Juan Carlos Rois
Tortuga
En la actualidad parece que se mueven los mecanismos para la confección de los presupuestos generales del Estado del ejercicio que viene.
La ministra de defensa ha declarado con una mano que ella aspira a que «al menos» Defensa tenga el mismo presupuesto que en años anteriores, mientras que con la otra mano ya ha comprometido programas de armas de proyección (pensadas para el intervencionismo militar, no para la defensa del territorio) que «al menos» nos compromete y endeuda por más de 10.000 millones de euros más a futuro.
Es por ello el momento idóneo para poner en el tapete la reclamación social de menores gastos militares y mayor atención a las necesidades sociales, una reclamación que se ha sentido de forma tan intensa desde el inicio de la pandemia, se lleve adelante y tenga su reflejo.
Habitualmente salta a la palestra del debate el tema de los gastos militares con motivo de la aprobación de los presupuestos generales, no antes. Es entonces cuando, con encomiable esfuerzo y contra la opacidad del gasto militar, aparecen diversas estimaciones del gasto militar español y de cómo se encubre este. Es un esfuerzo inestimable efectuado en unos casos desde institutos pacifistas especializados y en otros desde el propio activismo antimilitarista, y ha tenido el mérito de desvelar la enorme opacidad y cinismo de quienes dirigen y consensúan desde arriba las políticas de seguridad y defensa, la exageración de nuestro gasto militar o la injusticia de las políticas que se financian con éste.
Pero ahora debemos exigirnos un paso más que el de denunciar lo irreparable a tiro pasado. Aparece en el horizonte la oportunidad de presionar socialmente para romper una dinámica cómoda del poder respecto al aumento e insensatez del gasto militar español, que ronda, según la estimación que prefiramos y los gastos «opacos y ocultos» que consignemos, entre los más de 20.000 millones de euros anuales y los más de 30.000 millones de euros anuales, de los que el Ministerio de Defensa reconoce menos de 10.000 millones de euros anuales.
Es hora de obligar al menos a romper la tendencia del inasumible gasto militar español en varias de sus líneas principales:
- su enorme volumen real, vinculado al gigantismo de la estructura militar
- su transversalidad y opaca dispersión por partidas insospechadas de casi todos los ministerios,
- su insostenibilidad económica y su enorme coste de oportunidad
- su financiación por medio de deuda y con el recurso inmoderado e injustificado del fondo de contingencia y de la ampliación de créditos
- así como la consolidación de un gigantismo y una desmesura militar que procura, la cual, por si fuera poco, no es necesaria ni siquiera desde el punto de vista militar, duplica organismos y estructuras, genera despilfarro y sitúa nuestros sistemas de armas y nuestro ejército como enfocados al intervencionismo y la injerencia militar, no a la defensa ni a la seguridad humana.
- Y la insolidaridad que supone cuando las necesidades más sentidas tienen que ver con gastos sociales que no llegan a cubrirse porque, se dice, no hay dinero para ello.
Y debe presionarse ahora, y no cuando la excusa de los hechos consumados salte a la vista, porque las fisuras y roces que se dan ahora en el tira y afloja de las negociaciones de cara a la aprobación presupuestaria puede ser una oportunidad inesperada para romper la consensuada dinámica de consolidación del gasto militar como algo no problemático en una clase política satisfecha con nuestro militarismo.
No somos ingenuos. Entre las cosas «atadas y bien atadas» en nuestro modelo político, el gasto militar brilla con luz propia. Existe una especie de sobreentendido de que estas cosas no se cuestionan. De hecho, hay una constante en la que sí están de acuerdo los «partidos de estado» y la práctica totalidad (por acción u omisión) del parlamento y no va a ser Podemos ni Izquierda Unida, que en el pasado no han ido más allá de una política de postureo respecto al militarismo con el que comulgan, quienes pongan el dedo en la llaga si no es porque no hacerlo les pase una factura importante e inasumible para sus intereses.
