Comunicado de APDHA, ENLACE Y LIBERACIÓN sobre la imputación por delitos de malos tratos, obstrucción a la justicia y falsedad en documento oficial a funcionarios de la prisión de Sevilla II
Se publica a continuación el comunicado integro remitido a nuestro portal por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
CORREO DERECHO PENITENCIARIO.- La Fiscalía sevillana ha formalizado su acusación contra un funcionario por dos delitos contra la integridad moral, solicitando por cada uno de ellos la pena de tres años de prisión. Además, dicha Fiscalía ha realizado su acusación contra otros tres funcionarios de prisiones solicitando igualmente la pena de tres años de prisión para cada uno por tres delitos de falsedad en documento oficial y tres años más para uno de ellos por un delito de obstrucción a la Justicia; estas últimas imputaciones se deben a que uno de estos funcionarios presionó al preso agredido para que retirara su denuncia y los tres funcionarios falsificaron documentación al respecto.
Estas entidades venimos denunciando desde hace años la existencia de torturas y malos tratos en el territorio andaluz, y la impunidad con que cuentan sus responsables.
La existencia de malos tratos que afectan a todos los ciudadanos, aunque de manera especial a los que sufren la reclusión al gozar de menor protección, ha sido puesta de manifiesto por Organismos internacionales como el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Relator especial para la cuestión de la Tortura de la ONU, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y más recientemente el Comisario Europeo de Derechos Humanos.
Andalucía no sólo no está exenta de esta violación de derechos humanos, sino que siguiendo el Informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura del año 2006 es la segunda comunidad con más hechos de este tipo: 55 casos con 139 denunciantes, el 22,6% del total del estado español (266 casos y 610 denunciantes). Entre las 10 provincias españolas con mayor número de denuncias se sitúan tres andaluzas: Sevilla con 59 denunciantes, Málaga con 35 y Cádiz con 23. El número de denuncias es superior al del año 2005. En Andalucía fueron condenados en el año 2006 al menos 14 funcionarios públicos, siendo la Policía Local la que obtuvo mayor número de condenas.
Ante esta situación, las entidades lanzamos las siguientes cuestiones:
1º Las distintas Administraciones de las que dependen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a pesar de tener conocimiento de las denuncias de los ciudadanos, no actúan suficientemente en la depuración de responsabilidades. Tampoco para prevenir dichas prácticas. La Administración no ha suspendido a los citados funcionarios, a pesar de la evidente peligrosidad que suponen para las personas privadas de libertad. De hecho uno de los funcionarios acumulaba gran cantidad de denuncias, y no se investigó como hubiera sido deseable.
2º No existen procedimientos judiciales específicos para estos temas, a pesar de la ineficacia constatada de los generales. En tres años y medio, los funcionarios no han sido enjuiciados.
3º Entendemos que el Ministerio Fiscal, en estos casos, tiene que actuar de una manera rotunda. En el presente caso, si bien se ha realizado la acusación, en el primero de los casos el fiscal sólo ha estado presente en la primera declaración, cuando lo deseable es que tuviera una presencia absolutamente protagonista.
4º Los citados órganos, Administración, Juzgados y Ministerio Fiscal, parecen mantener desde el inicio serias dudas sobre la credibilidad subjetiva del denunciante, lo que puede determinar la no actuación, por el hecho de que los denunciados, o bien pertenecen a la propia Administración, o son colaboradores de los Juzgados. Ello, salvo que en casos como el presente el número de indicios o pruebas sea tal que consideren adecuado continuar con el procedimiento a fin de que sea el órgano al que le corresponde enjuiciar, Juzgado de lo Penal, el que decida y enjuicie a los funcionarios. Aún así, la Administración ha abierto información reservada en ambos procedimientos, aunque en ninguno se han acordado medidas cautelares, a pesar de reconocer que las conductas supuestamente realizadas por los funcionarios son sancionables en la vía administrativa y deberían conducir a decretar medidas que prevengan futuros hechos similares.
5º La asistencia jurídica gratuita está exclusivamente prevista para las denunciantes de violencia de género, por lo cual los denunciantes de estos tratos no gozan de dicho derecho. Las similitudes entre ambos casos, desigualdades entre agresores y víctimas, e imposibilidad de movimiento del detenido o preso, hace necesario que la Junta de Andalucía establezca un servicio para los denunciantes de torturas y malos tratos por parte de funcionarios públicos, tanto en prisión como en el exterior.
6º Todo ello hace que la condena sea casi imposible, así el número es muy escaso.
7º Los denunciantes de malos tratos deben ser objeto de protección, pues según se ha constatado, los mismos afirman sufrir represalias. En el presente caso, fueron evidentes.
8º Como siempre reiteramos que esto no significa que dicha práctica sea diaria ni generalizada por todos los funcionarios, pero sí que se produce y con cierta habitualidad, y que el escasísimo número de funcionarios que la practican, no están encontrando freno en su quehacer.
Finalizamos pues pidiendo a las Administraciones, Juzgados, Fiscalía que estudien con mayor sensibilidad y credibilidad las denuncias que se reciben diariamente de los ciudadanos por malos tratos y torturas, adoptando las medidas cautelares legalmente previstas para que los funcionarios no sigan prestando sus servicios entre tanto se dilucida su responsabilidad.