El pasado martes 14 de octubre dos jóvenes inmigrantes fueron detenidos en Getafe (Madrid) por la falta administrativa de no tener
“papeles”. Uno de ellos, Alfonso Fortín Sánchez, murió en la comisaría esa misma noche. Su primo, Ricardo Darío Sierra, fue trasladado
el 16 de Octubre al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche.
Unas horas después de la detención se llamó a la familia del joven fallecido para que se presentara en las dependencias de la Sección 4ª
de la Policía Nacional de Getafe, comunicándoles que Alfonso Fortín se había suicidado ahorcándose con sus pantalones.
El juez ha dictaminado que la muerte ha sido por asfixia y ha solicitado
una copia de las cámaras de seguridad de la comisaría. Ricardo ha declarado ante el juez y está a la espera de su expulsión.
Resulta más que sorprendente
que un joven de 29 años sea detenido
por una simple falta administrativa
y acabe muerto en una comisaría.
También resulta extraña la
celeridad con que se ha intentado
expulsar al primo del fallecido,
que en menos de 10 días se ha desplazado
hasta el aeropuerto de
Madrid-Barajas para su expulsión,
aunque no ha sido posible por errores
en el destino del vuelo. Siendo
un testigo excepcional de este caso
no se explica por qué tienen tanta
prisa en expulsarle. Cabe destacar
que el fallecido había iniciado una
causa judicial por apremios y abuso
de autoridad contra dos efectivos
de la Policía Nacional el pasado
abril, lo que contribuye a hacer
dudar, frente a su repentino e inesperado
fallecimiento, sobre la legalidad
y transparencia de las actuaciones
que se llevaron a cabo en
este caso. Tampoco se ha dado a
conocer la presión a la que fue sometido
ni las condiciones en las
que estuvo hasta su muerte.
Lamentablemente, no es la primera
vez que una persona inmigrante
detenida por la mera falta
administrativa de no tener su situación
regularizada acaba muerta en
dependencias policiales, como han
venido denunciando organismos
de derechos humanos y movimientos
sociales en los últimos años
Diversas asociaciones, entre
las que se encuentra la Confe de –
ración general del Trabajo, constituyeron
el pasado 23 de octubre la
Plataforma “Justicia para Alfon –
so”, que exige una investigación
independiente para poder esclarecer
los hechos, ya que existen demasiados
puntos por aclarar antes
de que se cierre el caso. Exigimos
que no se expulse al primo del fallecido,
puesto que su testimonio
resulta de vital importancia para
entender qué ocurrió aquella noche
del 14 de octubre en la comisaría
de Getafe. No podemos permitir
que un joven de 29 años sea detenido
por una simple falta administrativa
y acabe muerto en una comisaría
cuando la policía le estaba
custodiando. La policía es responsable
de los detenidos que custodia
y por eso exigimos que se depuren
las responsabilidades que sean necesarias
para que hechos como éste
no se vuelvan a repetir. Actual –
mente se encuentran dos abogados
trabajando en el caso para conseguir
que se abra una investigación
y se van a realizar diversas movilizaciones
para dar a conocer este terrible
suceso y exigir que se depuren
responsabilidades.