Colombia: La Unión Patriótica, una esperanza ahogada en sangre

Este artículo constituye el Anexo I del importante trabajo “Colombia, un país formal y otro real” publicado en esta misma web gracias a la Fundación CEPS.

Es importante acudir al trabajo citado y descargar el documento adjunto (que contiene la totalidad del estudio) si se desean consultar las notas a pie de página que contiene este artículo.

En 1984, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más antigua y poderosa guerrilla de Colombia, acordaron el cese el fuego para iniciar conversaciones de paz que permitieran la reincorporación a la vida civil de los combatientes, algunos de los cuales llevaban más de dos décadas alzados en armas. Un año después, esta iniciativa se concretó en la formación de un movimiento político en el que los guerrilleros participarían públicamente cambiando el fusil por el discurso político: la Unión Patriótica (UP). El proyecto caló hondo en la sociedad colombiana de tal forma que no sólo se sumaron ex guerrilleros y las principales fuerzas de izquierda del país -entre ellas el Partido Comunista Colombiano- sino que logró atraer a liberales, conservadores y dirigentes sociales independientes que buscaban una vía pacífica para llevar adelante los profundos cambios que necesitaba Colombia.

Los magníficos resultados obtenidos en las elecciones legislativas y presidenciales de 1986 desencadenaron el comienzo del genocidio político de la UP que en menos de una década ocasionó más de 3.000 asesinatos de sus militantes y simpatizantes, entre los que figuran dos candidatos a la Presidencia de Colombia y centenares de cargos electos. Los autores materiales fueron los grupos paramilitares y la Fuerza Pública -militares y policías- plenamente identificados por numerosos testigos aunque la mayoría nunca fueron condenados; quienes dieron la orden de matar aún permanecen ocultos bajo el oscuro manto de la impunidad. Unos y otros actuaron conjuntamente por el temor a que la UP se convirtiera en una opción real de poder en Colombia.

Veinte años después de su fundación y a pesar de que la UP ya no concurre a las elecciones, el exterminio continúa. Durante los cuatro años de Gobierno de Uribe Vélez (2002-2006) han sido asesinados 136 sobrevivientes de la UP y 38 fueron desaparecidos; además, siguen sufriendo la estigmatización por parte de las autoridades hasta tal punto que recientemente las víctimas, sus familiares y las organizaciones que los representan decidieron romper las conversaciones que mantenían desde hace años con el Gobierno para buscar una solución amistosa al caso que se investiga en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La impunidad en que se mantiene el caso de la UP y los continuos ataques a que son sometidos los sobrevivientes frenan las esperanzas de que los grupos insurgentes confíen en la voluntad de negociación del Estado Colombiano.

De la euforia al genocidio

La llegada a la Presidencia de Colombia de Belisario Betancur Cuartas en 1982 desató “un fenómeno de euforia popular”, en palabras de García Márquez, ahogado en sangre en pocos años. El mandatario conservador trató de materializar su eslogán electoral “Sí, se puede” con la apertura de negociaciones de paz con los grupos insurgentes, pero desde el principio este proceso fue boicoteado por los sectores que siempre han detentado el verdadero poder en Colombia: los militares y la oligarquía financiera. Quizás el único fruto de aquellos acuerdos fue la creación de la Unión Patriótica (UP). Este movimiento fue casi exterminado en poco más de una década y a finales de 2002 el Estado Colombiano le negó su derecho a existir al menos legalmente (el Consejo Electoral le quitó la personería jurídica a la UP en una decisión leguleya que desconoció las trágicas razones por las que no tiene representación en el Congreso), pero ha quedado su legado político (expresado en numerosos proyectos incorporados a la actual legislación colombiana) y el espíritu de lucha y sacrificio de sus militantes, “es una semilla de esperanza que tendrá que abrirse en otro momento, tal vez con otro nombre”, comenta uno de los escasos sobrevivientes de la dirección de la UP en el departamento de Santander.

La herencia que dejó la UP es consecuencia de su propia génesis. En la década de los 70 la población comenzó a organizarse en movimientos cívicos para reclamarle al Estado que atendiera sus necesidades básicas (esencialmente la prestación de servicios públicos a precios asequibles); así, entre 1971 y 1980 hubo 128 paros locales y regionales que además de detener la actividad productiva, administrativa y social, iban acompañados de marchas, tomas simbólicas de oficinas públicas y la negativa a pagar las facturas de los servicios públicos . La respuesta fue la represión que se intensificó durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-82), periodo en el que las violaciones de los derechos humanos se hicieron sistemáticas a través de la aplicación del Estatuto de Seguridad. La agresión estatal obligó al movimiento cívico a replegarse, pero propició el avance de las guerrillas; entre 1979 y 1983 las FARC pasaron de 9 a 27 frentes y en 1982 agregaron a sus siglas las letras EP (Ejército del Pueblo). Paralelamente, la protesta popular resurgió a comienzo de los 80; en 1983 se crea la Coordinación Nacional de los Movimientos Cívicos y se dan los primeros pasos para lograr la unidad sindical (IV Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia). Y es en este contexto de grandes movilizaciones en las ciudades y en el campo (entre enero de 1982 y marzo de 1984 se dieron 78 paros que afectaron 152 municipios) en el que las FARC mandan los primeros mensajes: “Estamos listos a conversar con el Gobierno y los altos mando militares”, decían los comandantes Manuel Marulanda y Jacobo Arenas al nuevo Presidente, Belisario Betancur . Por eso la UP no es una invención de las FARC (“Jacobo Arenas sólo le puso el nombre”, dicen algunos dirigentes upecistas) ni una concesión del Estado sino que es una iniciativa de apertura democrática que surge desde abajo para imponerse en el proceso de paz.

