La titular del juzgado de Instrucción número uno de Alicante, María Cristina Costa, ha imputado por estafa a los trescientos jóvenes toxicómanos que presuntamente utilizó una red para cometer un fraude inmobiliario superior a dieciocho millones de euros en 2001, según confirmaron fuentes del Palacio de Justicia. El grupo -formado por directores de banco, un tasador y una inmobiliaria de Alicante- supuestamente se lucró con la sobretasación de casas y créditos a nombre de toxicómanos. La investigación del fraude, adelantada por este diario en julio de 2002, ha estado dos años parada porque la inició el juzgado de Instrucción del «caso Mercalicante», que se encuentra colapsado. La magistrada ha retomado las pesquisas interrogando desde ayer a los trescientos jóvenes imputados.
Los primeros jóvenes citados explicaron a la juez que cobraron entre cuatrocientos y mil doscientos euros a cambio de que la red utilizara sus identidades para comprar las viviendas. La estafa consistía en la sobretasación de viviendas de toda la provincia para obtener créditos hipotecarios superiores y comprar los pisos a precios bajos.
La presunta red de estafadores comenzó a actuar a principios de 2001 y en sólo once meses obtuvo unos beneficios multimillonarios. La Policía detuvo a finales de 2001 a tres responsables de la empresa inmobiliaria Núcleo y poco después a tres directores de sucursales bancarias del Banco Santander Central Hispano de Alicante y a un tasador, que también fueron imputados por estafa.
Para poder cometer el fraude los implicados se valieron de personas adictas a las drogas que necesitaban conseguir dinero en poco tiempo y que no estaban preocupadas por las posibles consecuencias legales. Algunos toxicómanos fueron captados a través de los «camellos» que les suministraban la droga.
Los directores del banco supuestamente implicados concedían las hipotecas a los drogadictos para comprar las viviendas por un precio muy superior al real. Las casas eran tasadas cuatro o cinco veces por encima del valor del mercado, de forma que la entidad bancaria aprobaba los préstamos por el importe de la tasación. Una vez obtenida la hipoteca el grupo compraba la vivienda a los propietarios por un precio ligeramente superior al valor real y el resto del dinero se lo repartían los implicados. Algunas de las viviendas tenían en el año 2001 un precio de mercado de 12.000 euros y fueron tasadas en 96.000 euros.
Fuentes próximas caso insistieron en que los responsables de la red supuestamente se quedaron con la mayor parte de los beneficios. Los toxicómanos, que ganaron como máximo 1.200 euros, deben ahora hacer frente a las elevadas hipotecas que firmaron por pisos ruinosos. Fuentes de la Fiscalía apuntaron que de prosperar la acusación por estafa los jóvenes podrían enfrentarse a penas de hasta seis años. En la causa se ha personado como perjudicado el Banco Santander Central Hispano.