La planta nuclear de Garoña fue escenario ayer de una protesta para exigir su cierre definitivo y desmantelamiento. Activistas de Greenpeace bloquearon la entrada de la central para advertir de las grietas de la estructura y las enfermedades que la actividad nuclear están causando en la población. Los miembros de Greenpeace quedaron en libertad sobre las 20.35 tras declarar ante el juez. La Coordinadora contra Garoña mostró su apoyo a la protesta.
DONOSTIA
Varios activistas de Greenpeace se encadenaron ayer por la mañana a la entrada de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para pedir al Gobierno español su cierre y desmantelamiento, ya que sufre un proceso de agrietamiento y su actividad ha provocado un aumento de los casos de cáncer entre la población de la zona, tal y como recoge un estudio del Ministerio de Sanidad español.
La protesta comenzó a las 9.00 de ayer cuando seis miembros de Greenpeace se encadenaron a la parte superior de la puerta de entrada de la central y desplegaron una pancarta en la que se podía leer «Garoña falla: ¡cierre ya!». Al mismo tiempo otros doce activistas se situaban en la entrada portando lemas en favor del abandono de la energía nuclear.
Según una nota del Consejo de Seguridad Nuclear español, el Servicio de Seguridad de la central nuclear intensificó «las medidas de seguridad interior, bloqueando los accesos a las áreas vitales». Tras seis horas y media de protesta la Guardia Civil decidió detener a todos los activistas y llevarlos al cuartel de Quintana Martín Galíndez. A la tarde los detenidos tuvieron que declarar ante el juez. A las 20.35 fueron puestos en libertad, aunque quedaron bajo disposición judicial bajo la imputación de desobediencia y resistencia a la autoridad.
Grietas y cánceres
Los grupos ecologistas han denunciado en numerosas ocasiones el estado de la central de Garoña, ya que su estructura sufre un proceso de agrietamiento, que según reconoció el año pasado el Consejo de Seguridad Nuclear español, se han detectado nuevas grietas en zonas diferentes a las consideradas usuales. Por eso, distintos colectivos han advertido de la peligrosidad de la actividad nuclear y han asegurado que la central de Garoña es «obsoleta», tiene «defectos estructurales» y, por lo tanto, «su funcionamiento es peligroso».
Además, estudios sobre el estado de salud de la población de la zona, como el elaborado por el Ministerio de Sanidad español, advierten que los casos de cáncer de pulmón y estómago han aumentado considerablemente desde la puesta en marcha de la actividad nuclear. Sin embargo, Antonio Cornadó, responsable de la empresa Nuclenor, se mostró confiado en que la planta consiga una nueva prórroga hasta 2019.
Apoyo de la Coordinadora
La Coordinadora contra Garoña mostró ayer su apoyo a la protesta llevada a cabo ayer por Greenpeace. Mediante una nota de prensa la Coordinadora denunció que «respecto a la situación de Garoña todo es silencio e incertidumbre» aunque haya sufrido incidentes y problemas que «se repiten un año sí y otro también». Por todo ello, afirmó que «por sentido común y por preservar la salud y la seguridad de unas comunidades» que durante años han sufrido los impactos continuados de la central nuclear es necesario exigir su clausura.
Sin embargo, la central nuclear sigue a pleno rendimiento «para seguir engordando unos beneficios desorbitantes (20 millones de euros en 2003)». En este sentido, la empresa Nuclenor ya ha declarado su deseo de mantener la planta en funcionamiento una década más, hasta el año 2019. De este modo, asegura la Coordinadora, «seguirán vendiendo con sobrecoste la mentira de la Energía Verde. O, como dicen engañando una vez más, para ayudar a cumplir el Protocolo de Kyoto, cuando saben de sobra que éste deja la energía nuclear fuera de las medidas propuestas para combatir el cambio climático».
La Coordinadora, asimismo, pidió una vez más un estudio epidemiológico sobre los trabajadores y las poblaciones más directamente expuestas.