El 28 de marzo de 1984 la Comisión de Paz y el Estado Mayor de las FARC firman en La Uribe (departamento del Meta) el documento de cese el fuego que entraría en vigor dos mes después. Este acuerdo, que también fue suscrito por dos destacamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo Autodefensa Obrera (ADO), recoge la condena de las FARC al “secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas” y manifiesta la voluntad del Gobierno de impulsar una serie de reformas políticas, económicas y sociales que ya se estaban exigiendo en las calles y que formarán parte poco después de las reivindicaciones del nuevo movimiento político que se gestaba. En octubre de ese mismo año las FARC hacen un llamamiento para constituir un amplio movimiento que garantice las perspectivas de paz y que abogue por las transformaciones necesarias que consoliden la paz con justicia social. El 13 de abril de 1985 es proclamada la UP en Santa Fe del Caguán y el 11 de mayo presenta su plataforma política que recibe grandes manifestaciones públicas de apoyo en diferentes regiones del país. La mayoría de los 20 puntos de su plataforma no eran radicales sino que se trataba de propuestas tendentes a desmontar el régimen bipartidista -impuesto desde 1957- a través de la convocatoria de una Asamblea Popular Constituyente y a garantizar el derecho a la vida y a los derechos económicos, sociales y culturales de los colombianos.

Así, el primer punto de su “Plataforma de Lucha” exige “el levantamiento del Estado de Sitio, el respeto a los derechos humanos, la proscripción de la tortura, de las desapariciones y de los crímenes por (sic) las fuerzas militaristas, los grupos paramilitares y terroristas” y en el mismo sentido reclama la “subordinación efectiva de la Fuerza Pública a la autoridad civil (…) desmilitarizando la vida nacional y eliminando los grupos paramilitares”, además de la reducción de los gastos militares y de policía que no podrán ser superiores al presupuesto de ninguno de los ministerios de Salud, Educación, Ciencia y Cultura, Agricultura y Obras Públicas. También se plantea en la plataforma una mayor participación de los ciudadanos en la gestión política mediante la elección popular de alcaldes, gobernadores, Contralor y Procurador General de la Nación y el reconocimiento de la iniciativa legislativa popular, el plebiscito y el referendo. Además, reivindica la reforma agraria fundamentada en la expropiación de la gran propiedad latifundista y la colonización de baldíos nacionales; la implantación de sistemas de educación y salud nacionales que garanticen la cobertura de todos los colombianos-as, y el alza general de sueldos y salarios y su reajuste de acuerdo con el incremento del costo de vida.

Es decir, salvo cuestiones que pudieran ser discutidas como la nacionalización de recursos naturales (petróleo, gas, carbón, uranio y níquel), de la banca y de los monopolios, no había nada que no pudiera ser asumido por un Estado Democrático y de Derecho. De hecho varias de estas propuestas se aprobaron tras ser presentados por la UP como proyectos legislativos -la elección popular de alcaldes y la prohibición del enjuciamiento de civiles por tribunales militares, facultad vigente hasta 1987- y otras fueron incorporadas en la Constitución de 1991 -participación de los movimientos sociales en la vida política-; sin embargo, muchos de los proponentes fueron asesinados antes de que sus iniciativas vieran la luz.

“No pretendemos construir un partido de las FARC”

“La gente se volcaba. Convocábamos una asamblea para explicar la plataforma y llegaban de todas partes, pero no solo militantes de la UP sino también liberales, conservadores y personas que no habían participado nunca en nada. Era el pueblo sin partido, que siempre había estado excluido y ahora respaldaba este movimiento porque se veía representado y decía: ‘Ellos van a estar en las corporaciones públicas y van a trabajar por nosotros’”. Esa era la esperanza con que se recibió al nuevo movimiento político en Bucaramanga, recuerda una de las dirigentes de la UP en la capital de Santander. El entusiasmo se expandió por toda la geografía nacional: “En cinco meses de actividad hemos logrado un balance positivo. Tenemos presencia en la gran mayoría de los departamentos y en los territorios nacionales. Se han realizado más de 500 concentraciones con cerca de un millón de manifestantes y se han construido más de 2.200 juntas de la Unión (…). Sin exageraciones ni triunfalismos podemos decir que la Unión empieza a verse como una importante alternativa política por los colombianos amigos del cambio y de las transformaciones democráticas”, señalaba el informe que la Coordinadora Nacional presentó al I Congreso de la Unión Patriótica celebrado en noviembre de 1985 en Bogotá ; Nicolás Buenaventura afirma que asistieron 3.300 delegados del movimiento sindical, de organizaciones cívicas y comunales, urbanas y campesinas, así como de las guerrillas en tregua, “es un congreso que une a cristianos y comunistas, a liberales, conservadores y socialistas patrióticos”. Estuvieron presentes representantes de las FARC, Partido Comunista Colombiano (PCC), Juventud Comunista (JUCO), Convergencia Liberal, Frente Amplio del Magdalena Medio (FAMM), Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), Firmes de Santander, Frente de Unidad del Magisterio, Autodefensa Obrera (ADO), Causa Común, Partido Trosquista Posadista, Movimiento Camilo Torres, Partido Conservador (independientes), Partido Liberal (independientes) y los destacamentos Antonio Nariño y Simón Bolívar del Ejército de Liberación Nacional (ELN) .

Este primer gran encuentro de los sectores que conformarían la UP estableció los principios generales que definirían el movimiento. Las personas participantes reconocen que la iniciativa surge de los acuerdos de La Uribe y que en esa primera etapa “las FARC se han erigido como proponentes y promotores del proyecto político y están colocando hombres y recursos para abrirles espacio al nuevo movimiento que está abierto a todo nuestro pueblo”, pero afirman con rotundidad que “no pretendemos construir un partido político de las FARC, trabajamos con el objeto de construir un frente político y social de millones de colombianos comprometidos con los cambios democráticos que el país está reclamando” . Así, la UP se declara como un proyecto caracterizado por su amplitud, contrario a toda concepción sectaria, excluyente o hegemónica, en el que caben “las fuerzas políticas de izquierda, los liberales y conservadores demócratas, los cristianos, los intelectuales, artistas, deportistas, las distintas formas de organización popular como sindicatos, cooperativas, usuarios campesinos, etc. y millones de colombianos independientes que están cansados de tanta politiquería tradicional y esperan cambios democráticos que hagan posible su participación política” . De este modo, la nueva formación se plantea desde sus inicios como algo más que una opción electoral o una vía para la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros, quiere ser la expresión política del movimiento social que había desencadenado su propio nacimiento y que seguiría reivindicando al margen de la contienda electoral. También desde el principio los enemigos del proceso se manifiestaron abiertamente.

