Del gasto militar engañoso que apoya la casta en pleno a la propuesta pacifista por una alternativa al gasto militar

Juan Carlos Rois

Tortuga.

Me preguntaban hace unos días, cuando explicaba el enorme gasto militar español, su aparatosa extensión a cada vez más aspectos de la vida social y la complicidad de tantos ministerios y organismos que lo financian de tapadillo, por el sentido de todo este gasto. ¿Para qué sirve todo esto?

Hay al menos dos formas de responder a esta pregunta.

Si hacemos caso de la ministra del ramo, es un esfuerzo que sirve para protegernos frente a un mundo hostil, mostrando nuestras capacidades de repartir leña si las cosas se ponen a mal y de traer seguridad y paz, una cierta paz más bien entendida como tranquilidad coactiva, a nuestro favor. También, dice Doña Margarita, sirve para dar trabajo y desarrollo, porque -afirma- tanto el ejército como la industria militar son fuentes casi inagotables de trabajo, ejemplo de servicio a los demás e impulsores de tecnología avanzada que nos sitúa a la cabeza del cambio tecnológico mundial.
El argumento es un 25% apolillado y un 75% mentira, por seguir una proporción parecida a la que mantiene nuestro gasto militar explícito respecto del que mentirosamente disfrazan como otra cosa, pero suficientemente simple en una sociedad desinformada y crédula y bien nutrida de cómplices de la posverdad militarista, siempre dispuestos a divulgar cada ocurrencia o eslogan que lanza la ministra o sus adláteres.

Otra forma de contestar más pegada a los hechos crudos es que el presupuesto sirve sobre todo para consolidar y fortalecer un modelo de defensa y de seguridad militarizado que, dicho sea de paso, nos viene impuesto, sin que nadie nos haya preguntado nuestra opinión al respecto, ni dejado participar, siquiera mínimamente, en su diseño o debate.

¿PARA QUé SIRVE NUESTRO ENORME GASTO MILITAR?

El presupuesto de Defensa oficialmente alcanza los 10.155 millones de euros (de los que 2.821,10 se destinan a comprar armas sofisticadas y pensadas para la «proyección» a miles de kilómetros de nuestras fronteras y para desarrollar una política de injerencia militar que nos ha llevado a participar en 103 conflictos internacionales desde 1989).

Por arte de birlibirloque acaba asumiendo un gasto anual superior a los 22.000 millones de euros (22.318,5 según mis cálculos), gasto que luego, por un nuevo pase de abracadabra, pasa a afectarnos en más de 39.000 millones de euros, una vez que le sumemos las partidas que se van autorizando a cuentagotas por el Consejo de Ministros con posterioridad a la aprobación de los presupuestos, más la deuda que hay que amortizar año tras año por arrastrar tan elevados e insostenibles gastos, más la que hay que contraer para anualidades posteriores para poder cuadrar unos presupuestos en los que los ingresos son inferiores a los gastos.

No es para tomarnos la cosa a broma ni para mirar hacia otro lado, como hace nuestros ilustres políticos y opinadores en general.

Que pasemos, como ocurre en los presupuestos de 2022, de unos teóricos 10.155 millones a la nada despreciable cifra de 22.318,5 millones y de esta «per saltum» a la exagerada de 39.285,56 (según mi última actualización/ajuste de lo que, como poco, se espera para este año), implica que nuestra casta política prefiere, por encima del sursuncorda, fortalecer las estructuras y prioridades militares en vez de otro tipo de políticas públicas más empáticas con las urgentes necesidades sociales desatendidas.

Para colmo de males, esto viene ocurriendo de forma invariable desde que se turnan en el gobierno PP y PSOE con sus distintas alianzas y apoyos.

Y esto tiene al menos tres implicaciones:

• La primera, que estos presupuestos (y los que nos endosarán para 2023 y años sucesivos) sirven para fortalecer un determinado modelo de defensa militar, impuesto por los intereses creados de nuestra élite caduca y caracterizado por su apuesta intervencionista, atlantista y de preparación constante de la guerra.
• La segunda, que con estos presupuestos se consolidan y acentúan los principales males de nuestro militarismo sempiterno en contra de las necesidades sociales.
• Y la tercera, que tal presupuesto compromete el futuro y las posibilidades de buscar (si es que alguna tendencia de nuestro teatro político lo pretendiera, que hoy por hoy no parece) una vía alternativa al enfoque militarista de nuestra política, reforzando la idea de que lo militar es un tema tabú sobre el que no cabe opinar, ni plantear alternativas, porque es una política nuclear e innegociable del Estado.

Esto es en especial más relevante en el momento en que en el gobierno es coparticipado por un socio mayoritario protagonista del turnismo inmovilista en política de defensa de los últimos decenios, junto con una fuerza que se suponía que tenía una visión alternativa al respecto.

Y, también, porque la preponderancia de los halcones en la definición de la política europea nos desliza por una pendiente de vuelta de tuerca militarista y de riesgo de participar más masivamente en las guerras que prefabricamos desde aquí, tanto convencionales como híbridas, y en las que ya estamos implicados, junto con las que esperan en la casilla de salida y se avecinan.
Luego volveré sobre estos dos aspectos, porque no me parecen un dato menor, pero ahora déjenme que me centre en exponer las tres implicaciones que refiero.

• 1) Fortalecimiento del modelo de defensa militar intervencionista y peligroso

Si nos preguntamos por las principales características de nuestro modelo de defensa, podemos resumirlas con diez notas:

