Mientras toda certeza de voluntad de supervivencia de los servicios públicos pareciera haber desaparecido de la agenda gubernamental en el último año de crisis, sólo la continuidad del entramado bélico no es cuestionada nunca por los distintos gobiernos españoles, seguramente por ser todos ellos los alegres responsables de la acumulación, sólo en programas especiales de armamento, de más de 31.000 millones de euros de deuda militar.
Eso supone 660 euros por persona si hubiera que costear esa deuda entre los 47 millones de habitantes del país, lo que representaría, de tener que ser devuelta de golpe este año, al menos uno de cada tres euros del total de deuda que va a ser afrontada este ejercicio (“deuda consolidada de los P.G.E.”).
La objeción fiscal a los gastos militares (mediante la cual centenares de contribuyentes hemos desviado sólo el año pasado más de 90.000 euros a fines sociales, en el contexto de una de las más veteranas campañas de desobediencia civil) se refuerza, por tanto, como una necesaria y organizada reacción de rechazo a los recortes sociales y a esa llamativa contradicción en el discurso institucional, que tanto ha favorecido el incontrolado gasto en armamento.
Artículo publicado en diferentes medios, como carta al director.