Antes de hacerse efectiva la tregua, el general Fernando Landazábal Reyes, ministro de Defensa, se pronunció ante las cámaras de televisión en contra del diálogo con la insurgencia que buscaba el presidente Betancur. El militar fue destituido, pero no se acallaron las voces de quienes se oponían a las iniciativas de paz: ganaderos y terratenientes de los departamentos del Huila y Córdoba hicieron pública, a través de anuncios de prensa, su intención de asumir su propia defensa ante “la falta de protección estatal” y en febrero de 1985 los diez principales gremios anunciaron su oposición al proceso . En vísperas del Primer Congreso de la UP ocurrieron los atentados contra Jaime Caycedo y Álvaro Vásquez, ambos del Comité Central del PCC, y la toma a sangre y fuego por parte del Ejército del Palacio de Justicia donde guerrilleros del M-19 tenían retenidos a magistrados y empleados: un centenar de personas murieron y 11 desaparecieron en el operativo. Eran muestras evidentes de que se imponía el sector militarista en el Gobierno que quería ahogar cualquier intento de solución negociada al conflicto, lo que incluía el incipiente experimento político de la Unión Patriótica.

Esta situación no redujo el entusiasmo con que se celebró el congreso, pero sí que impidió la presencia en Bogotá del comandante Jacobo Arenas, quien fue propuesto inicialmente como candidato presidencial, “donde salga Jacobo Arenas, ahí lo matan, hubiera sido otra masacre como la de las bananeras”, explica uno de los asistentes al encuentro; el líder insurgente hizo llegar un mensaje grabado a los asistentes en el que insistía en la necesidad de prolongar la tregua y advertía de que “si es necesario lucharemos otros veinte años más a fin de que Colombia sea de los colombianos y no la Colombia del Pentágono” .

A principios del año siguiente se decide que el candidato a la Presidencia de la República sería Jaime Pardo Leal porque fue este ex magistrado y sindicalista quien encabezó la protesta por el asesinato de sus colegas en el Palacio de Justicia y quien logró mayor convergencia entre las fuerzas sociales que integraban la UP; con la proclamación de Pardo Leal se dijo que se “rendía homenaje a los magistrados inmolados” y que significaba para la Unión Patriótica un título de “civilidad jurídica” frente a la “barbarie militarista”. En enero de 1986 se firma un acuerdo para garantizar las condiciones de desarrollo político de la UP y de la propia insurgencia; ese documento reconoce la distinción entre ambos movimientos: “El Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las Leyes, otorgará a la UP y a sus dirigentes, las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral. El Gobierno hará recaer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que con algún derecho o ninguno, eluda o desconozca las garantías que les corresponde. También otorgará el Gobierno a las FARC, las garantías y libertades que requiera para el proceso de la incorporación de sus directivos a la vida política”.

Gran respaldo en las elecciones

En un clima de violencia desatado contra ella y con la tregua tambaleándose, la UP concurre a las elecciones legislativas de marzo de 1986 en coalición o alianzas con sectores progresistas de los partidos tradicionales y formaciones de izquierda. En esta convocatoria la UP logra la representación más importante hasta ese momento de la historia de la izquierda colombiana: tres senadores principales y dos suplentes, seis parlamentarios principales y tres suplentes a la Cámara de Representantes, 18 diputados en un total de 11 asambleas departamentales, 20 consejeros en los territorios nacionales y 335 concejales en 187 ciudades lo que obligó al Gobierno a designar 25 alcaldes de la UP (todavía no se había establecido la elección popular de alcaldes que proponía la misma UP, pero existía el acuerdo de nombrar a representantes de las formaciones más votadas en cada municipio).

El 25 de mayo de ese mismo año se celebran las elecciones presidenciales. Pardo Leal obtiene el apoyo de 328.752 colombianos: el 4,5% de los votos, un buen resultado ya que hasta esa fecha un movimiento de izquierda nunca había alcanzado el 3%. Fueron casi 130.000 votos más que los conseguidos para los concejos en el mes de marzo y este es un dato significativo porque hasta entonces en los sectores populares que avalan a la izquierda se pensaba que el voto útil era el que servía para lograr representantes a las corporaciones públicas ya que la elección presidencial quedaba en manos de los partidos tradicionales: el amplio respaldo al candidato de la UP demuestra un avance cuantitativo y cualitativo de la confianza de los electores en el movimiento que ya lo ven en condiciones de disputar el poder Ejecutivo. El 20 de agosto, el Consejo Electoral reconoce el estatuto jurídico de la UP, le atribuye plenos derechos y exige de las autoridades de la República “la garantía y la protección de sus derechos constitucionales para su existencia política y el ejercicio de su actividad en la vida civil colombiana” . El mismo reconocimiento como formación política independiente obtiene la UP del nuevo Gobierno de Virgilio Barco (1986-90); su representante Carlos Ossa Escobar manifiesta en 1987: “Nosotros separamos claramente lo que son las FARC y lo que es la Unión Patriótica. Las FARC son un movimiento armado en tregua. La UP es un movimiento político legalmente reconocido”.