• a) Una política de defensa secretista, opaca e inamovible, pactada sin transparencia ni participación social y que no responde a los intereses generales.
• b) El mantenimiento de un ejército desmesurado y desproporcionado, con un elevado número de efectivos y con una ratio oficial/soldado descabellada y sin parangón en ningún ejército, con un oficial por cada 1,4 soldados. Según la Resolución 320/38001/2022 de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, el número de militares al servicio del ejército para 2022 se cifra en 131.762: A estos hay que sumar los 76.642 efectivos de la Guardia Civil, otra institución castrense, lo que nos pone en 202.404 militares, sin contar con la reserva movilizable. Todo ello muy lejos de la ratio que mantienen ejércitos como el de Alemania (1/400), Países Bajos (1/346), Francia (1/330) y otros de muestro entorno.
• c) Con un armamento sofisticado, innecesario (lo llegó a reconocer en sede parlamentaria nada menos que un secretario de estado de defensa) y enfocado a la «proyección» (antes se llamaba invasión), Este armamento además se deriva de grandes programas de compra de armas y encargos de programas especiales de armamiento a largo plazo, cuyo desembolso económico es multimillonario, involucra a varios ministerios (al menos el de Industria, el e Hacienda y e el de Defensa) y arrastra una inabordable deuda militar para su adquisición.
• d) Con un enfoque intervencionista (103 intervenciones militares en el exterior y más de 140.000 efectivos involucrados en ellas desde 1989 hasta la fecha, actualmente participando en 18 escenarios militares con 3.000 soldados implicados y un amplio despliegue de material militar) que, para colmo de males, ni ha traído más paz al mundo (a pesar de habernos gastado en ello más de 18.000 millones de euros), ni se ha evaluado nunca con luz y taquígrafos.
• e) En una concepción de la defensa “delegada”, en la que nuestra “seguridad” se garantiza por medio de las alianzas a las que España pertenece y, por tanto, integrada y supeditada a la estrategia militar de la OTAN y de EE. UU., país que incluso mantiene bases militares de su escudo antimisiles en territorio español. Por cierto, el convenio de las bases americanas se prorrogó en 2021, con el gobierno PSOE-UP.
• f) Con una definición de su estrategia militar alarmante, que a) define como “frontera de seguridad avanzada” de España tanto el Sahel, desde el atlántico hasta el índico, como oriente medio, b) que considera la existencia de riesgos de índole militar y securitizador “internos” (la vieja idea del enemigo interno) e híbridos (que permite meter en el mismo saco y desde una concepción securitizadora aspectos ajenos a lo militar, tales como la inmigración, la protesta social, el cambio climático, las catástrofes naturales, crisis sanitarias, riesgos económicos o en el flujo de materias y comercio, o cualquier otra cosa en la que el estado tenga un interés de control militar).
• g) Con una no menos agresiva política de exhibición y venta de armas, que nos consagra como la sexta-séptima potencia mundial en el negocio de la guerra, sólo por detrás de los países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
• h) Y una alta ideologización ultra, machista, confesional y providencialista de amplios sectores de las fuerzas armadas, así como de la orientación hacia las soluciones militaristas que se insinúa/predica en los estudios militares, así como en la mentalidad de la oficialidad y en los diversos espacios militares, sin olvidar la sospechosa concurrencia de muchos «casos aislados» que habitualmente salpican las noticias con posiciones, manifiestos, discursos y otros exabruptos de destados militares.
• i) Con una expansión del colaboracionismo con lo militar que alcanza de forma transversal a múltiples ministerios y departamentos públicos, y que condiciona a sus intereses políticas tan significativas como la investigación o la ciencia, la tecnología, el desarrollo industrial, los usos del territorio, los espacios naturales, la cultura, la convivencia social y territorial, o la idea amplia de seguridad.
• j) Y una identificación de «enemigos», «amenazas» y «riesgos» bastante preocupante, que señala como tales a los inmigrantes empobrecidos que quieren alcanzar territorio estatal, países y estados donde se ponen en juego intereses propios poco santos, grupos de disidencia de cualquier característica y sin matiz, desde el crimen organizado y el terrorismo hasta la mera disidencia o la protesta social, así como aspectos de toda índole que nada tienen que ver con el enfoque militar y la defensa.

• 2) Refuerzo de los principales males del militarismo autóctono:

Nuestro modelo de defensa arrastra una serie de males que el paso del tiempo no ha conseguido abordar, sino petrificar y que un presupuesto que los engrasa y dota de partidas disparatadas viene a reforzar. Para recuerdo del personal, aquí apuntamos el decálogo de nuestros males militaristas de siempre:

• I) Gigantismo: El presupuesto militar acentúa el gigantismo miliitar, consumiendo cerca del 50% del presupuesto de Defensa en pagar sueldos a los efectivos militares (más del 60% si no tenemos en cuenta la partida de 2.252,81 millones de euros destinada a pagar programas de armas) y haciendo del pago de salarios la principal actividad del ministerio de defensa.
• Dicha cantidad aumenta más aún si contamos con que uno de los programas del Ministerio de Defensa está destinado a financiar (nada menos que 572 millones de euros) que cerca de 15.000 oficiales que actualmente no se necesitan para nada, puedan pasar a la reserva cobrando como si estuvieran haciendo algo.
  A ello se une la falta de cualquier tipo de partida destinada a una verdadera política de reconversión del personal militar excesivo y que, para colmo de males, nuestra casta política, en vez de reducir el elevado número de efectivos, haya consolidado una acción para que los soldados mayores de 45 años que ya no pueden por ley reengancharse más y que han sido incapaces de ascender a oficiales o de buscar otro enfoque profesional, sigan cobrando del ejército, incrementando el problema.

Si a ello sumamos el elevado coste de las pensiones militares y las clases pasivas (fruto de un ejército heredado del franquismo con muchísimo más personal incluso que se ha ido jubilando), que asciende a más de 3.720 millones de euros anuales, vemos que, solo en materia de mantenimiento del personal, el militarismo español impone una elevada losa que convierte en insostenible el presupuesto destinado a defensa.

• II) Opacidad: Nuestro gasto militar está disfrazado en un 74% fuera del presupuesto militar que oficialmente reconoce el gobierno.
• Se esconde en lugares insólitos como los préstamos, dotaciones y demás pagos que hace el Ministerio de Hacienda al SEPI para dotar las pérdidas de nuestra industria militar de titularidad pública (NAVANTIA, INDRA o EADS).

También en la puesta a disposición de las operaciones militares de los buques medicamentalizados que operan en el Golfo de Guinea o en el Indico, y que financia el Ministerio de Transportes a través del Instituto Social de la Marina.
Del mismo modo, en los patrulleros con que cuenta la Armada y que paga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (hace menos de un mes se ha comprometido a invertir 8 millones de euros para repararlos y a comprar y ceder a defensa otros cuatro que sustituyan a los actuales).

Otros se esconden en la financiación de la base antártica que realiza el Ministerio de Hacienda y el CSIC, o en las transferencias que recibe el INTA para investigación militar por parte del ministerio de Ciencia e Innovación también desde el CSIC.
El ministerio de Ciencia e Innovación financia una parte de los apoyos a la industria militar, mediante los programas «Dual» y los programas de apoyo i+d+i, así como la base antártica militar Gabriel de Castilla.

En la financiación de la industria militar también participan los ministerios de Industria con la concesión de créditos a interés cero para la fabricación de armas encargadas por defensa y las diversas líneas de apoyo a la industria que acaban en manos del polo militar industrial, y el de Medio Ambiente, mediante diversos programas de apoyo de la Agencia Estatal de Investigación y el CDTI.

Industria también aporta para la financiación del Satélite militar «Paz» y de los programas de satélites del ministerio de Defensa, así como la parte militar correspondiente a la metrología.

El de transición Ecológica entrega su óbolo por la parte militar de AEMET y la mejora de la administración militar.

