El gobierno PSOE-UP presume de garantista mientras legisla para criminalizar gravemente la protesta ciudadana

Vicent Teulera
Tortuga

Estos días se habla mucho del pulso entre el poder judicial y ciertos partidos. De cómo políticos, jueces y otras hierbas andan enzarzados en una pugna por tener controladas las instituciones del estado en pro de sus particulares intereses, que ellos sabrán cuáles son aunque no es muy difícil adivinarlo (1).

En dicha pugna se está tramitando una ley, de esas que llaman «Frankestein» (u «omnibus»), porque acumula una serie de cuestiones que los gobernantes desean aprobar a toda velocidad pero que no tienen ninguna conexión unas con otras. En dicha mezcla de churras con merinas se mete la renovación exprés de los altos órganos judiciales, junto con la reforma de la sedición, la malversación y otros asuntos recogidos en el código penal. Es ésto último lo que aquí nos interesa.

Los dos partidos «progresistas» que, en su día, anunciaban a bombo y platillo su inequívoca intención de derogar cuanto antes la tristemente conocida como ley mordaza, después de incumplir clamorosamente su promesa (de la cual prácticamente no se ha vuelto a saber), ahora recocinan el código penal para generar más espacios legales a la represión de cualquier tipo de protesta pacífica.

Veamos. El artículo 557 del código penal vigente dice lo siguiente:
«Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de VIOLENCIA sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión.»
Hay un artículo 557 bis, que endurece las condenas hasta seis años de prisión cuando concurren ciertos agravantes.

Pues bien, en la propuesta de reforma de este artículo presentada en el marco de la ley en trámite por los partidos en el gobierno hasta hace unos días se leía lo siguiente:
«Se modifica el artículo 557 bis, que queda redactado como sigue:
‘Los que, sin hacer uso de violencia o intimidación y sin estar comprendidos en el artículo anterior, actuando en grupo invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código‘».

Es decir, que ya no es una cuestión de acción violenta (la nueva redacción así lo explicita), sino de «perturbar la paz pública» o la «actividad normal» de un «despacho, oficina, establecimiento o local». Nótese sin necesidad de perspicacia ninguna que este nuevo tipo penal castiga con cárcel o multazo cualquier molestia, del tipo que sea, que alguien cause en cualquier lugar «público». Nunca jamás había estado tan perseguida, ya no la desobediencia civil, sino la simple protesta ciudadana.

Menos mal que en la coalición está Unidas Podemos. Hace como una semana Jaume Asens, de la franquicia catalana de la formación, anunciaba pomposamente en rueda de prensa negociaciones entre UP y PSOE en relación a este artículo «para no criminalizar la protesta pacífica».

Y después nada. Volvemos a la tormenta informativa del pulso entre el gobierno y los jueces; que si se paraliza la votación, que si se impugnan los magistrados, que si… Pero de este asunto nada. Buscamos información para ver cómo quedó finalmente el artículo 557 bis de marras que finalmente aprobó el congreso y que está a la espera de la validación del senado si algún día los jueces peperos del constitucional atrincherados en sus poltronas lo permiten, y leemos que quedó así:
«Se modifica el artículo 557 bis, que queda redactado como sigue:
‘Los que, actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código.’”

Es decir, ya no se dice lo de «sin hacer uso de violencia o intimidación». Pero tampoco se dice lo contrario; que se necesita la violencia para que se dé el caso penal. Y, dado que se mantiene el resto de la redacción, incluyendo lo de la perturbación del orden o del normal funcionamiento de la oficina, en resumidas cuentas, el artículo deja exactamente igual de expedita la vía para que fiscales y jueces castiguen con penas de cárcel o elevadas sanciones económicas a cualquier activista antimilitarista, ecologista, antidesahucios o lo que sea que organice una acción pacífica de protesta delante de cualquier instancia administrativa o privada.

Muchas gracias Unidas Podemos, por vuestro compromiso con la lucha social. Muchas gracias PSOE, por vuestra comprensión. Menos mal que nos quedan jueces honestos y comprometidos con la democracia en el constitucional para frenar semejante tropelía.
Obviamente, esto último es coña, que siempre hay alguno que lo lee literalmente.

Nota

1-Véase cómo, por poner uno de tantos ejemplos, todo es acuerdo entre PP y PSOE a la hora de salvar a Marruecos de ser investigado por corromper supuestamente a diputados del parlamento de la UE.

Vicent Teulera en Tortuga