Sobre los detenidos acusados de poner bombas en iglesias

[Chile] Extendiendo los lazos solidarios

El 13 de noviembre son detenidxs por las fuerzas represivas del Estado Español, nuestrxs compañerxs Mónica y Francisco, acusadxs del atentado explosivo a la Basílica del Pilar en España.

Ante esta situación se desata un huracán de grandilocuentes declaraciones entre personeros de ambos gobiernos, felicitaciones de resucitados fiscalitos y reciclados ministros del Interior.

Mónica y Francisco fueron detenidxs en Agosto de 2010 en el llamado Caso Bombas. Ambxs enfrentaron con dignidad y rebeldía el proceso en su contra, más de 9 meses de prisión en regímenes de alta y máxima seguridad, se negaron a los chantajes de la fiscalía, llevaron adelante junto al resto de lxs imputadxs una huelga de hambre de más de 65 días y enfrentaron uno de los juicios más largos, saliendo absuelxs y con las convicciones intactas.

El sustento policial y mediático de la acusación que hoy enfrentan lxs compañerxs se basa en el fichaje jurídico del proceso Caso Bombas, razzia que se desató contra espacios, entornos e individualidades ácratas.

Ahora los poderosos pretenden resucitar el cadáver del caso bombas, amenazando abrir nuevos procesos contra nosotrxs, ante esto somos clarxs: rechazamos la acusación, pero no negaremos quienes somos, nuestras ideas, nuestros vínculos, nuestro pasado, presente y futuro de lucha.

No existió ni existe asociación ilícita terrorista anárquica, no existen líderes informales, centros de poder ni el financiamiento terrorista. Estos delirios investigativos solo intentan encasillarnos en lógicas de organización y de vida que en la práctica negamos. Despreciamos los métodos del poder y ante esto el Estado nos identifica como lxs sospechosxs de siempre y lxs eternos culpables.

Más allá de las volteretas de jueces, ministros del interior, fiscales y periodistas, nos mantenemos firmes en la convicción de que el proceso judicial iniciado en 2010 era una infamia que buscó ilegalizar relaciones de amistad, persiguió espacios, apuntó posiciones de vida y pasados y presentes de lucha.

La complicidad del Estado Español con el Estado Chileno deja ver el rostro terrorista de cualquier estructura de poder, que mantiene su dominación en base a la vigilancia y al miedo.

Hacemos un enérgico llamado a solidarizar con Mónica y Francisco, en tanto compañerxs anárquicxs, más allá de cualquier dictamen judicial, como así mismo expresamos solidaridad con el resto de lxs secuestradxs por los Estados a lo largo y ancho del mundo.

A pesar de las distancias geográficas que hoy nos separan, nos mantiene unidxs la convicciòn de lucha contra el poder. Es necesario acercar realidades y potenciar la solidaridad para romper el aislamiento y el miedo.

Mònica y Francisco son nuestrxs compañerxs y lxs defendemos de las campañas mediáticas y policiales llevadas a cabo por ambos Estados.
Porque todos los Estados son terroristas y toda cárcel un centro de exterminio.

Solidaridad revolucionaria más allá de todas las fronteras.

Algunxs procesadxs por el Caso Bombas

13 de noviembre de 2013

http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/26891

[Chile] «Caso Bombas»: El retorno de los muertes vivientes (y como detrás esta la mano de la policia chilena + solidaridad)

1.- Acontecimientos ocurridos en España y respecto de los cuales poco se sabe hasta ahora, han tenido la capacidad de hacer que saquen la voz y salgan a la luz tras largos meses ocultos en sus escondites los principales artífices de la llamada “Operación Salamandra”, que tras una espectacular arremetida represiva que significó la prisión de 10 personas por 10 meses se fue desinflando hasta culminar en sobreseimiento definitivo y absolución del total de 15 personas inicialmente acusadas de integrar una “asociación ilícita terrorista”.

2.- No es de extrañar que después de la batalla aparezcan los ex-generales derrotados diciendo “teníamos razón”, y hasta amenazando con nuevos juicios. Sabemos que para ellos su propia legalidad vale muy poco cuando se anteponen intereses personales y la razón de Estado, y así estos señores se olvidan de que tanto la Constitución como los tratados internacionales y el Código Procesal Penal prohiben volver a juzgar a personas por los mismos hechos. En este caso, todos los acusados fueron sobreseidos y/o absueltos, tras un largo proceso que además de los 10 meses de prisión preventiva incluyó 6 meses de juicio oral, y posteriormente el intento de anular y repetir el juicio, pretensión que fue definitivamente desechada por la Corte Suprema hace poco más de un año, al establecer que no fueron violados derechos ni garantías durante dicho juicio.