Pero para entonces ya habían comenzado a producirse los primeros crímenes contra la UP. Entre 1985 y 1986 fueron asesinadas por grupos paramilitares o por unidades de las Fuerzas Armadas 206 personas vinculadas a la UP: tres miembros del Congreso de la República (Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez y Octavio Vargas); un diputado de la Asamblea Departamental del Meta (Rafael Reyes Malagón); 11 concejales (Jaime Loaiza, Hernán Hoyos, José Cedeño, Eugenio Pinilla, José Evelio Cortés, Benjamín Rivas, Tiberio Díaz, Féliz Camacho, Hilario Muñoz, Darío Henao y Juan Alberto Guachetá); un magistrado (Jairo Tapia); dos candidatos a corporaciones públicas; siete presidentes, 37 dirigentes y 17 activistas de las juntas patrióticas; 69 militantes de base; 24 guerrilleros en tregua y 34 simpatizantes del movimiento político .

Pero estas muertes sólo fueron el antecedente de lo que luego se convertiría en un auténtico genocidio político perfectamente diseñado y ejecutado a través de varios planes de exterminio enmarcados, según algunos expertos, en la operación Cóndor que coordinó los servicios de inteligencia de varios regímenes dictatoriales latinoamericanos -con asesoría estadounidense- para acabar con los opositores en operaciones conjuntas. El primero de los planes dirigidos contra la UP se conoció como Baile Rojo, un acuerdo siniestro entre militares y los sectores más retrógrados de la oligarquía colombiana (integrada por empresarios, terratenientes y ganaderos), alentados por algunos jerarcas de la Iglesia y articulistas de los grandes medios de comunicación, para eliminar físicamente a los dirigentes de la UP elegidos en 1986. Este plan, concebido ante el riesgo de que la UP se convirtiera en una opción real de poder que acabara con los privilegios de esas clases dominantes, se desarrolló entre 1986 y 1992 y dejó un saldo sangriento de dos candidatos a la Presidencia de la República asesinados, más de un millar de sus militantes muertos o desaparecidos, otros tantos desplazados y exiliados, más de una veintena de atentados a sus sedes políticas y alrededor de 15 masacres cometidas contra poblaciones que habían manifestado su apoyo a la UP.

Por encima de la voluntad popular expresada en las elecciones, de los reconocimientos legales y haciendo caso omiso a los pronunciamientos del Poder Civil se imponía la razón de la fuerza como única forma de tratar de acallar los deseos de construir un país mejor donde cupieran todos. Las palabras del Nobel Gabriel García Márquez reflejan el momento que se estaba viviendo: “Creo que estamos actuando, pensando, concibiendo y tratando de seguir haciendo un país que no es real, sino que está en el papel. La Constitución, las leyes… todo en Colombia es magnífico, todo en el papel. No corresponde para nada con la realidad. En este sentido, Venezuela está más cerca del pensamiento de Bolívar que Colombia. Colombia es un país santanderista. Las instituciones, la organización jurídica y administrativa es santanderista, pero el país es bolivariano. Esa es otra cosa. Hay una tradición democrática reprimida hace muchos, muchos años, que es la única esperanza que nos queda, que le queda a Colombia” .

Denuncias con nombres y grados

El 18 de marzo de 1987, el presidente y candidato presidencial de la UP, el catedrático Jaime Pardo Leal, comparece ante los medios de comunicación en Bogotá para denunciar públicamente a miembros del Ejército y de la Policía implicados en graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra su movimiento político, “pruebas en mano, Pardo Leal señaló, con nombres y grados, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en asesinatos y desapariciones de militantes de su partido. También señalaría a algunos uniformados por sus actividades paramilitares” . Pardo acusó a policías de los municipios de Segovia y Remedios (nordeste del departamento de Antioquia) de pertenecer al grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN): los agentes se movilizaban en el vehículo de placas PT-0080 para realizar inscripciones en los muros amenazando a la población. Además, el dirigente upecista aseguró que en el atraco frustrado el 7 de marzo a una entidad bancaria en Segovia había resultado muerto uno de los integrantes del grupo paramilitar que lo cometió, quien fue identificado como un policía en activo de apellido Sánchez . Por estas razones, Pardo exigió la sustitución por un civil del Mayor General de las Fuerzas Armadas que hasta entonces ocupaba el cargo de Procurador Delegado para las Fuerzas Militares; días después, el Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos (asesinado posteriormente por los narcotraficantes), admitía su petición y nombraba al primer civil en ese puesto.

El 18 de mayo, el mismo día que Pardo Leal ratificaba públicamente su denuncia, el ministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina, trataba de desmentir las acusaciones: el vehículo citado no era de la Policía aunque sí pertenecía a uno de sus agentes; el policía Sánchez había formado parte de la institución, pero en el momento del asalto era integrante del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional y habría muerto el 3 de julio de 1987. Inexplicablemente, el general anunció la supuesta muerte de Sánchez casi mes y medio antes de que presuntamente se produjera .

Pero a medida que los acuerdos entre Gobierno y guerrilla se debilitaban y la violencia política contra la UP se acrecentaba, el movimiento comenzó a reestructurase para evidenciar aún más su autonomía frente a la fuerza que la impulsó inicialmente. Así, en abril de 1987 se llega al V Plenum de la Junta Nacional de la UP en el que se “rompe relaciones en buena y debida forma con la dirección de las FARC. Aparentemente este comportamiento correspondía más bien a la necesidad de subsistir, puesto que la Unión Patriótica estaba en la mira de los movimientos político-militares adversarios, quienes la acusaban de ser la fachada de las FARC”, explica Fernando Giraldo en su ensayo Democracia y discurso político en la Unión Patriótica. Para algunos de los dirigentes de aquella época, en el surgimiento del movimiento se cometió el error de “dejarnos matricular como que la UP era una propuesta guerrillera, pero no era cierto; el hecho de que fuera una formulación política de la guerrilla no significó que su composición se caracterizara por ser guerrillera”, afirma uno de los fundadores de la UP en Santander.

