Sara Plaza (Madrid)
El Estado español continúa con su política a favor de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Esta vez ha intentado bloquear una investigación que pretende esclarecer sus impactos socioeconómicos.
Ante una opinión pública europea crecientemente contraria a los transgénicos, el Gobierno español reafirma su postura permisiva con este tipo de cultivos.
Los grupos antitransgénicos hicieron público a final de 2008 que los representantes españoles en la Unión Europea intentaron bloquear una iniciativa para investigar los impactos socioeconómicos que producen dichos cultivos.
Documentos filtrados de la Comisión Europea demuestran que “el único país europeo que cultiva transgénicos a gran escala no quiere que se evalúen sus impactos”, según denunciaron Amigos de la Tierra, Greenpeace y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
La Unión Europea, a iniciativa de la Presidencia francesa, está revisando el proceso para evaluar los riesgos de la introducción de cultivos y alimentos transgénicos. En el seno de estas discusiones, el Gobierno español intentó bloquear la evaluación de los riesgos socioeconómicos.
Finalmente, los representantes españoles no consiguieron frenar la iniciativa. De hecho, el Gobierno tuvo que aceptar la investigación, además de un paquete de medidas aprobadas por el Consejo europeo “en las que se enfatiza la necesidad de mejorar las investigaciones y los estudios sobre los peligros para el medio ambiente del cultivo o el uso de los OMG con la participación de científicos independientes”, según informaron las organizaciones antitransgénicos a finales de diciembre.
No más autorizaciones
La COAG, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Plataforma Rural, celebraron esta decisión en un comunicado de prensa en el que “exigen a las autoridades comunitarias que se suspendan todas las autorizaciones de nuevos transgénicos en Europa hasta que la Comisión europea y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en sus siglas en inglés) no apliquen correctamente estas nuevas medidas”. De los 27 Estados miembro de la Unión, el español es el único que produce cultivos transgénicos de forma masiva. De hecho, menos del 2% de la superficie total del maíz cultivado en la UE está modificado genéticamente, y cinco países han prohibido ya la producción de este maíz, según datos de la campaña por la defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria Semillas de Identidad. Francia, por ejemplo, que era el país con un mayor aumento de superficie cultivada con maíz transgénico en 2007, prohibió su cultivo en 2008.
Sin embargo, el Gobierno español, en el que hay cargos políticos vinculados a la industria de los transgénicos, como comenta un representante de Amigos de la Tierra, presiona para que la UE no profundice en los posibles inconvenientes del cultivo de transgénicos. Y la producción en el Estado suma y sigue, con más de 80.000 hectáreas de maíz transgénico que invade los campos de cultivo, como denuncian las organizaciones ecologistas.
ENTREVISTA: DAVID SANCHEZ, AREA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION DE AMIGOS DE LA TIERRA
“El lobby está dentro del Gobierno“
S.P. (Madrid)
David Sánchez, cuya organización ha plantado cara a la posición del Estado en repetidas ocasiones, nos explica las razones del Gobierno español para intentar bloquear un estudio sobre transgénicos.
DIAGONAL: ¿Por qué España no quiere que se evalúe el impacto socioeconómico de los transgénicos?
DAVID SÁNCHEZ: El problema es que España es el único que cultiva transgénicos a gran escala. El Gobierno intenta mantener los cultivos transgénicos porque no suponen un coste político grave. Si se investigan, esto les llevará a reconocer muchos impactos que se están negando desde el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Además, el Gobierno sigue al pie de la letra lo que le mandan las multinacionales en materia de transgénicos. La ministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia era la dueña de la empresa de salud Asebio, que es el lobby de la industria biotecnológica. Tenemos al lobby de las multinacionales dentro del Gobierno. Es mejor ocultar los impactos.
D.: ¿Cuáles son los principales impactos socioeconómicos que se pretenden esconder?
D.S.: El principal es la contaminación transgénica de maíz convencional. Los agricultores cada vez tienen menos opción para comprar semillas, ya sólo se venden semillas transgénicas que son más caras. Esto genera conflictos en el campo, pues un agricultor ecológico se ve contaminado por cultivos transgénicos y no sabe quién es el culpable de la contaminación, pero sabe que es alguno de sus vecinos agricultores. Pero, ¿qué haces?, ¿denuncias a uno de tus vecinos, con quien tomas café todos los días?
D.: En el Estado español, ¿se está cumpliendo la legislación europea sobre transgénicos?
D.S.: La legislación de etiquetado se cumple a medias. Hay muchos productos que tienen niveles de transgénicos pero no está indicado. Además, no está etiquetada la carne, la leche y los huevos que proceden de animales que están alimentados con piensos transgénicos, que son casi todos. La ganadería española se mantiene con transgénicos. Por otro lado, no se cumple la obligación de que haya un registro público de campos donde se cultivan transgénicos. Aquí nadie sabe dónde se cultivan transgénicos, ni siquiera el Gobierno. El Gobierno da las cifras a partir de las ventas de las multinacionales. No hay control, la situación es de caos absoluto. Además, la legislación dice que si un cultivo tiene más de un 0,9% de transgénicos, tiene que estar indicado. Así, los que tienen menos niveles, no los podemos controlar, es un agujero.
D.: En 2006 dos activistas antitransgénicos fueron detenidos y puestos a disposición judicial ¿Existe una persecución estatal con todo el que se opone a dichos cultivos?
D.S.: Hubo un momento de bastante tensión en el que se persiguió a activistas. Las protestas contra los transgénicos molestan mucho, porque el Gobierno intenta que pasen desapercibidas porque, si proliferan, éstas les obligarían a actuar. Por nuestra parte, estamos organizando una manifestación estatal con todos los colectivos de la Plataforma Rural, el 18 de abril en Zaragoza, un lugar muy simbólico. La manifestación es “por una alimentación y por una agricultura libre de transgénicos”. Es la primera de carácter estatal. Ese día irá acompañado, además, de una semana de lucha estatal descentralizada contra los transgénicos.