3.- En un ejercicio que de raciocinio tiene bien poco y más parece “pensamiento mágico”, se asume automáticamente que de ser ciertas las imputaciones efectuadas en España -cuyo detalle recién se conocerá este viernes 15 de noviembre- entonces automáticamente vendría a quedar demostrada la culpabilidad de Francisco Solar y Mónica Caballero en los hechos que les fueron imputados hace 3 años, y de paso la de todos los ex-imputados del “Caso Bombas”, rehabilitándose así las figuras de Hinzpeter y Peña y obteniendo de paso un gran trofeo para la batalla del Gobierno contra los “jueces garantistas”.

Se despliega el argumento de que un juez “de quinta categoría” mató las pretensiones de castigo de fiscales y querellantes por excluir demasiadas pruebas. Lo que no se dice es que ese mismo juez, que de hecho es uno de los más prestigiosos dentro de la comunidad jurídica, concedió alrededor de dos semanas a los persecutores para corregir la acusación en extremo defectuosa que Peña había presentado con bombos y platillos un par de días antes de irse a trabajar con el querellante Hinzpeter, y que el grueso de las exclusiones que este juez decretó obedecían a que se trataba de pruebas que por error se habían listado dos o tres veces, o a cuestiones que abiertamente no tenían nada que ver en este juicio (como por ejemplo los pasaportes del ciudadano pakistaní que fue víctima de extrañas maniobras y acusaciones que luego quedaron en nada).

4.- Unos gobernantes más sensatos evitarían felicitarse demasiado por estos desarrollos recientes en Europa. Si en efecto tenían sospechas fundadas de la participación de algunas personas en la colocación de artefactos explosivos, pero en vez de dejar madurar una larga y compleja investigación hasta que las pruebas obtenidas sirvieran para algo más que para justificar prisiones preventivas optaron conscientemente por convertir todo esto en política contingente y farándula policíaco-judicial, no podían en primer lugar extrañarse de la desastrosa derrota obtenida en el juicio, y menos aún podrían hoy congratularse retroactivamente echándole la culpa al empedrado de lo que no fueron sino actos propios y decisiones tomadas desde muy arriba. Es más: si Hinzpeter y Peña hubieran estado realmente convencidos de las tesis que en su momento enarbolaron, no se explica el que hubieran tenido que salir arrancando respectivamente y de manera tan deshonrosa, uno desde la Fiscalía Sur y el otro desde su antiguo Ministerio.

5.- En el Caso Bombas se pretendió juzgar la ocurrencia de 30 explosiones, y un episodio de “financiamiento del terrorismo”. Finalmente llegaron a juicio 5 explosiones y el pretendido financiamiento de una asociación ilícita que fue sobreseida a petición del propio Ministerio Público.

En una de esas explosiones, imputada a Solar, no se logró probar ni siquiera que lo que se dejó en las escalinatas del Consejo de Defensa del Estado haya sido un artefacto explosivo. Lo que claramente habla de un mal trabajo del GOPE y LABOCAR, pretende ahora ser usado como argumento en contra de la existencia misma de jueces que de acuerdo a los propios requerimientos constitucionales y legales deben ser independientes y objetivos. Esto es interesante, pues rebela que es cierto que bajo la camisa de fuerza del “Estado de derecho” existe un Estado de policía que encuentra muy molestas las garantías que rodean al Derecho Penal y preferiría ir y aplicar sanciones a diestra y siniestra en base al puro olfato de sus sabuesos.

Por otra parte, ¿qué tiene que ver -por ejemplo- lo que eventualmente haya ocurrido en España con una absolución tan limpia y tajante como la de Felipe Guerra, acusado de haber estado en una explosión donde según las pericias de la mismísima Brigada de Operaciones Especiales de la PDI la persona que se hallaba presente debió necesariamente haber quedado con lesiones acústicas que Guerra claramente no tenía? Por eso es que en esta parte la sentencia del 3er Tribunal Oral en lo Penal resulta tan impresionante, pues dice que adquirió la convicción más allá de toda duda razonable de que Guerra no estuvo presente en los hechos cuya participación se imputaba, y llama la atención sobre el hecho de que esas pruebas científicas y objetivas hayan sido obtenidas por la Fiscalía pero presentadas por la defensa.
Otro caso de antología es el pretendido “financiamiento”, cuestión donde la derrota de los persecutores fue triple: no se demostró que los exiguos montos recibidos por miembros de una casa okupa tuvieran por fin ilícito alguno, quedó claro que la intercepción de correos electrónicos en base a los cuales se basaba esta pretensión fue absolutamente ilegal y, por último, es bastante obvio que resulta imposible financiar una asociación ilícita sobreseida y por ende inexistente. Pese a esta obviedad, Raúl Guzmán, el sucesor de Peña en la Fiscalía Sur, decidió llevarlo a juicio igual, y ahora se lamentan de tener que pagar “costas” que hubieran sido perfectamente evitables para el Fisco si hubieran actuado racionalmente y no persiguiendo delitos imposibles.