Asuntos exteriores paga más de 236 millones para operaciones militares en el Exterior, así como cuotas de participación en diversos organismos de defensa y seguridad, entre ellos la OTAN, mientras que Hacienda abona más de 800 millones que paga hacienda para cuotas de ISFAS, o el combustible líquido que consume defensa (767 millones de euros para los años 2022 y 2023 ), o la reparación de motores de vehículos militares (más de 46 millones este año) y otras bagatelas, así como los más de 3.700 millones que se pagan desde las clases pasivas para pensiones militares.
El de interior paga más de 3.500 que se pagan por la Guardia Civil y así un largo y tedioso etcétera.

• III) La consolidación de una estructura paralela y los organismos autónomos.
  El militarismo español cuenta con una especie de mini-estado dentro del estado: jurisdicción propia con su aparataje de jueces, fiscales, juzgados, tribunales, . . . .; farmacia propia, red hospitalaria propia, sanidad propia, parques recreativos y culturales, participación en «olimpiadas militares», campos de golf, espacios naturales exclusivos y a su disposición ,afectación del territorio nacional, su espacio de radiofrecuencia y aéreo, los trazados de vías y carreteras, los usos de la tierra, supeditados al interés de la defensa, un patrimonio propio (segundo terrateniente del Estado) y que gestionan autónomamente, centros de investigación propios, un sistema de previsión y seguridad social propio, los famosos organismos autónomos militares ( que por cierto consumen 2.252 millones de euros del presupuesto) y hasta una catedral propia pagada por el propio ministerio, patrimonio cultural, museos, archivos exclusivos, . . .

El presupuesto destina dinero para todas y cada una de estas capas de cebolla de la estructura militar. Permite que el ministerio de Defensa controle tres organismos autónomos dependientes de sus intereses: El INTA (dedicado a la investigación militar, al que también se le realizan encargos por otros organismos estatales para dopar su presupuesto mediante la fórmula de las encomiendas de gestión), el ISFAS (el paralelo a la seguridad social para militares) y el INVIED (que gestiona en enorme patrimonio militar y ha protagonizado episodios especulativos más que curiosos). ¿Por qué no se transfiere todo esto a lo civil y se les da a los militare el mismo trato, en deberes y derechos, de cada hijo de vecino?

-* IV) Enfoque intervencionista

El presupuesto consolida en enfoque intervencionista del ejército español. EL PGE destina 314,37 millones de euros a intervenciones en el exterior que son pagados desde el Ministerio de Defensa, más otros 236,03 millones que se pagan desde el de Asuntos Exteriores, pero en lo que llevamos de año ya se han producido varios créditos extraordinarios para incrementar la cifra, con aumentos a cargo del fondo de contingencia por importe de 569,85 millones de euros aprobados en Consejo de Ministros del mes de 8 de marzo de 2022 (anualmente ha venido rondando los 1.000 millones de euros en los últimos años) y de 291,78 aprobados en Consejo de Ministros de 10 de mayo, a los que habrá que sumar los 3.000 millones de euros extra que la ministra de defensa ha anunciado que necesita para atender en 2022 a la guerra de Ucrania.

-* V) Industria militar dopada y agresiva

España es unan de las principales potencias exportadoras de armas, con un sector militar-industrial que abarca unas 500 empresas, con unos 20.000 trabajadores y que factura al año más de 13.000 millones de euros.

Dicha industria está compuesta por once grandes empresas que abarcan más del 71% de la facturación total y que constituyen una especie oligopolio que se queda con la mayoría de los encargos de armas del Estado y que exporta al exterior (con el agresivo y lucrativo apoyo institucional del Estado) alrededor de 4.000 millones de euros anuales en armas.

Llama la atención la presencia de capital público (Más del 25% del total del sector) a través de NAVANTIA, EADS e INDRA, así como de la participación de la empresa de titularidad del Ministerio de Defensa ISDEFE en otras empresas del sector. Igualmente, que la participación privada del sector concentra un 67% de capital extranjero.
Debe señalarse, a su vez, la alta inversión de la banca en la financiación de la industria militar española y el cruce de intereses financieros/especulativos y de venta de armas en juego.

El PGE consolida este papel de la industria militar por medio de partidas anuales para pago de programas especiales de armamento, por medio de los cuales transfiere a la industria militar pagos anuales de más de 2000 millones (este año 2.720 millones), así como mediante líneas de subvención y créditos (por cierto, a interés cero) a la industria militar, y ayudas a la exportación.

Este año la industria militar recibirá por medio de diversos programas del Ministerio de Industria la cantidad de, al menos, 1.103 millones de euros destinados a apoyo a la innovación tecnológica militar, impulso a la competitividad industrial, internacionalización, promoción comercial e internacionalización de empresas, impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial, programas innovadores del plan PERTE. A la vez, el Ministerio de Ciencia e innovación pagará 2,9 millones de euros al INTA para la investigación militar y cerca de 86 millones más a la industria militar.

Durante el año 2021 y 2022 el Estado, que ya arrastra una deuda por adquisición de armas por programas de armas heredadas de la etapa de Aznar, Zapatero y Rajoy de más de 30.000 millones de euros con la industria militar, ha comprometido más de 11.000 millones de euros más (sin contar con las intenciones de Doña Margarita Robles de incrementar aún más el dislate) en inversiones militares hasta 2035, lo que nos llevará, como veremos después, a un nuevo problema de nuestro gasto militar: la generación de una deuda militar impagable e ilegítima.

No es un dato menor que el Secretario de estado de Industria afirmara en el Parlamento que, desde 1988 Industria ha financiado mediante créditos a interés cero para la compra de armas a la industria militar por valor de 17.243 millones de euros; cantidad a la que podemos sumar la autorización al Ministerio de Hacienda por parte del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2022, para que comprometa gasto militar para nuevos programas de armamento a pagar entre 2023 y 2028 por importe de otros 3.257,49 millones de euros, a los que sumar los 956 millones de euros extra que anunció el secretario de estado de industria en las jornadas «La industria de Defensa, motor económico y de bienestar social» el 10 de mayo que su departamento asumiría para financiar compromisos de pago de Defensa con la industria militar. Un suma y sigue sin término.

VI) Clientelismo y puertagiratorismo.

La política de apoyo a la industria militar desarrollada por el Estado ha tenido como principales impulsores la propia estructura oligopólica de nuestro «complejo militar-industrial» y su capacidad de influir en las adquisiciones de armas y en la estrategia de internacionalización de esta industria, junto con la lacra de las puertas giratorias entre la industria militar y Defensa, con varios ministros y secretarios de Estado que han alcanzado altos cargos (antes y después de su paso por el ministerio) en la industria militar; con jefes y altos responsables militares como asesores de esta y un escandaloso entramado de relaciones cruzadas y de intereses opacos.