Y la factura importante no puede ser otra que la adición de un sentir social evidente (que vincula la prioridad de las necesidades sociales con la necesidad de invertir en ellas y de desprenderse de gastos inútiles o contrarios, como puede ser el gasto militar, la casa real, los pagos a la iglesia o a la banca y a los oligopolios privilegiados, o las inversiones de boato que nos han llevado al desastre) y cada vez más indignado con el pasteleo del gasto militar, a sumar a un activismo de las organizaciones sociales que ponga en solfa este tema, ya sea para que el innecesario gasto militar se reduzca ya para que se transfieran las partidas liberadas a desarrollar políticas sociales y de desarrollo humano.
Si la pandemia y el confinamiento que hemos sufrido han permitido el desenmascaramiento de la desatención social (cuando no el gradual desmantelamiento de sus dispositivos) de las políticas de nuestro estado y han desvelado la insuficiente atención a las necesidades sociales más apreciables por la sociedad, la nueva normalidad, urgida por la desescalada turística de sol y playa y de hacer girar la rueda productiva capitalista aunque sea al precio de estabular en fábricas y medios de transporte abarrotados a la sufrida clase trabajadora, ha servido para descubrir que, además, nuestra casta gobernante tampoco estaba dispuesta a cambiar sus prioridades y a invertir en seguridad humana tras el confinamiento, si no es porque no les quede otro remedio o porque se les vean demasiado las vergüenzas.
Y no queda otro remedio, porque «ellos» aún no sienten una presión social que los lleve más allá de pequeños cambios simulados para que nada cambie.
Veamos algunos ejemplos ilustrativos que servirán para delatar la desmesura de nuestro gasto militar abrumador y para cambiar algunas prioridades:
- Tenemos una «reserva» militar que paga a oficiales militares que no se necesitan (pero no se pueden jubilar aún) para que se vayan a su casa (incluso se les permite cobrar por otro trabajo distinto) y que nos cuesta al año desde hace décadas más de 500 millones de euros militares. Sólo con esta partida se puede aumentar la atención a necesidades sociales de todo tipo y de forma astronómica respecto al actual tratamiento que recibe.
- Tenemos un gigantismo militar más que evidente, con una ratio de militares por cada 1.000 habitantes de las más altas de Europa (cantidad que aumenta considerablemente si sumamos a la guardia civil que es pagada desde el ministerio de Interior a pesar de ser un cuerpo militar) y con una distribución de 1´7 soldados por cada oficial. Dicho gigantismo ahoga el presupuesto del Ministerio de Defensa y supone más de 5.000 millones de euros anuales, que, descontado el dinero que se consigna en el presupuesto de Defensa para comprar armas, implica más del 60% de su presupuesto del ministerio de defensa, presupuesto este último que, como se sabe, es solamente uno de los componentes del gasto militar. Resolver el gigantismo militar es matar dos pájaros de un tiro, librarnos de un insoportable peso, de una amenaza constante y liberar un estimable gasto que bien puede ir a fomentar otro tipo de actividad humana.
- Aplicamos inversiones y ayudas anuales multimillonarias a la industria militar para la fabricación de armas destinadas en una proporción cercana al 75% a la exportación y a países canallas. Suprimir estas ayudas nos liberaría al menos de entre 300 y 500 millones que el Ministerio de Industria destina, según los años, a la industria militar. Y ello sin contar con las ayudas autonómicas y las que provienen de la UE.
- Gastamos anualmente en operaciones militares en el exterior que nos convierten en uno de los países más intervencionistas del globo (90 operaciones militares desde Felipe González a la fecha actual y 17 en activo a fecha actual) más de 1.100 millones de euros anuales. Liberar esta partida por sí sola es una contribución estimable a la paz; destinarla a cubrir objetivos del milenio sería una contribución a un orden internacional justo.