Cabe señalar además que respecto de Guerra y los pretendidos “financistas” no se excluyó prueba alguna.

6.- Ante toda esta arremetida mediático-política no es la intención defender al poder judicial ni al sistema penal chileno, sino tan solo combatir con un poco de memoria y sentido común la avalancha de falacias y maniobras políticas que se propalan desde lo alto, recomendando a cualquier opinante que primero se tome el trabajo de entender lo que fue el llamado “Caso Bombas” (al efecto me permito recomendar el libro de Tania Tamayo sobre el Caso Bombas editado el 2012 por LOM, y mi propio trabajo sobre el tema editado recientemente por Libros del Perro Negro) y leer directamente en las sentencias pertinentes lo que resultó y lo que no resultó probado. De lo contrario, lo más probable es que una vez más le estén metiendo el dedo en la boca, una vez más.

Julio Cortés Morales Abogado. Ex-defensor de Felipe Guerra, Diego Morales y Carlos Riveros.

http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/26890

EL ÚNICO TERRORISTA, ES EL ESTADO CAPITALISTA!!

Un nuevo montaje policial ha cobrado 5 victimas esta madrugada en Barcelona; Francisco Javier Solar Domínguez, Mónica Andrea Caballero Sepúlveda , Rocío Yune Mira Pérez, Valeria Giacomoni, y Gerardo Damián Formoso, han sido secuestrados por los sicarios del estado.

La acusación que se les imputa, es la absurda y harto ridícula de Terrorismo, para no perder la costumbre de llevar a cabo montajes cutres y sin fundamento alguno, les acusan de haber colocado supuestos explosivos que terminaron rompiendo un banco de madera en la iglesia del Pilar en Zaragoza y por supuesto su supuesta filiación Anarquista.

Hartos ya de sus burdos e incipientes montajes.

Exigimos la inmediata puesta en libertad de los compañeros secuestrados por los sicarios del capital.

Francisco Javier Solar Domínguez, Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, Rocío Yune Mira Pérez, Valeria Giacomoni, y Gerardo Damián Formoso…

ADVIRTIENDO EL HECHO DE QUE.. SI TOCAN A UNX.. NOS TOCAN A TODXS!!!

CNT Catalunya

Olor a montaje: Los vínculos de inteligencia con España que permitieron resucitar el caso bombas

Verdad Ahora | 14-11-2013 – 18:40

La detención de los chilenos Francisco Solar Domínguez y Mónica Caballero Sepúlveda en Barcelona, ambos absueltos por los cargos imputados en el denominado “caso bombas”, ha generado una ola de reivindicaciones políticas desde La Moneda.

El ministro de Defensa y ex titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, fue el primero en justificar los más de 61 millones de pesos derrochados en el mayor fracaso judicial del gobierno de Sebastián Piñera que incluyó la presentación de pruebas falsas, testigos protegidos, declaraciones dictadas, escuchas ilegales y violaciones a la presunción de inocencia a través de los medios de comunicación.

“Se pretendió señalar que el ‘caso Bombas’ era un montaje y una suerte de obcecación u obsesión de este ministro del Interior», declaró Hinzpeter. «La verdad es que todo ello quedó completamente desacreditado”.

El Secretario de Seguridad español, Francisco Martínez, reconoció que la colaboración de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial (Jenaipol) de la Policía de Investigaciones de Chile fue “absolutamente crucial” en el operativo que terminó con la aprehensión de los dos chilenos en Europa, a quienes se les imputa la colocación de un artefacto explosivo el 2 de octubre de este año en la Basílica del Pilar de Zaragoza junto a una italiana y un argentino.

En declaraciones a The Clinic Online, el jefe de la Interpol en Chile, subprefecto Pedro Muñoz, señaló que la Interpol madrileña pidió información a nuestro país un mes antes de la explosión en Zaragoza, insinuando que la policía española ya seguía a los chilenos desde antes que instalaran – presuntamente – la bomba en el templo.

Según informa El País de España, las autoridades hispanas solicitaron datos a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) el 4 de septiembre pasado, previo al atentado. El boletín agrega que los sospechosos fueron “identificados a raíz de las imágenes grabadas el mismo día de la explosión en los aledaños de la basílica”, en las cuales se les vería “llegando con dos mochilas al templo y tomando precauciones para no ser vistos”.

La versión de El País contradice algunos reportes periodísticos sobre la nula presencia de cámaras de vigilancia en los alrededores de la catedral.