-* VII) Generación de una huella ecológica brutal.

La actividad que financia el gasto militar genera, además, un impacto ambiental brutal.
Según estudios del propio ministerio de defensa referidos a 2012, el efecto contaminante del Ejército, sin contar con su actividad en el exterior contemplaba la emisión anual de 1,4 toneladas de Halones, 130.000 toneladas de NOx , 25.048,3 toneladas de SOx y 9.856.845 toneladas de CO2.

Conforme a un estudio del Centro Delás, la emisión de CO2 de la actividad en tiempo de paz de nuestro ejército en 2019 fue de más de 24,8 millones de toneladas, la mitad de la emisión total de CO2 en un país como Noruega o dos veces lo que emite otro como Senegal, o el equivalente a todo el tráfico rodado de una ciudad como Madrid.
La contribución es aún mayor, porque nuestro ejército, en consorcio con los otros occidentales, ofrece seguridad militar a las grandes corporaciones transnacionales que movilizan y comercializan materias primas y son fuentes contaminantes y de degradación medioambiental de especial relevancia, así como a las industrias militares, otra fuente contaminante de primer orden. Además, podemos consignar la emisión de otros gases y agentes contaminantes y altamente peligrosos por parte de la actividad militar que acaban corrompiendo los campos, la atmósfera y los acuíferos, tales como uranio empobrecido, residuos de explosivos, aceites industriales y otros residuos de otra índole.

Todo ello es financiado por el gasto militar tanto explícito y contemplado en las partidas del Ministerio de Defensa, como oculto y disfrazado en otros ministerios, como lo prueba el que en el Consejo de ministros y ministras de 5 de abril de 2022 aprobara un megacontrato para la adquisición de combustible líquido para el ejército por importe de 767,57 millones de euros. Hacienda, también en consejo de ministros de abril, aporta otros 48,86 millones de euros más para reparación de motores de vehículos militares.

-* VIII) Insostenibilidad.

Otro de los males de nuestro endémico militarismo es su insostenibilidad presupuestaria.

Insostenibilidad que viene dada por la necesidad de amortizar una deuda por armas que anualmente implica el pago de más de 2.000 millones de euros y que acumula un total de más de 30.000 euros más sus correspondientes intereses y a la que hay que sumar los sucesivos nuevos contratos de armas.

Pero, a su vez, una insostenibilidad que deriva del propio gigantismo de muestra estructura militar, que acapara una elevada cantidad de gasto destinado a pagar sueldos y cargar referidas al sostenimiento del personal, tanto en activo, como de sus clases pasivas y de sus beneficiarios.

Lógicamente no se trata de postular que se deje en la estacada a la inmensa clientela militarista, más de 3.500.000 bocas entre personal en activo, clases pasivas, personal de baja y beneficiarios de las distintas prestaciones del ISFAS u otras, pero sí de buscar una reorientación que rompa con la cada vez más inabordable insostenibilidad del gasto militar.

Además de todo ello, dado que nuestros presupuestos generales son enormemente deficitarios, al contar con menos ingresos que gastos públicos, el Estado tiene que pagar cada año los intereses de la deuda que en los años anteriores ha tenido que adquirir en los mercados para dotarse del dinero que necesita para cubrir las partidas presupuestarias, así como asumir nueva deuda para abordar el pago total de la cuenta de gasto.

En uno y otro caso, la parte proporcional de deuda que se imputa al gasto militar es brutal, y crece acumulativamente a medida que nuestros presupuestos acentúan sus males. De esta forma, en 2022 pagaremos más de 4.100 millones de euros en pago de intereses de la deuda imputada a lo militar, más la carga de otros 8.100 millones de nueva deuda a comprometer durante 2022.

Esto hace insostenible el gasto militar. Una insostenibilidad que, de ocurrir en partidas sociales, suele tener como receta los recortes, lo que no pasa nunca con el gasto militar.

• IX) Visión militarista: providencialismo, confesionalidad y extremismo.
  Nuestro ejército ha protagonizado diferentes episodios golpistas. No en vano, nuestras fuerzas armadas son herederas del ejército vencedor de una guerra civil y perpetuador de la dictadura del general Franco.

La inmensa parte de la oficialidad del mismo se ha formado bajo las doctrinas aprendidas en las academias militares herederas del franquismo, academias donde el maquillaje constitucional de la formación militar no ha emprendido nunca ninguna reforma en profundidad del subyacente franquismo dominante.

Frecuentemente, mandos militares, normalmente tras su retiro, pero en ocasiones en activo, hacen gala de su pensamiento radical y amenazan con movimientos del ejército para interferir en el discurrir político del Estado, para exigir respeto a las ideas franquistas o a la persona del dictador o para presionar políticamente. Los signos de confesionalidad de los mandos también son elocuentes y visibles en procesiones y otros actos simbólicos y saltan a los noticiarios de vez en cuando por pasadas de frenadas de mandos oficiales, la última vez hace menos de un mes cuando un capitán llevó a su batallón a recibir la bendición de un cura en el Valle de los Caídos.

Desde el Ministerio de Defensa y con presupuesto público se financian capellanes castrenses (4´5 millones de euros anuales), peregrinaciones a Lourdes y a Fátima encubiertas como actividades culturales (más de 1.5 millones de euros desde 2015) o presentaciones de banderas y otro tipo de ritos a vírgenes y otra imaginería católica.
El ministerio de defensa financia además publicaciones propias, de las academias militares y de otros centros militares con no pocas manifestaciones que demuestran la orientación ultra de gran parte del ejército.

-* X) Insolidaridad y perjuicio social.

Durante la pandemia se ha demostrado la idea de solidaridad del ejército. Se aprestaron a aparecer haciendo como que hacía algo en una crisis sanitaria que no precisaba de un enfoque militarizado.

La UME se aprestó a poner en pie 16 hospitales de campaña (¿alguien se preguntó por qué son los militares y no los cuerpos civiles quienes tienen en este país los recursos para tal acción?) o a ejercer funciones de policía para las que el Estado, las comunidades autónomas con competencias y los ayuntamientos cuentan ya con un elevado número de efectivos policiales.

No se dijo que la actuación del ejército en la pandemia (que sirvió, dicho sea de paso, para bien poco) recibió a cambio financiación extrapresupuestaria por parte de los fondos FEDER.

Tampoco nadie se ha tomado el esfuerzo de cuestionar por qué cada vez que la UME interviene en alguna crisis pasa luego la factura de su intervención a la administración correspondiente, o por qué los militares gozan de un material bien dotado y altamente especializado pero las autoridades civiles no.

