En el mes de diciembre de 1970 tuvo lugar en España el «Proceso de Burgos»,
en el cual un Tribunal militar juzgó a miembros de la resistencia vasca
acusados de la muerte del Comisario Melitón Manzanas, conocido torturador
de Gipuzkoa durante la dictadura franquista.
El sumario 31/69 constaba de unas 5000 páginas y en ellas se acusaba a
unas 16 personas ya detenidas y otras en el exilio de pertenecer a ETA.
Entre los acusados se encontraban Xabier Izko, al que se lo inculpaba de
ser el autor de la muerte de Melitón Manzanas y además: Teo Uriarte,
Jokín Gorostidi, Xabier Larena, Unai Dorronsoro y Mario Onaindia como
instigadores al asesinato, para todos ellos el Fiscal solicitaba la pena de
muerte. En la jurisdicción militar no existía el recurso y las pruebas
aportadas se aprobaban o rechazaban por decisión exclusiva del juez
militar de instrucción. El Código Militar preveía que se entregase el
sumario al abogado defensor sólo cuatro horas antes de antelación a la
celebración del Consejo de Guerra. En definitiva, la defensa no tuvo la
posibilidad de aportar pruebas. El 28 de diciembre se hicieron firmes las
condenas, las cuales por la presión internacional fueron conmutadas por el
dictador español el 31 de diciembre.
El 8 de junio de 2004 en la República Argentina será juzgado Josu Lariz
Iriondo, un ciudadano vasco que luego de vivir en Uruguay durante muchos
años, donde se radicó y formó su familia y además desarrolló su actividad
profesional de cocinero en un restaurante, fue extraditado a la Argentina
en una maniobra poco clara de la justicia uruguaya, país en el cual ha
existido como tradición el «derecho de asilo». Es ante el requerimiento del
«Juez estrella» Baltasar Garzón y las presiones político-económicas de los
intereses españoles en el vecino país que se a puesto fin a la aplicación
de ese «principio ético», que elevaba la consideración de un pueblo como el
uruguayo, en la defensa de los derechos individuales y humanitarios.
El juicio aparentemente tendrá total sintonía con el juicio de Burgos, ya
que el Juez argentino ha rechazado la aportación de pruebas fundamentales
provenientes del Uruguay, como la negativa de la Justicia uruguaya al
pedido de extradición, el informe sobre la tortura en el Estado español de
Amnistía Internacional y la aportación de testigos por parte de la
defensa, entre los cuales se encuentra el Premio Nóbel de la Paz Adolfo
Pérez Esquivel.
La dependencia económica de nuestros piases hace posible la ingerencia de
intereses multinacionales que presionan para lograr influir sobre los
poderes republicanos locales, en este caso sobre la Justicia.
Los cambios producidos en España no traerán nada positivo para el pueblo
vasco y sus perseguidos, y como antecedente de lo antes dicho podemos citar
la política del anterior gobierno socialista, donde los GAL fueron la
repuesta estatal para intentar resolver el «conflicto vasco».
Lo que más lamentamos como argentinos étnicamente vascos, es la pérdida del
ejercicio de la Soberanía por parte de nuestras autoridades, donde se
privilegia lo económico a la defensa de los Derechos Humanos. Por parte de
España, sólo cabe rescatar la incapacidad manifiesta para dar solución al
contencioso vasco, cuya naturaleza tiene una raíz política y su solución
sólo será posible por medios políticos a partir de un diálogo generoso
entre todos los involucrados en el contencioso.
Hoy Josu Lariz Iriondo en Argentina solamente se encuentra «arropado» por
sus afectos, los amigos y la simpatía de quienes son consecuentes con la
idea de que todo los pueblos tienen derecho a la autodeterminación.
Mucho nos agradaría que Josu Lariz Iriondo pudiera acceder al beneficio del
«asilo» en nuestra Patria Argentina, la cual ya en 1940 cobijó a miles de
vascos finalizada la guerra civil española. Las autoridades argentinas
tiene la palabra, sólo se trata de ejercer el derecho a ser Soberanos, como
lo hicieron un grupo de patriotas el 25 de mayo de 1810.
Prof. César Arrondo
República Argentina
Información obtenida de la web de apoyo a Josu, www.josu-askatu.org de la que podréis obtener todo tipo de información sobre Josu, y sobre la campaña internacional de apoyo.
El refugiado vasco Josu Lariz Iriondo, pieza de canje entre los presidentes Batlle y Aznar
El refugiado político vasco Josu Lariz Iriondo permanece detenido en Argentina, luego de ser expulsado ilegalmente por el Gobierno uruguayo, tal como estableció la justicia de ese país, que pidió su inmediata restitución.
No obstante, el Ejecutivo que lidera Jorge Batlle advierte que no hará caso al mandato judicial y se empeña en divulgar pruebas falsas contra el ciudadano vasco.
Lariz Iriondo llevaba quince años viviendo en Uruguay, donde cuenta con una importante reputación como cocinero. Había sido detenido por primera vez en 1991 junto a otros once ciudadanos vascos, en el marco de un operativo ordenado por el Gobierno español y cumplido a rajatabla por el Ejecutivo uruguayo, entonces encabezado por Luis Alberto Lacalle.