“La Basílica del Pilar de Zaragoza en la que este miércoles han colocado un artefacto explosivo no cuenta con cámaras de seguridad en su interior ni en su perímetro”, reportó Europa Press el 2 de octubre. Un día después, el mismo medio publicó que la Policía Nacional se jactaba de no haber “recibido grabaciones del interior de la Basílica del Pilar… porque las cámaras de seguridad son de visualización”.

¿Grupo fantasma?

La confusa identidad del llamado “Comando Insurreccional Mateo Morral” – el supuesto grupo anarquista detrás de la acción – ha provocado especulaciones sobre la existencia de un montaje para ligar a grupos antisistema con el terrorismo, o lo que en la jerga de inteligencia se conoce como una “operación de bandera falsa”.

Coincidentemente, la primera acción reivindicada en febrero por Mateo Morral tampoco logró ser capturada en cámara. En dicha oportunidad, el supuesto grupo instaló fallidamente un explosivo con 200 gramos de pólvora, un kilo de clavos a modo de metralla y un detonador en un confesionario de la catedral de Almudena de Madrid. El canónigo Jesús Junquera reconoció ante los medios que las “cámaras en lo que es la zona del templo en este momento no estaban funcionando”.

“Es un false flag evidente, hay demasiados indicios como para ignorarlos a priori”, publicó el sitio español Nodo50. “Las cámaras de seguridad convenientemente no grabaron nada, es demasiada casualidad que el mismo día en que debuta un grupo anarquista nuevo las cámaras de seguridad se estropeen… este es un país cristiano y una bomba en una importante catedral aglutinaria a todos los cristianos de izquierda y derecha en contra de los anarquistas”.

“Ya ocurrió con el Montaje de la Mano Negra, salvando las distancias históricas, con un proceso muy similar a lo que ocurre ahora con el Comando Mateo Morral, ya que nadie sabía quién era, hasta que llegó a demostrarse que era el propio Estado con el consentimiento del Monarca, quién aprovechó una serie de asesinatos para ejecutar a 7 trabajadores por garrote vil, provocando el odio y consiguiendo crear diferencias y dividir filas dentro del movimiento libertario andaluz”, escribió por su parte el portal La Haine.

Pese a todas estas inconsistencias y el hecho de que ni Solar ni Caballero han sido declarados culpables por la justicia española, el gobierno de Sebastián Piñera ha decidido retomar su campaña del terror y capitalizar políticamente este incidente en un período electoral.

Instrucción extranjera

La participación de Chile en este nuevo fiasco sería imposible de entender sin considerar que el Ejecutivo ha trabajado incansablemente por introducir las lógicas de la “guerra contra el terrorismo” en la instrucción de policías y fiscales, codo a codo con organismos extranjeros como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para reforzar sus tácticas represivas en el ámbito doméstico – véase la complicidad de la embajada de Estados Unidos en el montaje “caso paquistaní”.

Para efectos de entender la coordinación con los servicios de seguridad españoles, es necesario considerar la visita reservada que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España, Javier Zaragoza – el mismo que ha sido cuestionado por no esclarecer la autoría material de los atentados del 11M –, tuvo a Chile en 2010 para encabezar un seminario internacional sobre terrorismo y crimen organizado convocado por el Ministerio Público.

A la reunión asistieron “representantes de la ANI, el Ministerio del Interior, además del fiscal Francisco Ljubetic, a cargo de los juicios contra los presos mapuches en La Araucanía”. Zaragoza declaró a los presentes que si en un país existe ley antiterrorista, “hay que atreverse a aplicarla y nunca dudar qué hacer”, según consigna la revista Qué Pasa.

En enero de 2012, fiscales y policías chilenos formaron parte del “Curso de Formación para Fiscales y Policías en Investigaciones Complejas y Terrorismo”, impartido por personal español que estuvo a cargo de perseguir y desbaratar al grupo subversivo ETA. Radio Universidad de Chile reportó que la capacitación puso acento “en casos de alta complejidad y en la desarticulación de células radicales”.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, criticó el evento diciendo que el objetivo del gobierno es crear “un clima de tensión y desconfianza, comparando episodios de terrorismo con situaciones como el Caso Bombas o los incendios supuestamente intencionales en el sur del país”.

“Todo el mundo sabe que el Caso Bombas es un montaje conducido por el ex fiscal (Alejandro) Peña y que es el Estado el que está judicializando las demandas de los mapuche y criminalizándolos”, sostuvo la dirigenta.

Olor a montaje: Los vínculos de inteligencia con España que permitieron resucitar el caso bombas

Ver más en: La Internacional Anarquista del Terror se reunió en enero en Madrid, en el local de La Prospe