Por esas fechas los comandantes guerrilleros Iván Márquez y Braulio Herrera, que habían sido dirigentes de la Unión Patriótica (Herrera fue coodinador nacional), son llamados por las FARC para incorporarse a los frentes militares y la UP se dispone a concurrir en la campaña de las primeras elecciones de alcaldes que se celebraban en Colombia, fijadas para marzo de 1988. La convocatoria por sí misma ya era un triunfo para el movimiento pues la elección popular de alcaldes fue uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno en los acuerdos de La Uribe de 1984 y una de las reivindicaciones planteadas por la UP en su plataforma política. Por eso y por el éxito electoral del año anterior el entusiasmo era palpable entre la militancia; pero antes deberían superar nuevos y dolorosos golpes.

“Moriremos tranquilos”

“Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad, desde nuestra juventud, a la causa de los trabajadores, a la causa de la paz, a la causa del socialismo. Mi vida pertenece a los trabajadores, pero en el evento que el enemigo lograra arrebatarnos la vida; moriremos tranquilos porque sabemos que del seno de la Unión de Jóvenes Patriotas, saldrán los dirigentes que habrán de reemplazarnos y empuñar las banderas en la lucha por una Colombia justa y democrática para todos”. Jaime Pardo Leal, el hombre que pronunció su propio epitafio y que había logrado el mayor avance electoral de la izquierda colombiana, fue asesinado el 11 de octubre de 1987; sólo siete meses después de que denunciara públicamente la implicación de la Fuerza Pública en el exterminio de la UP. Las manifestaciones de repulsa fueron masivas y se percibía la rabia contenida de los participantes; no obstante, dos semanas después del magnicidio, el VI Plenum de la Junta Nacional refrendaba a Bernardo Jaramillo Ossa, representante a la Cámara, como nuevo presidente de la UP y responsable de encarar las elecciones de alcaldes.

Jaramillo pronunció su primer discurso público el 13 de octubre en las honras fúnebres de su predecesor y no estuvo exento de autocríticas: “El mejor homenaje que hoy podemos rendirle a Jaime Pardo Leal es deponer la actitud sectaria que muchos compañeros creen que puede producir buenos frutos o puede abrir el camino para aislar a quienes desangran a Colombia. Hoy se han confundido en las calles de Bogotá los brazos, los puños y las gargantas de comunistas, socialistas, liberales, conservadores y todas las corrientes de la patria (…) para iniciar una nueva marcha (…) para que no haya más Jaime Pardo muertos (…) Por eso yo quiero hoy aquí, en nombre de la UP, convocar (…) un gran frente de salvación nacional. Donde todas las fuerzas democráticas de la patria nos unamos en un solo haz” . Para esas fechas, además del crimen de Pardo Leal, ya habían sido asesinados cuatro congresistas, cinco diputados departamentales, cuatro alcaldes, 45 concejales y más de medio millar de militantes por lo que no se preveía que las condiciones fueran a mejorar durante la campaña electoral. En 1988 Amnistía Internacional denunció la existencia de “pruebas convincentes de que las Fuerzas Armadas de Colombia han adoptado una política de terror con el propósito de intimidar y eliminar a sus oponentes sin recurrir a la ley. Esta política se ha puesto en evidencia en el contexto de la renovada actividad guerrillera y de la presión a favor de la reforma política y social (…) Sectores enteros de la sociedad corren el riesgo de ser tenidos como ‘subversivos’ y en Colombia ello equivale a una sentencia de muerte” .

En estos nuevos comicios, la UP estuvo inmersa, aún más si cabe, en el clima de terror e inseguridad que denunciaba Amnistía Internacional, alimentado además por los señalamientos públicos contra los candidatos que no fueran liberales o conservadores; así, el diario El Tiempo afirmaba que “el liberalismo y el conservatismo no poseen dinero y grupos armados para custodiar a sus electores antes y después de los comicios, mientras los grupos subversivos cuentan con una organización militar igual a la del Gobierno, con capacidad de fuego y organización estratégica y táctica”. Hasta marzo de 1988, 21 aspirantes a las alcaldías, de diversos partidos, cayeron muertos; la mayoría de la UP . Sin embargo, el apoyo popular se mantuvo y la UP se consolidó como la tercera fuerza política en Colombia. Obtuvo 368 concejales, reeligió 18 diputados departamentales, puso tres consejeros comisariales, logró 15 alcaldías propias y participó, por medio de alianzas y acuerdos con otras fuerzas políticas, en la elección de otros 105 alcaldes. En los dos años siguientes la cantidad de muertos de la UP se incrementó en proporción directa a la multiplicación de los grupos paramilitares aliados en muchos casos, además de con las Fuerzas Militares, con los narcotraficantes. Se calcula que hasta 1990 más de 1.500 militantes de la UP habían perdido la vida de forma violenta; sólo en los cinco primeros meses de ese año 68 de sus integrantes fueron asesinados; un sicario, interrogado en 1989 por el periódico británico The Guardian sobre la cuantía de su paga, respondió: “Depende. Por un miembro importante de la UP, puedo recibir hasta 200.000 pesos” .

Esta situación influyó decisivamente en los resultados de las elecciones para alcaldes, concejos municipales, Congreso y asambleas departamentales del 11 de marzo de 1990. Muchas personas que desde el principio habían apostado por la UP, cuando vieron caer por decenas a dirigentes y militantes, comenzaron a retirarse de la actividad política al sentirse desilusionados y engañados, “pero no por el movimiento sino por el Estado que les dio la posibilidad de manifestarse públicamente para poder señalarlos: ‘Esa gente es la que está descontenta y es la que tenemos que acabar porque todos esos son los que no nos respaldan’. Es como si nos hubieran tendido una trampa para identificarnos”, afirma una líder de la UP. En esas elecciones vieron reducida su representación a ocho congresistas y 13 alcaldes.