- Defensa cuenta con tres organismos autónomos militares destinados, respectivamente, a especular con el patrimonio de Defensa y facilitar infraestructuras militares para los ejércitos y viviendas para los militares (INVIED), a la investigación militar (INTA) o a hacer de seguridad social para los militares (ISFAS). La suma de gasto militar fuera del presupuesto de Defensa y que se destina a dichos organismos, destina al año más de 1.700 millones de euros. Con suprimir estas instituciones, transferir a la sociedad civil sus capacidades para emplearlas en cubrir necesidades sociales de todos y absorber a los militares que sean necesarios dentro del sistema universal de la seguridad social, implicaría un importante ahorro de recursos y una buena hucha de la que tirar para el desarrollo de políticas de seguridad humana o para cubrir necesidades sociales tradicionalmente desatendidas.
- Destinamos a pagar capellanes castrenses, a financiar actividades militares dentro de AEMET, a operar satélites de uso militar desde el ministerio de Economía, Industria o como lo quieran llamar en cada caso, a facilitar barcos militares y de apoyo a las operaciones militares por parte del Instituto Social de la Marina o del Ministerio de Medio ambiente, y otras cerca de cincuenta partidas fuera del ministerio de Defensa, más de 200 millones de euros anuales que podrían liberarse para cubrir necesidades sociales infradotadas.
- La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) paga año tras año la insostenibilidad de NAVANTIA, que cuenta con pérdidas en sus cuentas anuales desde hace décadas a pesar de los generosos encargos del estado de armas que ni funcionan bien ni se necesitan y de la ayuda institucional para vender otras en países tan fiables como Arabia Saudí. SEPI lleva cubriendo pérdidas de NAVANTIA por encima de los 1.000 millones de euros hasta la fecha y destina al año una media de 100 millones para dicho agujero sin fondo.
- El suma y sigue es inabarcable. Sólo mejorar los sistemas de gestión de la defensa, evitar las duplicidades de oficinas y negociados, impedir la ineficacia y reducir los gastos superfluos podría ahorrarnos al año una cantidad estratosférica de euros que podrían destinarse a cubrir necesidades sociales evidentes.
- Del gasto militar dependen de forma directa más de 3.200.000 personas que cobran un sueldo, una paga, una prestación o una pensión, una población cautiva del militarismo que implica más del 7% de la población española.
- La suma del gasto militar oculto en otros ministerios y departamentos ministeriales alcanza al menos, según mis estimaciones, los 9.400 millones de euros en números redondos, cantidad que llegará a superar anualmente los 14.500 millones si le sumamos las ampliaciones de créditos que anualmente ocurren en el gasto militar, la repercusión de la deuda pública que teóricamente debe sufragar el déficit de nuestro presupuesto anual y las cantidades que se destinan, fuera de presupuesto, a las operaciones militares en el exterior. Si dicha cifra, oculta en otros ministerios y partidas presupuestarias ajenas al Ministerio de Defensa, se destinara a cubrir las necesidades sociales para las que nos dicen que no hay dinero, es de suponer que el desarrollo social sería muy distinto.
Pero conseguir una drástica reducción del gasto militar es imposible si se mantiene el actual modelo de defensa.
Exige un paso más allá; precisamente el que nuestros políticos no quiere abordar, que es el de la reconversión de lo militar a fines socialmente útiles, lo que implica, cuando menos, drásticas reducciones de personal sobredimensionado, drásticas reducciones y liberaciones de espacios puestos al servicio de la defensa, la supresión y en su caso conversión a fines socialmente útiles de la industria enfocada a la guerra, la supresión de programas de adquisición de armas, una reorientación del actual intervencionismo militar español y de las alianzas en las que participa, y un largo etcétera que implica un gradual cambio de la obtusa política de defensa por una política de seguridad humana que no haga del militarismo su instrumento.
En la medida en que las reclamaciones sociales articulen movilización por estos propósitos y los movimientos sociales pongan en la agenda social y política la problematización del gasto militar, será posible, tal vez, reducir el gasto militar y cambiar una política nefasta que agrede nuestros derechos. Un gasto militar que está considerado por el propio relator de la ONU para un orden internacional democrático y justo, como uno de los mayores impedimentos para el logro de este objetivo de Naciones Unidas a escala planetaria.