El fiscal pide para una agente oriolana dos años de prisión y su inhabilitación
La juez, que imputa a la acusada un presunto atentado contra la Guardia Civil, emplaza a la policía a un nuevo juicio el 27 de agosto tras no llegar a un acuerdo en la primera vista
E.D.G./S.LL.
La Fiscalía ha solicitado para la agente oriolana imputada por un presunto delito de desacato y atentado a la Autoridad, tras resistirse y agredir presuntamente, a cuatro agentes de la Guardia Civil de Torrevieja dos años de prisión e inhabilitación de su cargo en el cuerpo de la Policía Local.
La joven, de 26 años, fue detenida por miembros de la Benemérita el pasado jueves en un restaurante de Torrevieja tras protagonizar un altercado con el personal del local y posteriormente con agentes de la Guardia Civil, junto a su novio y otros amigos. En el altercado resultaron heridos leves tanto los agentes de la Benemérita como la agente oriolana, que iba de paisana y que, según fuentes cercanas al caso, se negó en todo momento a identificarse ante los guardias. Según las citadas fuentes, la agente reiteró su condición de Policía Local durante los hechos.
El nuevo juicio está previsto para el próximo 27 de agosto después de que el primero, que instruyó la juez Iris Valero, terminara sin conformidad, ya que tanto la agente imputada como su compañero sentimental se negaron a aceptar los cargos y la petición del fiscal.
Por otra parte, la juez ha abierto diligencias por supuesta alteración del orden público y coacciones a la Guardia Civil por parte del padre de la imputada, intendente de la Policía Local de Orihuela y otros compañeros del cuerpo oriolano. Estas últimas imputaciones se derivan de unos momentos de tensión que se vivieron a las puertas del Palacio de Justicia de Torrevieja el pasado sábado entre miembros de ambos cuerpos y mientras la chica estaba declarando ante la juez. Una decena de compañeros, entre ellos su padre, se personaron en las dependencias judiciales para apoyar a su compañera e impedir que fuera fotografiada. La juez ordenó, a través de la Guardia Civil, el desalojo de los presentes y obligó a cada uno de ellos a identificarse.
Por su parte, desde los sindicatos policiales de Orihuela se está estudiando tanto el caso de la detención de su compañera como la actitud de la Guardia Civil en la puerta de los juzgados por si se derivara de los hechos un abuso de autoridad por parte de los agentes de la Benemérita, ya que entienden que sus formas y actitud ante los locales no han sido adecuadas.
Por su parte, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Alicante (AUGC) se emitió ayer un comunicado en relación a los hechos ocurridos. Esta entidad manifestó, en primer lugar, no estar «a favor de suscitar el enfrentamiento corporativo entre cuerpos policiales, por el perjuicio al servicio público de seguridad que prestamos y por la mala imagen que de cara al ciudadano puede dejar». Añade la nota que los hechos han sido puestos en conocimiento de la Autoridad Judicial «y por lo tanto vamos a respetar y a no interferir en su pronunciamiento sobre los mismos».
No obstante, la asociación indica que quiere «hacer ciertas matizaciones que los sindicatos policiales que se han pronunciado han omitido, con una total falta de coherencia». En este sentido, señalaron que se pone en tela de juicio la actuación de varias patrullas de guardias civiles, «que estaban de servicio y fueron requeridas para actuar por la supuesta actitud de esta persona, hija del Intendente jefe de la Policía Local de Orihuela, que además se encontraba de fiesta y fuera de servicio en un local». Por todo ello, «esta delegación muestra su apoyo y el máximo respeto a los guardias civiles que, estando de servicio fueron requeridos para actuar y así lo hicieron, cumpliendo con su obligación», concluye el comunicado.
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