Las perspectivas tampoco eran muy optimistas para la UP en la elección presidencial de mayo, pero ni siquiera le dejaron comprobarlo. El candidato Bernardo Jaramillo fue asesinado el 22 de marzo en la terminal del puente aéreo de Bogotá; días más tarde, en pleno vuelo, un sicario mató a Carlos Pizarro Leongómez, candidato del nuevo movimiento Alianza Democrática M-19; siete meses antes (el 18 de agosto de 1989) había sido acribillado, ante las cámaras de televisión y la presencia de 22 guardaespaldas, Luis Carlos Galán, el político que más probabilidades tenía de ser el candidato presidencial del Partido Liberal. Jaramillo no fue reemplazado y la UP decide replegarse para hacer frente a la crisis interna desatada por el crimen de su candidato (abandono de sectores diferentes a los comunistas, renuncia de dirigentes nacionales de la corriente jaramillista) y para tratar de contener el exterminio a que estaba siendo sometida. No obstante, siete meses después concurre a la elección para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, otra de las reivindicaciones que la UP venía planteando desde su fundación en mayo de 1985; se presenta en una lista unitaria junto a otros movimientos de izquierda, pero sólo obtiene dos representantes de un total de 74 . En 1990, el ascenso electoral de la Alianza Democrática M-19 en las elecciones presidenciales (el 12,8% de los votos) y a la Asamblea Constituyente (19 curules) provoca que la UP deje de ser la tercera fuerza política de Colombia (puesto que había mantenido desde su creación) y se queda con un apoyo electoral similar al que la izquierda lograba tradicionalmente.

Al concluir 1990, el periodista Antonio Caballero escribió en su columna del diario El Espectador: “Estamos otra vez donde estábamos al comenzar la década, en los tiempos del presidente Turbay: en guerra abierta con la guerrilla y entendimiento tácito con los narcos. Los narcos están recuperando la respetabilidad institucional que habían perdido desde hace años, y lo curioso es que no la han recuperado porque hayan suspendido sus crímenes, sino porque los han multiplicado. Y, por su parte las guerrillas (las FARC y el ELN) están perdiendo la respetabilidad que ganaron en años de conversaciones, cartas y declaraciones (…) Los motivos son claros, tanto para la paz con los narcos como para la guerra contra la guerrilla: son los mismos que hace diez años: en el primer caso, el poder de los narcos; en el segundo, la presión del Ejército (…) Objetivamente, sigue siendo una década perdida. Esperemos que en la década que ahora empieza se entenderá por fin que los dos grandes problemas no se solucionarán tratando sus efectos sino sus causas. Que la guerra contra los narcos sólo se ganará legalizando el tráfico de drogas. Y que la guerra contra la guerrilla sólo se ganará haciéndola superflua, es decir, terminando con la persecución de la gente en Colombia de suerte que no se vea obligada a defenderse”.

Nuevos planes de exterminio

Pero a pesar de su descenso electoral y de las continuas demostraciones de su voluntad de paz (“Porque si estamos en la lucha por un país más democrático, con paz y justicia social, entonces debemos insistir en la utilización de las vías democráticas para cambiar a Colombia”, decía Jaramillo en octubre de 1989 en Urabá, una de las regiones donde fue más perseguida la UP), el movimiento seguía representando un peligro para la clase dominante y por eso se diseñan nuevos planes para completar el exterminio que había comenzado a ejecutarse casi desde el mismo momento en que se constituyó la Unión Patriótica. Las agresiones contra los dirigentes y militantes no se suspendieron tras las elecciones de 1990 y a finales de 1992 se conoce la puesta en marcha de una estrategia criminal con un nombre significativo: Plan Golpe de Gracia. Se pretendía dar la puntilla a lo que quedaba de la UP combinando los mismos mecanismos de siempre -asesinatos, desapariciones, intimidaciones- con una nueva herramienta que el mismo Estado proporcionaba: la justicia sin rostro.

Amparados en el anonimato, supuestos testigos colaboraban en la creación de pruebas falsas para hacer aparecer ante la opinión pública como guerrilleros a los dirigentes y cargos electos de la UP y justificar las penas de cárcel que les imponían; la mayoría fueron puestos en libertad ante la falta de solidez de los cargos que les imputaban, pero muchos tuvieron que abandonar la actividad política porque después de fracasar la persecución legal se inició la ilegal (amenazas y atentados). De esta forma, con un menor costo político para el establecimiento que lo que supone el empleo de la violencia directa, se lograba un doble objetivo: restar arraigo social a la UP y neutralizar a sus líderes. La UP puso en evidencia estos montajes judiciales y a principios de 1993 denunció formalmente ante el Gobierno la existencia de este plan y la lista que los autores intelectuales del plan habían confeccionado con los nombres de las personas que iban a ser asesinadas o desaparecidas; sin embargo, los funcionarios no quisieron creer en lo que les presentaban ante sus ojos y no ordenaron la protección de los amenazados. El ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, llegó a decir que los dirigentes de la UP denunciaban la persecución para tener más apoyo entre el electorado .

Al mismo tiempo que se ejecutaba este plan de cobertura nacional se adelantaban otros en zonas donde la UP mantenía una fuerte implantación. El Plan Retorno se comenzó a implementar en la región de Urabá en 1993 con el objetivo de fortalecer el aparato militar, el paramilitarismo y la capacidad punitiva del Estado para facilitar a la derecha la recuperación del poder local y regional que en aquellas fechas estaba en manos de la UP. Sus efectos fueron más asesinatos y encarcelamientos. En los departamentos del Meta y Caquetá se llevó a cabo el Plan Esmeralda, de similares características y consecuencias que el que tuvo como escenario a Urabá.

La Defensoría Nacional del Pueblo elaboró un informe sobre los casos de homicidio perpetrados contra los miembros de la Unión Patriótica entre 1985 y 1992 y llegó a la conclusión de que la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra este movimiento político se dieron en épocas de actividad electoral, en las zonas donde la UP había conseguido mayor respaldo en las votaciones y, especialmente, contra los miembros que fueron elegidos para desempeñar cargos públicos. El estudio también refleja el altísimo grado de impunidad de los 717 crímenes que verificó: más del 40% de los casos estuvieron bajo investigación más de cuatro años, sólo diez habían sido resueltos en juzgados penales y en seis de ellos las sentencias fueron absolutorias. El informe afirmaba que “no se han otorgado a esta fuerza política (la UP) y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para desarrollar su acción proselitista” y añadía, “es evidente que el peso de la ley no ha caído sobre los ciudadanos o autoridades que han conculcado sus derechos fundamentales y desconocido sus garantías”.

