En cambio ahora juegan a hacerse “los ofendidos”.
¿A quién pretenden engañar los políticos autonómicos de PP y PSOE con sus lastimeros llantos oponiéndose –a buenas horas- a la instalación del almacén de residuos nucleares en Zarra (València)?
Como queda claro en la prensa local, ni unos ni otros movieron un dedo ni pronunciaron mayores sílabas cuando se barajaban las candidaturas para el ATC, entre las que estaba la de Zarra.
La adjudicación + construcción + gestión del nuevo almacén de residuos nucleares va a mover durante años ingentes cantidades de dineros, es de creer que blancos y negros. Y nadie mejor que los políticos valencianos -sobradamente acendrados en negocios tales- para poner la mano.
Ya hay quien señala que “el dinero ha tentado a quien podía tentar”. Efectivamente el sempiterno alcalde de Zarra y su hijo fueron detenidos en una operación anticorrupción y el máximo mandatario se encuentra imputado y a la espera de juicio. De todas formas no creemos que el afán crematístico comprenda solo a la comarca. El precedente silencio del gobierno autónomo y sus descaradas maniobras de distracción actuales apuntan a la tajada que aspiran a obtener.
Y al loro, que parece que son políticos y no técnicos quienes reparten los puntos del informe de calificación, como se puede ver en la siguiente información de El País:
Pese a que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se refirió a ese documento como «la ponencia técnica», no fue realizado por el Comité Asesor Técnico, sino por una comisión gubernamental formada por altos cargos de varios ministerios, según confirmó ayer Industria. Los técnicos habían entregado hace semanas un informe, pero que no puntuaba las candidaturas. Finalmente, un Consejo de Ministros dividido -Sebastián, Salgado y los más técnicos, a favor de aprobarlo ya, y otros encabezados por De la Vega, en contra- paralizó la elección de Zarra, desairó a Sebastián y dio una baza electoral al presidente valenciano, Francisco Camps.