La insolidaridad militar se incrementa cuando hacemos un mínimo análisis comparativo de aspectos como las inversiones militares en relación con las civiles (este año el 37% de la inversión estatal, a gran distancia de la segunda, la de trasporte y movilidad, del 25%, o la de Transición ecológica, tercera en el ranquing, de sólo el 7%), o las partidas de i+d+i militares, 938 millones de euros en 2022, que acaparan una muy importante parte del gasto de i+d del estado, con más de 4 veces el destinado a investigación sanitaria, y la colaboración de diversos ministerios en su financiación. Una comparación del propio gasto militar en relación con las partidas asignadas a otras necesidades sociales acaba de completar el cuadro.

También una mera comparación del gasto militar real en comparación con las partidas asignadas a otros ministerios muestra la insolidaridad del militarismo y de sus promotores.

Al margen de la sensibilidad social y de la seguridad humana.

Estos diez males endémicos de nuestro militarismo se resumen en dos, como las leyes de Moisés: el enorme gasto militar español consagra una institución al margen de la sensibilidad social y, para colmo, no defiende la seguridad humana ni las prioridades de la sociedad.

Porque la pregunta de fondo, la que no nos dejan plantear nunca, es qué queremos defender.

Se supone que una política de defensa debe articular medios y esfuerzos para defender lo que en común hayamos decidido digno de defensa o, si se quiere seguir con los vaporosos parámetros de Naciones Unidas, para defender la seguridad humana, algo muy diferente a la seguridad militar.

Y no parece que ninguno de los múltiples enemigos de la seguridad humana, como pueden ser los derechos, la lucha contra el hambre o la pobreza, la justicia social, niveles de protección suficientes frente a la enfermedad, la incultura, la violencia machista, etcétera; una enseñanza de calidad, seguridad medioambiental y un largo etcétera, se defiendan o se puedan defender ni desde criterios securitizadores ni desde operaciones militares.

Más bien, aparecen estos como dos de los grandes problemas a abordar para solucionar los males que padecemos y para abordar las necesidades que esperan ser cubiertas.

– 3) Sirve para evitar que haya cambios:

Y la tercera afirmación que realizo es que estos presupuestos, además, no sólo cronifican nuestro modelo obsoleto y ahonda en sus males y errores, sino que está pensado y atornillado de tal manera que intenta evitar una política de defensa alternativa que revierta las tendencias de nuestra actual, y vigente desde el inicio de la transición y más acentuadamente desde la adhesión a la OTAN y la UE, política de defensa.

Para ello el presupuesto además de consolidar compromisos multimillonarios de compra de armas a largo plazo, compromisos de pago que alcanzaban antes de marzo de 2022 los 30.000 millones de euros y que por mor de la autorización para aumentar el compromiso de gasto efectuada en Consejo de Ministros de 5 de abril de 2022 otros 3..577,49 millones de euros con cargo a los presupuestos de 2023 a 2028, otros 767,57 millones más a pagar entre 2022 y 2023 por adquisición de combustible líquido conforme acuerdo del consejo de ministros del mismo 5 de abril. A su vez, mantiene otras partidas de gasto plurianual consignada en los presupuestos generales y que son abonadas desde otra cuenta presupuestaria por importe de 317 millones de euros.
Este enorme volumen de compromisos de gasto militar, la mayoría para adquisición de armas, junto con el mantenimiento de un ejército gigante que da de comer a no menos de 3.500.000 personas y que cuenta con palancas de presión, hace que cualquier intento futurible de abordar la política de defensa de forma diferente, por ejemplo mediante la renuncia a seguir manteniendo la política de injerencia militar actual, o a cancelar la adquisición de armas innecesarias y agresivas, pongamos por caso, se vuelva enormemente complicado por la carga económica de las inversiones y compromisos adquiridos, así como por las sanciones y reparaciones pactadas y que conllevaría tan esencial cambio.

No podemos hacernos ilusiones dado el percal y los titiriteros de nuestra política. Sólo altas dosis de coherencia y compromiso, y, por qué no decirlo, de apoyo popular y de inteligencia, pueden hacer que se invierta la nefasta política militar que España mantiene.

Tal vez es por eso por lo que los partidos y formaciones políticas que se dicen de vocación transformadora pasan de puntillas sobre tantas inercias y mantienen una postura cuando menos ambigua y complaciente hacia el gasto militar y su crítica.

2. UNA VISION DE LA ACTUACIóN GUBERNAMENTAL DESDE EL VOTO DE CENSURA A MARIANO RAJOY HASTA LA FECHA.

La política de defensa española se caracteriza por su inamovilidad de pedernal desde el inicio de la transición en mantener unas políticas militares inalterables, gobierne quien gobierne.

Existe un pacto soterrado por el cual el gobierno de turno hace lo mismo que el anterior, cuando no agrava más la situación, y el resto de las fuerzas políticas se quejan con la boca pequeña o miran para otro lado.

Un repaso a la evolución del gasto militar desde el año en que lo queramos tomar hasta la fecha lo demuestra, ya sea usando como parámetro el gasto militar reconocido por el gobierno, ya el real que aparece de incorporar el que disfraza y oculta con sus mil ardides.

En el cuadro siguiente apunto (la curva de abajo) la evolución del gasto militar desde 1987 a la fecha tomando solo en cuenta el gasto que reconoce defensa y señalando en rojo los períodos de gobierno PSOE y en azul los de PP.
En la curva de arriba represento el mismo gasto pero con el gasto militar una vez contabilizado el oculto.

Se me antoja significativo que, a pesar de la crisis pandémica que hemos padecido y la evidencia de que las verdaderas amenazas efectivas que la sociedad ha enfrentado tienen que ver con una crisis sanitaria y sus consecuencias sociales hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, en virtud del cierre de actividades de toda índole, y, cuando parecía que salíamos de esta, la crisis actual como consecuencia del impacto social combinado de la escalada de las energías, el aumento de la inflación, los cortocircuitos de las cadenas de distribución y la guerra, el gasto militar no sufra un recorte significativo en favor del gasto social, sino que aumente y se pretenda aumentarlo más aun, entregándose el gobierno, con armas y bagajes, a los discursos e intereses de los halcones.

¿No afecta acaso la inflación y la subida de tipos de interés a la ya inabordable deuda militar? Volver a línea automáticaacaso la inflación y la subida de tipos de interés a la ya inabordable deuda militar?

No deja de sorprender que los males del gasto militar de siempre sean los mismos, sin corrección ni enmienda alguna, en el gobierno que se predica más progresista de la historia, un gobierno que ha elevado sustancialmente el peso del militarismo hasta la cantidad de 111.380,81 millones de euros desde que Unidas Podemos sienta ministros propios en el Consejo de ministros (158.888,86 millones desde la moción de censura a Mariano Rajoy).