Pero la trágica realidad supera los datos aportados por la Defensoría. Los continuos allanamientos a que fueron sometidos las sedes de la UP, la semiclandestinidad en que tenían que vivir sus militantes y el miedo de los familiares a denunciar provocaron que hasta hoy no se sepa con certeza la cantidad de muertos que arrojó este exterminio sistemático. Teniendo en cuenta lo que recogieron diversas publicaciones de la UP y del PCC y las denuncias públicas que se hicieron, se calcula que en 1993 ya habían sido asesinados alrededor de 3.000 dirigentes y militantes de base, entre los que figuran los dos candidatos a la Presidencia de la República, siete congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 69 concejales; las muertes continuaron en los años siguientes.

En 1994, Manuel Cepeda Vargas fue elegido senador por la UP; ese mismo año fue asesinado. El magnicidio de este senador es un caso paradigmático de la estrecha colaboración entre militares y paramilitares y de obscena impunidad. Cepeda, como miembro de la Cámara de Representantes, fue uno de los parlamentarios de la UP que denunciaron en el Congreso en 1993 la existencia del Plan Golpe de Gracia en cuya lista de personas a ser ejecutadas figuraba él mismo. En el debate parlamentario el senador acusó a los generales Harold Bedoya y Rodolfo Herrera Luna de ser gestores del paramilitarismo e impulsar el Plan Golpe de Gracia; Bedoya, además de responderle públicamente, lo demandó por difamación, pero la sentencia fue favorable a Cepeda: Herrera Luna tramaba algo más siniestro. Después de ser elegido senador las amenazas arreciaron, “se recibían entre 15 y 20 llamadas diarias en la casa diciendo que lo iban a matar”, comenta una persona cercana al político en aquellos días. Pero su situación se hizo insostenible cuando murió el general Carlos Julio Gil Colorado en un atentado atribuido a las FARC; Cepeda fue blanco de nuevas amenazas y teniendo en cuenta que habían empezado a cumplir el siniestro plan -el dirigente de la UP, Miller Chacón, incluido en la lista, ya había sido asesinado- decidió salir del país a mediados de año.

El 9 de agosto de 1994, a las pocas semanas de su regreso a Colombia, seis sicarios a bordo de un automóvil y una moto lo acribillaron en Bogotá. La familia, acompañada por sus abogados, fueron a reclamar justicia al Fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso; el Fiscal les dijo que haría lo que pudiera, pero les pidió “resignación” dado el nivel de impunidad que había en el país . En las otras instancias estatales donde acudieron el resultado fue similar, así que los familiares empezaron a investigar por su cuenta. De este modo localizaron a un paramilitar que había trabajado con la IX Brigada, que fue dirigida por el general Herrera Luna; el paramilitar entonces estaba en la cárcel por la traición de sus antiguos aliados. El paramilitar explicó a la justicia que dos suboficiales que él había conocido le contaron que fue el propio general Herrera Luna quien dio la orden de ejecutar a Manuel Cepeda . Esa confesión y otras pruebas provocaron la detención en el Batallón de Artillería No. 12 de Bogotá de los sargentos Justo Gil Zúñiga y Hernando Medina Camacho por su participación en el crimen; posteriormente fueron condenados a 43 años de cárcel. Sin embargo, varios testigos afirman que Medina Camacho fue visto en su casa, a veces en compañía de Gil Zúñiga, durante el periodo de supuesta detención.

La condena tampoco les provocó mayores problemas de movimiento; pese a la abultada pena continuaron ejecutando sus sangrientas misiones. Los dos suboficiales participaron en una patrulla que acabó con la vida de un transeunte en Bogotá y en un operativo en el que fue asesinado un militar; esta última acción se recoge en el libro La Sexta División: “Investigadores del Gobierno dijeron a Human Rights Watch que estos hombres (Gil Zúñiga y Medina) continuaron trabajando como agentes de la inteligencia militar hasta el 14 de julio de 1999. Ese día, Zúñiga y Medina se encontraban entre los soldados que participaron en una operación realizada por el Ejército que acabó con el asesinato de otro soldado, el teniente José Simón Talero” ; algunos testimonios afirman que el soldado fue asesinado porque había comenzado a denunciar irregularidades.

Sobre los autores intelectuales del crimen de Cepeda los tribunales no se pronunciaron. En 1993 se celebró una reunión en la región del Magdalena Medio entre diversos sectores impulsores del paramilitarismo a la que acudió el comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño. En esa cumbre se estableció que había que “frenar” la actividad de tres destacados dirigentes de la Unión Patriótica: Aida Abella, Hernán Motta y Manuel Cepeda; los dos primeros se encuentran actualmente exiliados -a Aida Abella trataron de matarla lanzándole un cohete en Bogotá- y a Cepeda lo mataron un año después. Esto se supo por declaraciones posteriores de paramilitares que asistieron a la reunión, pero también el propio Castaño reconoció su autoría en el libro Mi confesión: “El nueve de agosto de 1994 viajé a Bogotá y dirigí el comando que ejecutó al senador Manuel Cepeda Vargas”; el jefe de los paramilitares añade: “Hace pocos días -¡qué ironía y qué deplorable justicia!- la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá me absolvió de toda responsabilidad en ese crimen sin asignar yo un abogado en mi defensa” . Este crimen es una muestra del perfecto ensamblaje entre paramilitares y militares, “donde ya no se puede hablar sólo de nexos sino de planificación conjunta, de relación orgánica al más alto nivel”, asegura un experto en el genocidio de la UP.

