellos años es incuestionable, como bien
sabíamos ya entonces quienes viajábamos regularmente al país -como de su
dudosa fiabilidad, como luego se demostró. Ciertamente, la reapertura del
mercado comercial y energético de Iraq que conllevó la puesta en marcha a
partir de diciembre de 1996 del programa “Petróleo por alimentos” suscitó
el interés de gobiernos y corporaciones, también en el Estado español, que,
como hemos indicado antes, fue vanguardia en Europa -con el gobierno Aznar-
en la recuperación de lazos diplomáticos y económicos con un gobierno, el
de Iraq, que parecía de día en día más estable y solvente: pese a todas las
trabas del programa, Iraq comenzaba a ser de nuevo una potencia comercial,
un socio galanteado. Esta línea de recuperación paulatina de relaciones
diplomáticas y comerciales bilaterales sería abiertamente apoyada por
amplios sectores empresariales españoles, particularmente el de los
hidrocarburos.
Confirmado el fracaso de las sanciones como mecanismo para inducir un
cambio interno en Iraq y confirmados también estos inesperados efectos del
programa “Petróleo por alimentos”, la determinación primero de la
Administración Clinton y, a partir de 2000 y tras el 11-S, de la
Administración Bush de forzar militarmente el derrocamiento del régimen de
Sadam Husein inducirá al presidente Aznar a optar por el alineamiento
abierto con Washington y Londres, asociándose interesadamente a la lógica
de llamada “Guerra global contra el terrorismo”, una deriva abiertamente
desafiada entonces por las grandes petroleras españolas, que siguieron
viajando a Iraq.
Y una vez llevada a cabo la invasión, los mismos personajes de la dirección
de Humanismo y Democracia que viajan a Iraq antes de la guerra retornarán a
un país ya ocupado con el renovado afán de seguir haciendo negocios (7). La
cuestión es que, pocos meses después, debido al inesperado fenómeno de la
insurgencia armada en el país, la “tarta iraquí” que había que reivindicar
que la Administración Bush compartiera con sus aliados se había esfumado.
Pero esa es otra historia.
Carlos Varea fue presidente del CSCA hasta su dimisión en junio de 2004. En
la actualidad coordina la Campaña contra la Ocupación y por la Soberanía de
Iraq
Notas:
Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI on Iraq’s WMD, puede
consultarse integramente en la dirección de la CIA:
http://www.cia.gov/cia/reports/iraq_wmd_2004/index.html.
Una agria caracterización de Duelfer en la etapa en que fue inspector de
NNUU, antes de la invasión, por parte de Scott Ritter, ex marine
estadounidense y a su vez polémico miembro entre 1991 y 1998 de la anterior
Comisión de Desarme para Iraq de NNUU, la UNSCOM, puede leerse en The
Guardian de 9 de octubre de 2004.
Esta es una de las razones del nulo efecto del programa en la reactivación
socioeconómica de Iraq en aquellos años, al no permitir al gobierno iraquí
disponer de fondos para la contratación, subida de salarios o acometida de
proyectos. Por el contrario, el CS sí autorizó la entrada de dinero en
efectivo para la contratación y pago de salarios en la zona del Kurdistán
fuera del control gubernamental de Bagdad.
MEMRI, documento núm. 160, de 29 de enero de 2004 (www.memri.org).
La Clave, núm. 147, 6-12 de febrero de 2004; y La Razón, edición del
domingo 15 de febrero de 2004, en portada y pág. 12. Al respecto, el
ministerio de Asuntos Exteriores ruso indicaba el 2 de febrero en relación
con la lista publicada por al-Mada que los comentarios que habían
acompañado su difusión sobre pagos encubiertos del régimen iraquí
demostraban “[..] que tales aseveraciones solo pueden ser realizadas por
personas que desconocen completamente el procedimiento para la exportación
del petróleo iraquí cuando aún estaban en vigencia las sanciones [contra
Iraq]” (RFL/RL Newsline vol. 8, núm. 21, 3 de febrero de 2004). Esta
consideración cabe adjudicársela igualmente a los redactores de ambos
medios citados.
La Clave, núm. 147, 6-12 de febrero de 2004; e Interviú, núms. 1.450 y
1.452 de 9-15 de febrero y 23-29 de febrero de 2004, respectivamente.
Humanismo y Democracia acogió formalmente en Madrid la primera reunión tras
la guerra de los grupos y las figuras del exilio iraquí asociados a los
ocupantes, una cita que anticipó en pocas semanas la creación por Paul
Bremer del Consejo Gubernativo iraquí según criterios sectarios y
confesionales (junio de 2003). La web de esta Fundación es
www.humanismoydemocracia.org.