Pues sí, la Constitución al parecer hasta ahora viene siendo como la nueva moda, “ni de derechas ni de izquierdas”. Si en su día la votaron negativamente en algún que otro sitio no era porque tuviera ideología, no, fue porque aquella gente no la había entendido bien. No es ideología que a la hora de decidir solo lo puedan hacer los políticos y no el pueblo o que algo tan democrático como el mandato imperativo esté expresamente prohibido en ella. No es ideología que haya un rey que tiene derechos inconstitucionales (hay un artículo que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley). No es ideología que haya un ejército con poderes omnímodos según que circunstancias. No es ideología que el gobierno pueda poner y quitar libertades a su antojo y un largo etc.
Y por cierto, que quienes se rasgan las vestiduras -con razón- ante la no participación popular en este retoque al texto, de dudosa trascendencia práctica (en algún escrito más reposado analizaremos hasta qué punto esta reforma puede llegar a ser mucho o poco trascendente para nuestras vidas) deberían cuestionar decisiones mucho más importantes a priori que se deciden cada poco sin consultar con nadie. Por ejemplo, en estos tiempos se está tramitando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un texto que marca milimétricamente la relación entre las personas de la sociedad y la policía y judicatura. Ley en vigor desde el siglo XIX. Nadie reclama que los cambios que se le van a hacer se sometan a referéndum. Nadie pidió en ningún momento referéndums ante la aprobación de reformas del Código Penal o de legislaciones muy influyentes en nuestra cotidianeidad. Nadie reclama referéndums en cada localidad donde se aprueban nuevas ordenanzas municipales, las cuales son hoy día el más serio atentado a nuestros derechos y libertades y no nos pueden afectar de forma más directa. Nota de Tortuga.
Ver también: La Constitución Española, ¿garantía de nuestras libertades?
Toxo y Méndez llaman a la movilización porque la reforma «degrada la calidad democrática»
La reforma constitucional para garantizar el equilibrio presupuestario es un “retroceso importante en la calidad democrática de nuestro país”, han atacado hoy los sindicatos CC OO y UGT. “Era innecesario trasladar la ideología a la constitución”, ha ahondado el responsable de CC OO, Ignacio Fernández Toxo en la presentación de las movilizaciones contra la reforma. A su lado, su homólogo de UGT, Cándido Méndez, para quien la propuesta pactada por socialistas y populares “supone una ruptura del equilibrio constitucional, han enviado al desván la foto de los padres constitucionales”.
Las protestas sindicales, que cuentan también con el apoyo de USO y de otras organizaciones sociales, han comenzado hoy y se extenderán hasta el 6 de septiembre, justo un día antes de que se vote la reforma en el Senado. Toxo y Méndez acompañan las movilizaciones de una carta dirigida a los portavoces parlamentarios. “La propuesta es sumamente inconveniente pues anula o limita gravemente la capacidad de actuación de los Gobiernos”, escriben los máximos responsables sindicales.
Para frenarla, o en su defecto forzar un referéndum, las centrales obreras confían en que las asambleas y la manifestación del 6 de septiembre sean “masiva”. “Los grupos todavía tienen tiempo para no votar esta reforma, o si lo hacen, que decidan convocar un referéndum. Romper el pacto constitucional es tremendamente peligroso”, sentenció Fernández Toxo. No obstante, las protestas no se detendrán dentro de una semana y proseguirán hasta el 6 de octubre, cuando 24 horas antes del Día Mundial por el Empleo decente UGT y CC OO volverán a salir a la calle.
Toxo y Méndez defienden que la reforma de “es innecesario en el fondo y en la forma”. Especialmente doloroso para los sindicatos es que la reforma constitucional, sea el único acuerdo para afrontar la crisis al que han llegado los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP. “Es lamentable”, atacó Toxo. Para ambos, supone la claudicación ideológica de los socialistas, ya que asumen así una de las teorías ortodoxas económicas impulsadas desde los mercados, el Banco Central Europeo y gobiernos conservadores como el alemán, de Angela Merkel, y el francés, de Nicolas Sarkozy.
Las centrales obreras advirtieron al Gobierno de que no intente sumar apoyos a la reforma constitucional a cambio de modificaciones en la reforma de la negociación colectiva aprovechando la aprobación de textos legales pendientes como la reforma del régimen agrario de la Seguridad Social o la de las Políticas Activas de Empleo. Lo que temen los sindicatos es que el Ejecutivo pretenda atraer a las fuerzas nacionalistas, CiU y PNV, que ayer no votaron la reforma, atendiendo a sus demandas en los convenios: prevalencia de los pactos autonómicos frente a los estatales como piden los nacionalistas vascos o fin de la ultraactividad (la prórroga automática de los convenios hasta que se pacta uno nuevo) como exigen los convergentes.
Los líderes de los dos sindicatos principales se han mostrado muy críticos, no solo con una modificación que consideran impuesta por los mercados y el Banco Central Europeo, sino con el paquete de reformas en el ámbito laboral anunciado por el Gobierno: la suspensión del límite al encadenamiento de contratos y la ampliación hasta los 30 años del contrato de formación. En concreto, de esta última iniciativa, Méndez dijo: “Es la versión Frankestein del contrato de formación alemán y ya es la segunda vez, ya pasó con el modelo austriaco de despido”.
Tanto Méndez como Toxo se han quejado de que la reforma constitucional ha “tapado” las medidas adoptadas por el Gobierno en el ámbito laboral muy perjudiciales para los trabajadores. “Están poniendo la alfombra para reformas laborales de más calado”, analizó Toxo, dando a entender que con estas medidas el PSOE está facilitando los cambios que pretende hacer el PP.
El País