La OEA investiga los crímenes contra la UP

El 12 de marzo de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de Derechos del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos- admitió el caso 11.227 sobre el exterminio practicado contra los miembros de la Unión Patriótica . Pese a la ferrea oposición del Estado Colombiano culminaba con éxito la primera etapa de un proceso iniciado el 16 de diciembre de 1993 por la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Después de analizar la situación con la dirección de la UP, las dos organizaciones no gubernamentales pidieron en esa fecha a la CIDH que se declarara la responsabilidad del Estado Colombiano en el exterminio y persecución de los miembros de la UP por la participación directa de agentes estatales en los hechos y por, al menos, haber tolerado que se llevaran a cabo. Los solicitantes requerían a la CIDH que concluyera que se había cometido un genocidio; la CIDH había dictado medidas cautelares para proteger a algunos dirigentes de la UP el 23 de octubre de 1992.

La Comisión no admitió que se calificara como genocidio ya que la Convención Internacional sobre este delito no incluye la persecución de grupos políticos -sólo contempla los grupos con carácter nacional, étnico, racial o religioso-, pero afirmó en su informe de admisibilidad que “los hechos alegados por los peticionarios (Reiniciar y la CCJ) exponen una situación que comparte muchas características con el fenómeno del genocidio y se podría entender que sí lo constituyen, interpretando este término de conformidad con su uso corriente”. El organismo de la OEA aseguró en su resolución que “la información suministrada por los peticionarios también tiende a establecer que el Estado de Colombia ha tolerado la práctica de persecución contra la Unión Patriótica al no tomar medidas para prevenirla. Primero, la omisión alegada de investigar y sancionar debidamente las acciones contra la Unión Patriótica implica que no se han prevenido de manera eficaz las violaciones de los derechos humanos de sus miembros. La impunidad resultante de esa omisión crea una situación propicia para la comisión de abusos adicionales”. A finales de 1997, la CIDH, de acuerdo al procedimiento establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 48 f), se puso a disposición de las partes para buscar una solución amistosa al caso. De este modo, en marzo de 1999 se constituyó una Comisión Mixta con el objeto de “definir una metodología de trabajo para propender por el esclarecimiento de los hechos a los que se refiere el caso en mención y por la realización de los derechos a la verdad y a la justicia y por el reconocimiento de una reparación integral”; esta comisión la integraron, por una parte, representantes de Reiniciar, CCJ, UP, Partido Comunista Colombiano, y, por otra, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General y Procuraduría General de la Nación.

Pasado un año el Gobierno y los peticionarios suscribieron un acuerdo para continuar en la búsqueda de la solución amistosa y se constituyó un Grupo de Trabajo, con los mismos integrantes que la Comisión Mixta más la Defensoría del Pueblo y dos personalidades; este grupo mantuvo los objetivos iniciales, pero también asumió como misión prevenir las violaciones de los derechos humanos y ofrecer una protección oportuna y eficaz a los miembros y sobrevivientes de la UP. Los datos de los informes presentados periódicamente por Reiniciar a la CIDH demuestran que las medidas preventivas aplicadas hasta ahora resultan insuficientes ya que esencialmente son de carácter material (esquemas de seguridad, ayudas a los desplazados) mientras que las políticas y jurídicas (apoyo explícito a la UP, lucha contra la impunidad) son casi inexistentes a pesar de los continuos requerimientos de los representantes de las víctimas en las reuniones del Grupo de Trabajo.

No obstante, Reiniciar sigue trabajando en la reconstrucción de la memoria histórica del genocidio y mantiene su labor de apoyo a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la UP. Así, la Corporación les presta asesoría jurídica, colabora en la tramitación de ayudas y realiza un trabajo político -dentro y fuera de Colombia- de denuncia de las violaciones de derechos humanos de que son y han sido objeto los militantes y respalda la continuidad de lo que representa la UP: una oposición democrática y progresista a un modelo de Estado excluyente. Además, con escaso apoyo estatal, pero con el aval de numerosas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y de delegaciones diplomáticas, los miembros de Reiniciar recorren Colombia para reunirse con las víctimas y acompañarlas en el ejercicio de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

Sin embargo, todo esto no ha impedido que más de una década después de que se denunciara el caso ante la CIDH la inmensa mayoría de estos crímenes siga sin castigo y el genocidio político continúe. Durante los cuatro años de Gobierno de Uribe Vélez se han perpetrado, por lo menos, 136 homicidios contra los sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, 38 casos de desaparición forzada y 28 intentos de homicidio; esto sin contar los cientos de familias desplazadas y víctimas de montajes judiciales. Ante esta situación, se hicieron llamados reiterados al Gobierno para que realizara un pronunciamiento condenando los ataques y para que adoptara otras medidas dirigidas a la prevención de nuevas violaciones.

El Gobierno no sólo se sustrajo de su obligación de protección sino que, además, alentó nuevos hostigamientos. El propio Presidente realizó nuevos señalamientos contra los comunistas y el pasado mes de abril, en plena campaña electoral por la Presidencia de la República, el equipo de Uribe Vélez difundió una cuña propagandística en la que un supuesto ex militante de la UP decía literalmente: “Señor Presidente: Yo pertenecía a la UP, me parecía un buen movimiento, pero nos fuimos torciendo, matar por matar, hacer daño a los demás, matar civiles, eso está mal hecho. Está bien que usted los esté combatiendo, por eso hoy día lo apoyamos a usted con toda la que tenemos” . Reiniciar y la CCJ exigieron a Uribe una rectificación que nunca se produjo. Por todos estos hechos y por la continua falta de disposición política, que se ha evidenciado en el incumplimiento del compromiso de constitución de un grupo de fiscales e investigadores dedicados de manera exclusiva al esclarecimiento del genocidio, la negativa a restablecer la personería jurídica de la UP y el caso omiso a la petición de establecer una partida presupuestaria fija para el caso, se comunicó el pasado 27 de junio a la CIDH la decisión de no continuar en la etapa de búsqueda de una solución amistosa con el Estado colombiano. Las víctimas del genocidio y sus representantes plantearán ahora el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “donde confiamos encontrar la justicia que ha sido denegada internamente” .