Complicidad y encubrimiento en los mayores crímenes habidos desde su creación
El 6 de febrero de 2008 el juez Fernando Andreu Merelles emitió un Auto en el que se dictaba orden de arresto contra 40 máximos cargos del FPR (Frente Patriótico Ruandés) que gobierna Ruanda de manera totalitaria desde julio de 1994. Durante varios años, en el marco de la querella interpuesta por el Forum internacional para la verdad y la justicia en el África de los Grandes Lagos, el juez titular de la sala 4ª de la Audiencia Nacional había centrado su investigación en las responsabilidades referentes a la muerte de millones de ruandeses y congoleses, así como a las del asesinato de 9 misioneros y cooperantes españoles, testigos incómodos de algunas de las masacres del FPR. Pero a comienzos del presente año 2009, dio un paso más: se interesó por el pillaje ilegal de los recursos naturales del Congo. El magistrado pidió al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, las pruebas que sirvieron de base a los tres informes de la misma ONU que atribuyen ese pillaje principalmente al presidente de Ruanda, Paul Kagame, a su entorno de multinacionales mineras y a tres altos procesados más.
Han pasado los meses sin que el juez haya recibido respuesta. Ahora la acaba de recibir directamente nuestra fundación, iniciadora de la querella: el secretario general ha constituido un grupo de expertos para investigar la financiación de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, la guerrilla que sobrevive en el Este del Congo y que según el FPR y sus poderosos padrinos está compuesta, ¡cómo no!, por genocidas. Las instituciones financiadoras de nuestra pequeña fundación acaban de recibir una carta firmada por el coordinador de dicho Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 1857 (2009), Dinesh Mahtani. En ella se les insta a presentar toda la documentación sobre las subvenciones que nos han concedido, ya que “el Grupo ha recibido información fidedigna de varias fuentes independientes que sugieren que [la fundación] podría haber prestado asistencia al grupo armado anteriormente citado”.
Hace unos meses, el omnipotente jefe de Estado mayor de Ruanda y número uno de los 40 buscados por la Audiencia Nacional, James Kabarebe, fue detenido en Sudáfrica. Su detención fue comunicada al juez español, quien puso en marcha inmediatamente los trámites para la extradición. Pero 24 horas después de su detención, semejante asesino, con cientos de miles de muertos a sus espaldas, fue liberado por no se sabe que cómplices de la alta política internacional. Desde estos hechos estábamos esperando su contraataque: suponíamos que los responsables del FPR empezarían a tomar conciencia de que esto va en serio y reaccionarían de alguna manera. También el secretario de Estado Angel Lossada, en un viaje a Ruanda de hace sólo unos días, ha recibido la enérgica queja de las autoridades ruandesas, ya que, según dicen, estas órdenes de arresto son “un gran problema para el gobierno de Ruanda”, que está impidiendo que estos 40 “servidores” del pueblo desarrollen sus funciones con normalidad. Todo lo tratado en ese viaje ha girado en torno a la querella.
Sabíamos que los dirigentes del FPR están seriamente preocupados por este proceso español. Pero que la ONU se preste a hacer de gendarme en este juego mafioso, nos parece lamentable. Aunque esto no nos extraña. Es lo que, desde su creación, la ONU ha hecho en África Central bajo las directrices de los Estados Unidos. Las gravísimas responsabilidades de la ONU, como instrumento al servicio de esa gran potencia y de algunos de sus aliados anglosajones o belgas en el asesinato del primer ministro congolés Patrice Lumumba y en el golpe de estado que dio el poder a Mobutu están ya más que probadas. Pero nada se ha hecho desde entonces. Por todo cuanto la ONU representa, su impunidad es la más escandalosa de nuestro mundo. La historia se repite ahora. La impunidad de la que ha gozado tras aquellos crímenes hace ahora posible esta reincidencia.
La ONU y en especial Kofi Annan, galardonados en 2001 con el premio Nobel de la Paz, están encubriendo desde hace años informes como el Gérsony que prueba la existencia de un verdadero genocidio contra la etnia hutu. U otros como el informe Hourigan, que prueba que la autoría del grave atentado terrorista que el 6 de abril de 1994 acabó con la vida de los presidentes hutus de Ruanda y Burundi y la de los otros 10 pasajeros del Falcon 50 presidencial y desencadenó el genocidio de los tutsis, corresponde a Paul Kagame, el hombre fuerte de las potencias anglosajonas en esa región. La ONU, décadas después del asesinato de Lumunba es de nuevo el instrumento de los Estados Unidos y de las grandes multinacionales en el pillaje del Congo, pillaje que ya ha ocasionado millones de muertos, pillaje en el que la ONU vuelve a archivar informes como el Garretón, pillaje del que se niega ahora a entregar las pruebas a la Audiencia Nacional española.
Que la ONU pretenda acusar de la financiación de la guerrilla de las FDLR a una pequeña ONG mallorquina sin recursos, es ridículo. Que esa gran organización, sobre la que pesan tan graves responsabilidades, se dedique a perseguir a simples ciudadanos que no están dispuestos a permanecer pasivos y silenciosos ante estos grandes crímenes, deja en evidencia el grado de su propio deterioro. Que se convierta en el gendarme que realiza trabajos sucios para estos criminales del FPR y para sus poderosos padrinos internacionales, es penoso. Aunque es cierto que la ONU ha elegido la mejor vía para intentar desacreditarnos y para cortarnos de raíz cualquier subvención, asustando a las entidades públicas que vienen financiando el Diálogo Intra Ruandés y la acción de justicia que ha hecho posible estas órdenes de arresto que molestan cada vez más a estos grandes criminales. Intenta también amedrentarnos, cosa que no le será tan fácil como lo es el desacreditarnos.
En la rueda de prensa que la ministra de Asuntos Exteriores de Ruanda, Rosemary Museminali, dio conjuntamente con el Sr. Lossada, anunció que durante la visita que hará a España el ministro Justicia, Tharcisse Karugarama, invitado por el Sr. Lossada, aquel se encargará de demostrar claramente cómo las acusaciones de “Mirelles” tienen motivaciones políticas. ¿Se vendrá ya con el informe elaborado por el Grupo de expertos de la ONU en el que se nos acusa a los querellantes de tener no ya motivaciones políticas sino de incluso estar financiando a la guerrilla? Pero creo que Ban Ki-moon y sus poderosos padrinos se han equivocado de jugada. No han tenido en cuenta una vez más las más poderosas fuerzas que mueven la historia: la verdad, la misericordia, la dignidad… El fantasma del primer ministro Patrice Lumumba y el de los presidentes asesinados más recientemente, Ndadaye, Habyarimana, Ntaryamira y Kabila, así como el de todos aquellos millones de víctimas que ellos han traicionado perseguirá a estos poderosos hasta su último suspiro en su lecho de muerte.
Juan Carrero Saralegui, presidente de la Fundació S´Olivar.
Fundación S’Olivar