Sorprende más que durante todos estos años la presentación de los presupuestos haya merecido únicamente el 0.8 % del total de enmiendas a los PGE y ninguna de esas izquierdas que se predican contrarias al gasto militar excesivo.

O más aún que, por ponernos solo el año en curso, que los sucesivos consejos de ministros, sin que conste la oposición ni la crítica de nadie, haya aprobado elevaciones constantes del gasto militar que en conjunto alcanzan los 7.066 millones de euros, para las más inverosímiles acciones, como 767,85 millones de euros que pagará hacienda para adquisición de combustible líquido para uso de los ejércitos durante 2022-2023, o los 569,85 destinados con cargo al fondo de contingencia para operaciones militares en el exterior, o los 19 millones aprobados para urbanizaciones militares en San Javier, o los 97,42 con cargo al Fondo de Resiliencia que gestiona el Ministerio de Transición Ecológica para para la mejora de la administración militar; o los 46,86 que también saldrán de las arcas de Hacienda para reparación de motores de vehículos militares, o los 44 millones también de Hacienda para competencias digitales; o los 846 millones autorizados por Real Decreto 7/2015 para pago de programas especiales de defensa, o los 3.500 autorizados para el período 2022-2028 para nuevos programas de armas, o los 8 millones comprometidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para dotar de cuatro nuevos patrulleros a ceder a la Armada y el compromiso de reparar los cuatro que actualmente le tiene cedidos, o los otros 291 millones más acordados en mayo para operaciones militares en el exterior y los 17,7 para guerra electrónica, o los 160 millones comprometidos con IVECO para la adquisición de camiones militares de 2022 a 2035, 25 millones este mismo año.

Todo ello muestra una apuesta inequívoca que se compadece mal con las protestas de destacados miembros de Unidas Podemos, algunos con cargos oficiales, en contra del gasto militar que aprueban (o dejan aprobar) con la otra mano.

Sorprende también la estrategia ejercida en las últimas fechas por el gobierno a través del SEPI de llegar al 25% del capital e INDRA con el objeto de reforzar su enfoque hacia la industria militar, una vieja aspiración de Defensa al menos desde tiempos de Morenés, o de postular para su presidencia al ex diputado del PSOE Juan Moscoso Del Prado, quien hará tándem en la defensa de los intereses militaristas del estado en dicha industria con el exministro Sebastián y el también exdiputado Antonio Cuevas, consejeros dominicales de la entidad.

Pero la política es la política y puestos a tragarse sapos, nuestros aguerridos y pacifistas apoyos gubernamentales han decidido hartarse de todos los que el militarismo le sirve día a día con patatas.

Total, tampoco tienen una idea alternativa que enfrentar en materia de defensa y seguridad fuera de las buenas intenciones y las palabras que valen para un roto y un descosido.

3. ¿PODEMOS ASPIRAR A OTRA DEFENSA?

Ante el fatalismo de quienes nos dicen que no podemos cambiar de política de defensa y las presiones de los halcones para que incluso se incremente el gasto militar, lo cierto es que sí cabe aspirar a otra política.

Una política basada en la promoción de la paz en la que los propios presupuestos jueguen como una herramienta para revertir el actual modelo de defensa que no nos defiende y que profundiza la brecha de seguridad humana que el mundo padece.
Para empezar, debemos definir de forma adecuada y ordenada las prioridades de defensa a las que aspiramos, sobre todo si partimos de la afirmación que efectúan las propias directivas de defensa de que España no tiene enemigos.

La pregunta qué queremos defender debe ser concretada más allá de las ideas vaporosas, metafísicas y patrióticas y en términos de seguridad humana, de sostenibilidad ambiental y de conquista y satisfacción de derechos y necesidades sociales, tanto en el plano interno, como en el contexto global.

La satisfacción de estas necesidades y derechos, y no la defensa de intereses de las grandes corporaciones y de geopolítica de enfrentamiento, debe orientar las prioridades presupuestarias también desde el punto de vista de las políticas de seguridad y defensa.

Desde este horizonte contemplamos la realidad de nuestro militarismo como un verdadero problema, y no como una solución a problema alguno, que atenta contra la propia idea de seguridad humana.

De ahí que desmilitarizar nuestra sociedad y desmantelar nuestras estructuras de defensa militar en plazos razonables deban ser objetivos explícitos de una apuesta pacifista.

Además, nuestro militarismo adolece de diferentes males que convierten, incluso desde un plano teórico favorable al mantenimiento de algún tipo de ejército, nuestra estructura militar en insostenible, inviable, insolidaria y peligrosa.

Atendiendo a estos grandes males de nuestro militarismo es posible abordar políticas que busquen una verdadera transformación de nuestro sistema de defensa, para pasar desde la idea de defensa militar, basada en el paradigma de dominación-violencia y en la preparación constante de la guerra, a la idea de seguridad humana, basada en el paradigma alternativo de cooperación-noviolencia y en la lucha contra la violencia rectora que se manifiesta como violencia directa, cultural y estructural y de promoción efectiva de la paz basada en la justicias social y climática.

Para ello, como venimos diciendo, el presupuesto puede servir como un instrumento de promoción de políticas alternativas, primero eliminando políticas militares y partidas concretas relacionadas con nuestros principales males del militarismo, y en segundo lugar haciendo uso de éstas para promover alternativas de seguridad humana con el ahorro conseguido y para gradualmente sustituir el modelo militar de defensa por un modelo de defensa de la seguridad humana.

Se iniciaría así un ciclo de desmilitarización-transarme más allá del mero desarme y que busca transformar y cristalizar una defensa alternativa.

Seis ejes pueden englobar las políticas desmilitarizadoras; y nos pueden servir para emprender los cambios de orientación del gasto militar; a saber:

1. Resistirse a la guerra

Asistimos a varios conflictos bélicos en la actualidad. Ciertamente no todos son mediáticos, pero todos ellos nos conciernen tanto éticamente como porque nuestro papel en la geopolítica es en cierta medida corresponsable de ellos y de su escalada/desescalada, ya sea por nuestra posición en la OTAN y en su política de desgaste de contendientes militares, ya por nuestro papel de potencia dispensadora de armamento a troche y moche o por los intereses que mantenemos.

Parar las guerras, o al menos hacer lo posible para ello, con políticas de paz es una responsabilidad que marca la diferencia entre una apuesta presupuestaria de los halcones y otra desde el pacifismo.

En cierto modo, el presupuesto, como hemos comentado, sirve para la preparación constante del ciclo de la guerra y consolida los ladrillos con los que esta se hace, de forma que, también, puede ser un instrumento para su desaprendizaje.

