MURCIA
El escándalo de Marbella estaba cantado. Años de permisividad de las administraciones y de parte del poder judicial han permitido a especuladores urbanísticos y sus representantes políticos a acampar en un Ayuntamiento para enriquecerse ellos y sus allegados. Lo que queda por aflorar es mucho más que lo descubierto; aquí y en otros municipios del litoral andaluz, la realidad supera la ficción.
Marbella es sólo el ejemplo más llamativo y la punta de un iceberg de un modelo que se ha implantado en todo el litoral levantino y murciano, y que se extiende de forma imparable en nuestra Región. Los Ayuntamientos, en muchas ocasiones se han convertido en meros intermediarios de las empresas constructoras e inmobiliarias, que deciden cómo y cuando se recalifican los terrenos, a cambio de pagos legales -los famosos convenios urbanísticos-, o ilegales, la pura y simple corrupción. Las ciudades no se planifican en función del interés general, con el objetivo de dotar de viviendas dignas y asequibles y de equipamientos a todos los ciudadanos como establece la constitución, sino que se planifica en función de proyectos inmobiliarios y por la influencia de los especuladores urbanísticos.
En nuestra región asistimos a situaciones de un modelo urbanístico y depredador del son tan responsables muchos Ayuntamientos como la propia Comunidad Autónoma, unos por ser los promotores de este modelo especulativo que fomenta la corrupción, la Comunidad por permitirlo y por aprobar planes urbanísticos faraónicos que están destruyendo de forma irreversible nuestros recursos naturales: suelo, paisaje y agua, hipotecando nuestro futuro.
El objeto del «Convenio Urbanístico» es exclusivamente la recalificación del suelo del beneficiario a cambio de una contraprestación económica. Este modelo deja el planeamiento en manos de promotores y constructores, va en contra del interés público y favorece la especulación.
Es necesario acabar con la permisividad política y social que ha existido con la especulación y la corrupción urbanística. Hay que introducir cambios en la política urbanística y en la legislación para que no haya más Marbellas. Los Ayuntamientos no pueden seguir invocando a la autonomía municipal para cometer más desafueros y seguir destruyendo nuestro territorio. Las leyes deben permitir, con agilidad y contundencia, la intervención de los poderes públicos y los tribunales para paralizar promociones ilegales e intervenir en la administración local, retirándoles sus competencias cuando se usan para fines ilícitos.
Es necesaria una moratoria en la aprobación de convenios urbanísticos y una reforma de la Ley del Suelo que permita planificar nuestras pueblos y ciudades con criterios de sostenibilidad, dando prioridad a la construcción de vivienda de protección oficial que facilite el acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos, y a un turismo de alojamiento que es el que más empleo y actividad económica genera. Nuestro litoral y nuestro territorio es uno de nuestros recursos más preciados, no podemos seguir con su destrucción.