En aquella ocasión, la justicia uruguaya rechazó su extradición. Sin embargo, exactamente diez años más tarde fue detenido en su domicilio, donde vivía junto a su esposa, de nacionalidad uruguaya. En el allanamiento, los efectivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia no encontraron más que libros de cocina. Sin embargo, al llegar al juzgado «plantaron» documentos falsos, según los cuales varios ciudadanos vascos que residen en Uruguay habrían planeado atentados.
«Cuando en el juzgado me preguntaron al respecto, le contesté al fiscal que todo era una gran mentira, en la que estaban interviniendo los servicios de Inteligencia del Estado español para desprestigiar a los refugiados vascos que estábamos en Uruguay», manifestó Josu Lariz en una entrevista publicada recientemente por el diario vasco «Gara».
Basándose en esas pruebas, la jueza Ana Lima procesó a Lariz por «asistencia a la asociación para delinquir», figura delictiva creada durante la última dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985). Ese mismo día, los funcionarios de Inteligencia habían detenido en el Aeropuerto de Montevideo a los miembros del Consejo Directivo de Udalbiltza Loren Arkotxa y Xarlo Etchezaharreta. Paralelamente, otro refugiado vasco había sido arrestado en su vivienda. Estas tres personas recuperarían la libertad tras ser interrogadas por la magistrada Lima.
Por su parte, Lariz permaneció en prisión hasta el 20 de diciembre de 2001. Siete meses después, mientras el juicio continuaba, fue nuevamente detenido y enviado a Cárcel Central, esta vez a raíz de un nuevo pedido de extradición formulado por el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón.
En la tarde del 22 de noviembre de 2002, la jueza Aida Vera le comunicó que el pedido de extradición había sido rechazado, por lo que debía quedar inmediatamente en libertad. Sin embargo, los policías le volvieron a poner las esposas, argumentando que previamente tendría que pasar por otro juzgado. Sin embargo, todo estaba minuciosamente planeado: los agentes lo condujeron en un patrullero hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo. Allí lo aguardaba un avión con destino a Buenos Aires.
Para posibilitar la salida del país de Lariz Iriondo, los funcionarios de Inteligencia le suministraron un pasaporte falso, elaborado por la embajada española en Montevideo y con validez por siete días. Contra su voluntad, el refugiado vasco fue subido al avión y trasladado a Buenos Aires, quedando detenido en la «Sección Seguridad Antiterrorista y Delitos Complejos» de la Policía Federal. Cabe destacar que el operativo fue ocultado tanto al abogado como a los familiares del refugiado vasco, quienes se enteraron dónde estaba tras dos horas y media de absoluta incertidumbre.
La expulsión, tal como han señalado los abogados, estuvo plagada de irregularidades. Entre otras cosas, la ley de ese país establece que los extranjeros que residan en el país y estén casados con ciudadanas uruguayas no pueden ser expulsados. Y también dice que el expulsado cuenta con un plazo legal para apelar la medida. Sin embargo, ninguno de estos aspectos valió a la hora de sacar por la fuerza a Lariz.
Actualmente, la jueza argentina María Servini de Cubría analiza el pedido de extradición enviado por Baltasar Garzón, quien ha vuelto a presentar los argumentos que la justicia de Uruguay ya rechazó en dos oportunidades. Asimismo, el ciudadano vasco pidió asilo político al Gobierno de Eduardo Duhalde, planteo que aún no ha tenido respuesta.
Mientras tanto, la jueza uruguaya Gabriela Merialdo ha exigido al Gobierno que restituya a Lariz, ya que aún tiene una causa abierta. Esta magistrada entiende que la expulsión fue ilegal y violó los derechos del afectado, por lo que también tramitó un exhorto a la Suprema Corte de Justicia -máxima instancia judicial- para que obligue al Ejecutivo a anular la expulsión.
No obstante, el presidente Jorge Batlle y su ministro de Interior, Guillermo Stirling, han asegurado que no permitirán que el refugiado político vuelva a Uruguay. Ocurre que, de acuerdo a las informaciones publicadas por varios medios locales, Batlle negoció la expulsión directamente con el presidente español José María Aznar, obteniendo a cambio una asistencia financiera de 40 millones de dólares. Además, el líder del Partido Popular le prometió que haría gestiones ante la Unión Europea para que Uruguay amplíe su cuota de venta cárnica a ese mercado.
El diputado uruguayo Guillermo Chifflet, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, calificó el hecho como un acto de «vasallaje voluntario», al tiempo que denunció que las pruebas contra Lariz Iriondo «fueron montadas». «Lo digo con toda honestidad, no pensaba encontrarme ante una ilegalidad tan flagrante como la que cometió el presidente Batlle con este ciudadano vasco», dijo Chifflet.
Josu Lariz tiene una explicación muy sencilla para todo esto. «El Estado español nos persigue y acosa por no renegar nunca lo que somos: refugiados políticos e independentistas vascos», afirmó durante la entrevista concedida a Gara.
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia ha ordenado una investigación a las juezas Lima y Vera. En el caso de esta última, el órgano judicial investigará por qué dos días antes de comunicar a Lariz que no sería extraditado, le informó su decisión al Gobierno. En cuanto a Lima -quien tras ser trasladada de cargo decidió renunciar-, a través del sumario administrativo se intentarán establecer sus complicidades con el Ejecutivo para facilitar la expulsión.