Los presupuestos pacifistas deberían promover y financiar acciones como:

1. El apoyo y fortalecimiento de movimientos y grupos que fomentan salida pacífica del conflicto, tanto aquí como en las zonas de conflicto.-#
2. El apoyo a desplazados, desertores y resistentes a las guerras y su reconocimiento como refugiados con todos los derechos.
3. El apoyo a la construcción de redes de intercambio, cuidados y solidaridad entre inmigrantes y refugiados de zonas de conflicto y sus connacionales, así como de sensibilización social aquí apoyándose en estos.
4. La desvinculación de la política de intervención y/o envío de armas, formación o logística militar.
5. La prohibición de envío/comercio de armas a países en conflicto.
6. El apoyo a iniciativas de desmilitarización y cambio de estructuras en favor de la paz en zonas en conflicto.
7. Una política de apoyo a la solución pacífica de los conflictos y de apoyo económico y material a la desmilitarización, reconstrucción y cambio de estructuras violentas.

2.-. Reorientar la política de defensa: ¿realmente queremos tener una política exterior que se implemente manu militari, siendo uno de los países más intervencionistas del mundo? ¿No sería mejor dedicar esfuerzos y recursos a una política que promocionase la paz y el desarrollo de los pueblos, que buscase conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible a escala global? ¿No nos daría frutos más positivos una política de cooperación verdadera? ¿no aportaría más beneficios para la paz acabar con la participación militar en el exterior y dejar de vender armas e incentivar otros tipos de intercambios con otros pueblos?

Un cambio de prioridades en las políticas de defensa debe implicar el cese de la política de injerencia militar en la que España se encuentra embarcada hoy en día y el uso alternativo de los más de 1.000 millones de euros anuales que se destinan a dicho fin.

También debería realizarse una exhaustiva auditoría de las intervenciones, pasadas y presentes en que España ha participado y que ha supuesto no menos de 18.000 millones de euros de gasto, así como una verdadera rendición de cuentas, tanto económicas como políticas, sobre dicha participación, incluyendo la revisión del despilfarro y desvío económico que pueda existir en esta.

Una reorientación de la política de defensa debe abordar también la absoluta reorientación del CNI y la supresión de su enfoque militar y de su personal enfocado a la seguridad militar, lo que supone reordenar los más de 330 millones de euros destinados a este organismo. Del mismo modo, debe abandonarse la estrategia basada en el mantenimiento de fronteras de seguridad avanzada y en el enfoque securitizador para abordar las que denominan amenazas híbridas, para abordarlas desde un punto de vista basado en la cooperación, la solidaridad y el respeto y promoción de los derechos humanos.

La reorientación de la política de defensa debe, a su vez, abandonar los incentivos y ayudas a la industria militar, más de 1.200 millones de euros anuales, e incentivar su reconversión, en la medida en que esto sea factible, hacia necesidades sociales prioritarias. Dado que el capital público en el sector es muy significativo, protagonizar una reorientación industrial parta atender necesidades estratégicas en beneficio de la seguridad humana no debería ser excesivamente dificultoso. De hecho, gran parte de la capacidad de Navantia, por ejemplo, ya ha iniciado una diversificación hacia la producción de generadores eólicos y otros medios enfocados a la generación de energía limpia.

Dentro de este capítulo, asimismo, debería transferirse la capacidad de investigación e innovación del INTA hacia instituciones civiles que reorienten su actividad.

En la misma línea, se debería auditar la deuda militar por adquisición de programas de armamentos, más de 40.000 millones de euros a fecha actual, y la deuda ilegítima generada con el beneplácito del lobby militar industrial y el concurso de las puertas giratorias.

Una reorientación política debe abandonar el papel proactivo en la venta de armas en el resto del planeta y penalizar este tipo de actividades.

En el mismo sentido, deberá emprenderse el desmantelamiento de los restantes organismos autónomos y de las infraestructuras que o bien no son necesarias para la defensa por haberse quedado obsoletas, o bien no son específicas del objetivo de defensa (museos y archivos, patrimonio histórico, centros recreativos y deportivos, escuelas y centros educativos, jurisdicción propia, etc.) y la transferencia de sus capacidades y responsabilidades al ámbito civil y a entes civiles encargados de similares actividades, evitando la duplicidad que comporta el mantener un estado paralelo de uso militar. El sólo desmantelamiento de los organismos autónomos militares y su transferencia a homólogos civiles implicaría movilizar 2.252,8 millones de euros.

La trasferencia de los espacios naturales que Defensa mantiene y utiliza para fines propios debe ser otro de los criterios de reorientación de la política de defensa.
Del mismo modo, iniciar procesos para el abandono de las alianzas de índole militar y el desmantelamiento de las bases militares.

3. Redimensionar la política de defensa:

¿Queremos realmente dedicar casi 40.000 millones de euros al militarismo? ¿No hay otras políticas -de vivienda, sanitarias, de educación, de ecología- más importantes y necesarias a las que atender? ¿No estamos manteniendo un ejército con una cantidad de personal y con unos gastos de armamento muy por encima de cualquier cálculo razonable? ¿De verdad necesitamos ser un país con un Ejército tan intervencionista? ¿Qué nos ha aportado esta política? ¿Se ha evaluado alguna vez con seriedad?

El redimensionamiento de la política de defensa debe abordar de forma inicial la corrección del gigantismo militar, buscando una dimensión de la estructura militar sustancialmente más reducida hasta la completa desaparición ordenada de las fuerzas armadas, objetivo final de una alternativa de defensa basada en la seguridad humana.
Los presupuestos deben garantizar el inicio de una verdadera política de reconversión que afecte al contingente militar y a la existencia de la guardia civil, mediante sucesivos recortes de personal.

Dado el peso específico de los gatos de personal en el presupuesto de defensa y en el gasto militar, los ahorros producidos en estos recortes de personal pueden ser utilizados para financiar una reconversión que no deje desprotegidos a los efectivos suprimidos, potenciando su inserción en la sociedad civil.

La política de redimensionamiento deberá abordar de forma urgente la supresión de la partida de más de 772 millones de euros para mantener en la reserva a los oficiales.
Asimismo, debe propiciar la gradual reducción de unidades y la reconversión y transferencia de sus infraestructuras a fines civiles.

En este contexto debe producirse un proceso de desmilitarización y descontaminación de los espacios destinados a fines militares que dejen de utilizarse para tales fines, así como de desmantelamiento de los sistemas de armas desamortizados y de tratamiento de sus residuos.

La desamortización de terrenos militares debe realizarse de forma ordenada y rentable para las necesidades sociales. Teniendo en cuenta que Defensa es el segundo terrateniente del estado, la reversión de sus bienes a usos civiles o a organismos civiles para su administración y gestión deben ser otro elemento de la política de defensa.

4. Reestructurar el Ministerio de Defensa y la estructura militar:

¿Necesitamos una estructura departamental como la del ministerio de Defensa?¿se precisa el CNI como servicio de espionaje militar?¿Es necesario contar con estructuras como la de ciberdefensa, cuarteles generales de la defensa, JEMAD, el Consejo de Defensa Nacional, la justicia militar y cuerpos jurídicos militares, una intervención general separada y no supeditada de la civil, etc.? ¿Deben mantenerse las Academias militares y los Centros Universitarios de la Defensa? ¿Las agregadurías militares en el exterior? ¿La capellanía castrense? ¿No debe emprenderse un cambio de modelo ministerial para transformar el ministerio de defensa desde su concepción militar a un departamento encargado de promover una política activa de paz, un proceso inherente de desmilitarización social y el tránsito hacia un modelo de seguridad humana alternativo al de defensa militar? ¿No debe auditarse el gasto militar oculto en otros ministerios y proceder a su supresión y trasvase de las partidas liberadas a fines socialmente útiles?

El presupuesto puede garantizar una verdadera reestructuración de los diversos departamentos, la construcción de nuevas estructuras que garanticen el proceso de cambio de modelo y que promueva las políticas de reconversión y desmilitarización inherentes a estos.

5. Reiniciar

Hacia una política de Desmilitarización social/ transarme que acompañase y potenciase las anteriores políticas hacia fines más pacíficos, defensivos y que utilizase medios noviolentos.

La propuesta desde el pacifismo noviolento no es solo quitar cuerpos militares o reducir gastos en armamento. Tampoco se conforma con una paz jurídica de tratados, siempre frágiles e inestables, o de desarme, bajo la aspiración de una paz negativa, mera ausencia de guerras o ilusoria ausencia de conflictos.

El grave problema de la paz es el de la violencia rectora que articula, potencia, coordina y estructura las múltiples violencias directas, estructurales y culturales de nuestro complejo mundo y que nos enseña a responder, personal y colectivamente a los conflictos de toda índole que provocan, desde las prácticas aprendidas de violencia y dominación.

Los estados responden a la conflictividad que provoca nuestro propio modelo de interrelación atravesado por la violencia rectora desde la pretensión de una seguridad ilusoria, pues lo cierto es que a medida que hemos reforzado los mecanismos de represión y violencia para garantizar esa supuesta seguridad ante la creciente entropía de nuestro mundo, éste se ha vuelto cada vez más inseguro y afligido.

Tanto en el plano de nuestras propias sociedades como en el internacional, se ha venido fraguando una creciente militarización y obsesión securitizadora, así como una ideología militarista que, lejos de contribuir a la solución de nuestros problemas, se torna un dogal con el que se ahondan y multiplican.

Por eso la lucha por la paz tiene que ser, sobre todo, la lucha contra la violencia rectora y sus expresiones en todos los ámbitos, lo que significa incondicional lucha contra las desigualdades y justificaciones de la imposición de la fuerza, la lucha contra los valores machistas, identitarios, violentos y autoritarios que se predican como un orden natural al que regresar y niegan como verdaderos enemigos a quienes quieren y aspiran a un mundo distinto, la lucha contra la depredación y falta de respeto a la vida y a su interdependencia y cooperación, la lucha contra la explotación y contra la coacción internacional como medio de garantizar nuestra «seguridad» a expensas la inseguridad de otros pueblos y de la degradación del planeta.

En el plano de la seguridad, el enfoque militarista es evidente, peligrosamente evidente.

Por eso la política de paz debe aspirar a la desmilitarización y al desaprendizaje de los valores y prácticas militaristas, lo que implica dos dinámicas sincrónicas y combinadas enfocadas a quitar poder al militarismo en todos sus planos y escenarios, junto al empoderamiento simultáneo en prácticas, valores, modos de articulación social, luchas sociales y aspiraciones y deseos alternativos, basados en la idea rectora de cooperación/noviolencia.

Por eso la estrategia pacifista no pasa ya por la aspiración a la paz jurídica, ni al mantenimiento de un statu quo de calma, ni a la promoción del desarme como argumentario.

Hoy es la desmilitarización social, más allá del desarme, y la promoción de una verdadera política de paz que afecte a lo estructural y cultural, a nuestras propias prácticas y valores, la estrategia de lucha pacifista.

La política de desmilitarización, además de quitar poder a lo militar, debe empoderar otros procesos, entre los que cabe reseñar:

• a) Establecer mecanismos para el ejercicio de la objeción fiscal al gasto militar y para la participación social en la definición de los objetivo y prioridades presupuestarias.
• b) Incentivando la educación y la cultura de paz, tanto en la enseñanza reglada como de forma transversal
• c) Promoviendo mecanismos alternativos de resolución de conflictos, incluida la resolución judicial de conflictos y la mediación en el ámbito civil, laboral y penal.
• d) Apoyando la participación de los sectores sociales relegados hasta la fecha y de la sociedad en la definición de las grandes preguntas y líneas definitorias de las necesidades humanas que deben ser cubiertas en una definición de políticas de seguridad humana (qué hay que defender, qué prioridades se establecen, cómo hay que defender, quién debe hacerlo).
• e) Estudiando y analizando los elementos de violencia estructural que dificultan la promoción de una cultura de paz y actuando de forma decisiva sobre ellos.
• f) Facilitando la participación social, la autoorganización popular, la democracia directa y la lucha social como medios para promover la defensa social alternativa de base noviolenta.
• g) Impulsando campañas destinadas a la concienciación y la desmilitarización social y cultural.
• h) Completando una revisión constante de los procesos de desmilitarización emprendidos para adecuar las directivas siguientes a fin de conseguir alcanzar el fin de superar el modelo militar de Defensa.

Para iniciar estas políticas, se podrían usar aquellos fondos liberados del redimensionamiento y la reestructuración de la política de defensa; así como aquellos liberados de la renuncia a PEAS agresivos y los que provengan de las políticas de lucha contra el despilfarro.

6. Resetear.

El proceso de desmilitarización, sostenido en el tiempo, busca participar en la lucha global protagonizada por diversidad de movimientos alternativos por resistirnos/ desaprender el modelo vigente y por construir unas relaciones humanas y con el medio alternativas al actual modelo, basado en la violencia y la dominación.

Un proceso sostenido de desmilitarización pretende alcanzar el momento de resetear la defensa y la propia idea de seguridad, de abolir los ejércitos y los aparatos de coacción e imposición, y de romper con la lógica de la violencia rectora y de la violencia estructural, cultural y directa que alimenta nuestro orden global.

No se busca un mero reformismo maquillador de los perfiles más groseros del militarismo, sino la propia superación de su lógica y la abolición de sus instrumentos.
Hacer una política por la paz es hacer una política contra la preparación de la guerra y en favor del cambio global hacia la cooperación-noviolencia como paradigma